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14
Nov
2011
Los afectados de Iniciares ya tienen sus casas PDF Imprimir E-mail
Lente de Aumento - A Fondo
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Hace un mes terminaba una odisea que ha durado cuatro años

Por fin, hace un mes, los afectados de Iniciares cerraban el que probablemente haya sido el capítulo más duro de sus vidas, una aventura que ha durado cuatro años y que terminaba con lo que habían soñado durante todo ese tiempo: la firma de las escrituras que les hace dueños de los pisos ubicados en la calle Juan Bautista Monegro de Soto del Henares.

Y es que, con toda la ilusión del mundo, estos 21 jóvenes eran los adjudicatarios, el 30 de agosto de 2008, de algunas de las 525 viviendas de protección oficial del Plan Municipal de Vivienda 2003-2007, un Plan harto polémico, pues la redacción de sus pliegos de condiciones, que obligaba a comprar a los propietarios una segunda plaza de aparcamiento a precio de mercado, ya marcó la actualidad política de la localidad durante cerca de un año.

Pero en 2008, por fin se celebró el sorteo, y los adjudicatarios empezaron a soñar con sus nuevas viviendas, unas viviendas que debía construir la promotora Iniciares, del grupo Rosa Luxemburgo, y muy vinculada a las cooperativas de vivienda tan de moda en las ciudades dormitorio de los años 80 y 90.

Iniciares que, en virtud del pliego de condiciones de la adjudicación, compró directamente la parcela al Ayuntamiento, empezó a tener problemas de liquidez desde el mismo momento de la adjudicación. Según explicaban en 2009 los adjudicatarios de la promoción, “nos obligaron a dar el dinero, unos 24.000 euros, antes de firmar ningún documento con la promotora”.

Y es que la propia forma de adjudicación se encuentra en el origen del primer gran problema de los afectados. Al verse obligados a entregar el dinero por adelantado al Ayuntamiento para comprar la parcela, los promotores tuvieron que comenzar el proyecto con pérdidas: el dinero de los futuros propietarios sirvió para pagar al Ayuntamiento, sin tener ni idea de cómo pagar a los proveedores.

El plan inicial de la empresa pasaba por la venta de la segunda plaza de garaje, pero la revocación de los pliegos obligaba a barajar otras alternativas. Para ello intentaron conseguir avales bancarios, pero se los denegaron una y otra vez, por lo que Dragados, empresa subcontratada para hacer el edificio, se negó a iniciar las obras hasta tener, al menos, aval por un 30% de su precio.

Para salir del serio atolladero en que se encontraban, Iniciares llegó a un acuerdo con Caixa Cataluña y Móstoles Industrial, la gestora de El Corte Inglés, para conseguir el aval bancario que permitiese el inicio de las obras, un aval que se conseguía en los últimos días de julio de 2009, después de que los afectados hicieran pública su situación a través de manifestaciones ante el Ayuntamiento y en el Pleno, que había aprobado, en febrero de ese mismo año, una moción a instancia del Partido Popular, para que la empresa iniciase ya las obras.

Con todos los avales, las obras comenzaban en septiembre de 2009, y tenían un plazo de ejecución de 24 meses, plazo que, por cierto, fue bastante menor, ya que, en enero de 2011, los propietarios veían, por fin, completada la obra. Con mucha ilusión, por fin se preparaban para escriturar sus nuevas viviendas, pero tres días antes de la fecha fijada otro jarro de agua fría les caía encima: las viviendas estaban embargadas por el impago de Iniciares a Móstoles Industrial.

Y es que, durante ese año y medio, Iniciares entró en concurso de acreedores, después de reconvertirse en una nueva empresa llamada Namnasa, que también sucumbió víctima de la crisis. Como consecuencia, no pudo hacer frente a los pagos a su avalista, y éste, para presionar, embargó las viviendas de protección oficial, con la convicción de que, si había un Ayuntamiento de por medio, y 21 familias que podían quedarse sin casa, tenían más posibilidades de cobrar.

Y precisamente esta presión la usaron, de nuevo, los adjudicatarios, que fueron a Pleno para volver a contar su nueva situación, y que, en carnavales aprovecharon para disfrazarse de viviendas embargadas. Incluso algún medio nacional intentó sacar el tema en plena campaña electoral de las elecciones municipales.

Viendo que la situación se le escapaba de las manos, el entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Torrejón, Ignacio Vázquez, decidía tomar cartas en el asunto de forma directa. Tras reunirse, varias veces, con Móstoles Industrial, llegaron a un curioso acuerdo: el Ayuntamiento compraría la plaza de garaje de las viviendas a cambio de que se levantase el embargo, pero, para evitar cometer ilegalidad, el acto de compra debía producirse después del levantamiento del embargo, pues una institución pública no puede pagar un inmueble con cargas, por lo que se decidió hacerlo todo en el mismo acto jurídico, decisión que provocaba el desbloqueo de la situación.

Así, y gracias a la buena voluntad de todas las partes por solucionar el conflicto, hace un mes los adjudicatarios por fin firmaban sus escrituras despertando de una pesadilla que ha durado cuatro largos años.

 

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