CCOO denuncia el desprendimiento de un techo en una Escuela Infantil de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en Madrid y Cádiz en una operación contra una organización criminal especializada en estafas bancarias mediante mensajes SMS, que habría conseguido defraudar más de 1,14 millones de euros a 130 víctimas a las que engañaba haciéndose pasar por los servicios de seguridad de sus entidades bancarias. La investigación ha permitido realizar dos registros y esclarecer 134 hechos delictivos, y otras 13 personas han sido investigadas en el marco de una operación que continúa abierta y en la que no se descartan nuevas detenciones.

El entramado utilizaba una aplicación de mensajería privada para enviar SMS de forma masiva a clientes de diferentes entidades bancarias, con especial atención a personas mayores de 65 años: en los mensajes alertaban de una supuesta operación fraudulenta en las cuentas de las víctimas y les facilitaban un número de teléfono o una página web para resolver la incidencia, aparentando proceder de los propios bancos, y una vez establecido el contacto conseguían engañar a las víctimas para acceder a su dinero y realizar transferencias, llegando incluso a conocer los límites de las cuentas de sus objetivos para planificar los movimientos. En algunos casos las cantidades sustraídas superaron los 45.000 euros a una sola persona, y la investigación también ha detectado situaciones especialmente graves, con mensajes intimidatorios y amenazas a algunas víctimas que descubrían el engaño, utilizando información personal e incluso datos de sus domicilios para amedrentarlos, lo que provocaba que algunas personas renunciaran a presentar denuncia. A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales, y la operación ha permitido analizar 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería utilizada por la organización.

La Federación de Educación y Servicios Socioeducativos de CCOO de Madrid ha denunciado un grave incidente de seguridad ocurrido en la Escuela Infantil Sol Solito, centro de titularidad de la Comunidad de Madrid gestionado por la empresa Gestión Escuelas Infantiles S.L., después de que el desprendimiento de parte del falso techo y las filtraciones de agua sobre un cuadro eléctrico de un aula requirieran la intervención de los servicios de emergencia. Según la información trasladada al sindicato por las delegadas de personal, la empresa gestora restó importancia a lo sucedido y les indicó que no avisaran a emergencias ni desalojaran preventivamente la zona afectada, ante lo que la asesoría de CCOO indicó a la representación de la plantilla que contactara de inmediato con el 112.

Tras acudir al centro junto con la Policía Municipal, los Bomberos acordonaron la zona afectada por el riesgo de nuevos desprendimientos e indicaron que no se retomará la actividad en ese espacio hasta su completa reparación. CCOO recuerda que la escuela ya sufrió problemas similares en enero de este año, y denuncia que la gestión indirecta no puede servir para diluir responsabilidades entre la empresa adjudicataria y la Comunidad de Madrid: "La seguridad de los niños y niñas de 0 a 3 años y de las trabajadoras y trabajadores debe ser una prioridad absoluta". El sindicato exige a la Consejería de Educación la reparación urgente de los daños, una inspección técnica integral del edificio, la comprobación de las condiciones de seguridad antes de reabrir la zona afectada y que se investigue la actuación de la empresa gestora y se depuren responsabilidades.

El Ayuntamiento de Alcorcón ha abierto una nueva vía de mediación, junto a asociaciones de lucha contra la explotación sexual de las mujeres, para atajar la actividad de un presunto "burdel clandestino" situado en un edificio de la calle Espada, en pleno centro de la ciudad, tras las denuncias vecinales. La alcaldesa, Candelaria Testa, ha explicado que, además de mantener la vigilancia policial y de tener abierto un expediente por una posible actividad económica ilegal, se ha iniciado "una tercera vía de acción con asociaciones que luchan contra la explotación sexual de las mujeres", asociaciones que "hacen mediación" además con estas mujeres, normalmente de la misma nacionalidad que las víctimas que están siendo explotadas sexualmente, en este caso de origen asiático.

Se trata del número 7 de la calle Espada, donde varios vecinos han denunciado que llevan ya más de cinco años soportando la actividad ilegal de este local situado en uno de los bajos del edificio, pese a que ya han denunciado la situación en "hasta ocho ocasiones a las autoridades policiales". El tránsito de clientes de este supuesto burdel por el portal y por las zonas comunes ha provocado ya algunos enfrentamientos, despertando una importante preocupación en los vecinos de este edificio, que alberga actualmente a 17 familias, con unos 30 adultos y diez menores, muchas de ellas personas mayores que viven solas, y tras una breve interrupción durante el verano la actividad clandestina ha reaparecido pese a las denuncias ante la policía, que en muchas ocasiones se ve impotente a la hora de actuar en este tipo de situaciones al carecer de orden judicial. Los vecinos sostienen que el establecimiento se presenta como un centro de masajes, aunque el presidente de la comunidad denunció que había múltiples páginas web que demuestran que el negocio se anunciaba como un burdel, y la situación también ha sido puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Alcorcón, que ha iniciado un expediente por una posible actividad económica ilegal aunque la investigación está en manos de la Policía Nacional.

La Policía Nacional llevó a cabo la pasada noche de Halloween, el 31 de octubre, un operativo específico en locales de ocio nocturno y clubes de alterne de la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde fueron identificadas hasta 147 personas. El dispositivo se llevó a cabo de forma simultánea en tres establecimientos donde, además de los identificados, hubo tres detenidos como presuntos autores de un delito de infracción de la Ley de Extranjería, contra la salud pública y por reclamación judicial.

Se levantaron además cuatro actas por infracciones graves con motivo de estancia irregular, ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes, dos actas por tenencia de armas y nueve sanciones laborales por falta de alta en la Seguridad Social, y los agentes también impusieron sanciones laborales por un total de 46.500 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación respecto a un caso de presunta agresión sexual a una mujer de unos 36 años en el parque Emperatriz María de Austria, situado en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando, sobre las 10:00 horas, un viandante encontró a una mujer en un banco del citado parque que manifestaba haber sido víctima de una agresión sexual, según informan fuentes policiales.

Hasta el lugar también se trasladó un indicativo sanitario de Samur-Protección Civil, que trasladó a la víctima al hospital para ser atendida, y la Policía investiga ahora el caso y busca al autor de esta presunta agresión sexual. Los hechos tuvieron lugar en una zona en la que en los últimos meses se han recibido quejas de vecinos por situaciones de inseguridad y en la que pasan la noche personas sin hogar.

Unas 250 mujeres aspirantes a ingresar en la Policía Nacional han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el sistema de calificación de las pruebas de acceso al cuerpo al considerar que establece un doble filtro físico que discrimina a las opositoras y limita sus posibilidades de obtener una plaza. El recurso, dirigido contra el Ministerio del Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska, lo ha interpuesto el despacho de abogados Suárez-Valdés en representación de las opositoras y se tramita ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM.

Las recurrentes sostienen que la Administración aplica una operativa que primero diferencia las pruebas físicas de hombres y mujeres, con ejercicios y baremos distintos para favorecer la incorporación femenina, pero posteriormente vuelve a comparar sus resultados mediante un sumatorio conjunto de las calificaciones de la oposición, lo que a su juicio supone "una discriminación indirecta por razón de sexo" y vulnera "el principio constitucional de igualdad y las políticas de acción positiva para incrementar la presencia femenina en el cuerpo". Como respaldo, la demanda incorpora datos estadísticos de anteriores procesos selectivos: de los 429 aspirantes declarados no aptos tras la aplicación del sumatorio final, 235 eran mujeres (el 54,78%) frente a 194 hombres (el 45,22%), y el 24,66% de las mujeres que habían superado la prueba psicotécnica fueron posteriormente excluidas en la calificación conjunta frente al 9,31% de los hombres, un porcentaje un 264,88% superior. Las opositoras solicitan la nulidad o anulación de la resolución impugnada y que se retrotraiga el proceso selectivo para recalcular la nota de corte de la prueba psicotécnica, modificar la relación de aspirantes aptos y reasignar las plazas de policías alumnos.