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12
Mar
2026
Investigan a la nueva alcaldesa de El Boalo por presunta prevaricación PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Noreste
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Foto cedida por Ayuntamiento de El BoaloSoledad Ávila conseguía el bastón de mando en noviembre tras ganar una moción de censura

El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo investiga a la alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Soledad Ávila, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con adjudicaciones de contratos a familiares.

La investigación judicial se inició tras una denuncia presentada por el portavoz del Partido Popular en el municipio, Sergio Yunquera, que alertó de posibles irregularidades en contrataciones municipales. Según la denuncia, se habrían realizado adjudicaciones sin procedimiento de contratación ni fiscalización previa, lo que podría constituir delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El foco de la causa está en la concesión de contratos menores a varios familiares directos de la regidora, entre ellos tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos, por un importe que superaría los 135.000 euros durante su etapa como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde entre 2015 y 2023.

La Fiscalía aprecia indicios de que los hechos investigados podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa, por lo que continúa la instrucción para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de estos contratos públicos. La causa se encuentra en fase de diligencias previas y el juzgado deberá decidir en los próximos meses si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento judicial o archivar la investigación.

La investigación se produce además en un contexto político especialmente convulso en el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. En noviembre de 2025 prosperó una moción de censura impulsada por el PSOE con el apoyo de un concejal que había abandonado VOX y BCM en Común, lo que provocó un cambio en la mayoría del consistorio. Hasta entonces, el alcalde era Sergio Yunquera (PP), quien es precisamente el denunciante de los hechos que ahora investiga la justicia. La operación generó una fuerte polémica política y derivó en la expulsión de los concejales socialistas del partido, al considerar la dirección del PSOE que se había vulnerado el Pacto Antitransfuguismo. Desde entonces, el clima político en el municipio se ha mantenido especialmente tenso.

 

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