La Audiencia Nacional condena a los integrantes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel

Una banda internacional de narcotráfico que operaba en San Fernando de Henares ha sido condenada a penas de entre 9 y 13 años de prisión por introducir grandes cantidades de cocaína en España desde Sudamérica, utilizando empresas con domicilio social en el municipio para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. La sentencia, que abarca el periodo entre 2019 y 2022, considera probado que la organización utilizaba sociedades mercantiles dedicadas aparentemente a la importación de fruta, principalmente plátanos, para ocultar la droga en contenedores que llegaban por vía marítima a puertos españoles. El entramado empresarial, con domicilio en San Fernando de Henares, figuraba como importador o receptor de los contenedores, y algunos de los integrantes ejercían funciones de administración y gestión de estas mercantiles.

La investigación judicial documentó tres grandes envíos de cocaína intervenidos por las autoridades. El primero, en abril de 2020 en el puerto de Santurce (Bilbao), permitió incautar 1.194 kilos de cocaína con un valor superior a los 42,9 millones de euros. El segundo, en septiembre de 2021 en Algeciras, supuso la intervención de 979 kilos valorados en más de 35,2 millones de euros. El tercero, en noviembre de 2022 también en Algeciras, permitió decomisar 80 kilos de cocaína valorados en 2,8 millones de euros. En total, las tres operaciones sumaron 1.689,9 kilos de cocaína pura, con un valor estimado en el mercado ilícito de 81,1 millones de euros.

La resolución judicial condena a cuatro integrantes de la organización por un delito contra la salud pública cometido en el seno de una organización y con extrema gravedad. El principal condenado ha recibido una pena de 13 años de prisión, una multa de 243 millones de euros e inhabilitación absoluta. Otros dos integrantes han sido condenados a 11 años de prisión cada uno, también con inhabilitación absoluta y multas de más de 243 millones de euros por persona. La cuarta condenada ha recibido una pena de 9 años de prisión y dos multas de más de 81 millones de euros cada una. La investigación, que culminó con registros en noviembre de 2023, desarticuló una estructura con conexiones internacionales y distintos niveles de responsabilidad que operaba desde San Fernando de Henares.