Mónica García dice que no puede asegurar que se haya retrasado ninguna operación en el Hospital, pero anuncia una investigación

Durante la sesión en la Asamblea de Madrid, se generó un intenso debate sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, que está bajo la concesión del Grupo Ribera Salud. Este debate fue impulsado por la difusión de un audio en el que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, discutía estrategias para mejorar la eficiencia económica del hospital, lo que ha generado preocupación entre los partidos de izquierda y ha llevado a la exigencia de una investigación.

El partido Más Madrid ha solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer la situación actual del hospital y la gestión del Grupo Ribera Salud. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha argumentado que el modelo sanitario implementado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, está orientado hacia el lucro en lugar de la atención sanitaria, lo que resulta en listas de espera y un trato deficiente a los pacientes.

Bergerot ha enfatizado que la salud no debería estar ligada a beneficios económicos, y ha pedido la reversión del proceso de privatización, sugiriendo que todos los hospitales de Madrid deberían ser gestionados públicamente para garantizar una atención equitativa.

El portavoz de Sanidad del PSOE-M, Carlos Moreno Vinués, ha expresado su indignación ante el hecho de que un CEO de una empresa privada tenga influencia sobre la atención sanitaria de los ciudadanos. Ha criticado la priorización de criterios económicos sobre las necesidades de los pacientes y ha instado a revertir la concesión del Hospital de Torrejón, integrándolo en el sistema de gestión pública directa.

Moreno Vinués ha señalado que la gestión privada ha llevado a que los tiempos de atención y los tratamientos ofrecidos dependan de criterios económicos, lo que crea desigualdades en la atención sanitaria.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha exigido que el Gobierno regional fiscalice todos los contratos relacionados con la sanidad que afecten a los ciudadanos. Ha criticado el modelo de gestión sanitaria implementado por el Partido Popular, argumentando que ha resultado en un aumento del 64% en las listas de espera desde que Ayuso asumió la presidencia en 2019.

Pérez Moñino ha subrayado que todos los ciudadanos deben recibir atención sanitaria adecuada, independientemente de su situación económica o lugar de residencia, contrastando el modelo actual con el preferido en lugares como Miami.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido la actuación del Gobierno regional, asegurando que se ha solicitado una reunión con los líderes de Ribera Salud y que un equipo multidisciplinario ha verificado que el servicio se está prestando adecuadamente. Afirmó que no se han encontrado incumplimientos en el contrato.

Díaz-Pache ha enfatizado la importancia de investigar los hechos antes de tomar decisiones sobre la reversión de la concesión, reiterando que no se han detectado irregularidades hasta el momento.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificó de "gravísimos" los contenidos de los audios, denunciando que existe una tendencia en la Comunidad de Madrid donde algunos actores están deteriorando los servicios públicos con el fin de obtener mayores beneficios en el sector privado. Esta situación, según Martín, no es nueva, sino que forma parte de un patrón que se ha perpetu a lo largo de varias décadas.

El delegado del Gobierno no escatimó en críticas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Martín le reprochó la falta de "decisiones" y "explicaciones" ante lo que él considera un problema sistémico que favorece a empresas privadas en detrimento de la salud pública. Afirmó que es "absolutamente imperdonable" que se amplíen las listas de espera en la sanidad pública para maximizar los beneficios de las empresas concesionarias.

Martín fue más allá al señalar que estas adjudicaciones de servicios públicos, en muchas ocasiones, se traducen en "importantes aportaciones económicas" al entorno de los dirigentes del Partido Popular, incluyendo a la propia presidenta regional. Esta afirmación sugiere una posible corrupción o conflicto de intereses dentro del sistema de adjudicación de contratos en la sanidad pública.

Francisco Martín hizo un llamado urgente para que se implementen medidas inmediatas que aporten "claridad" y "explicaciones" sobre la situación en el Hospital de Torrejón. Subrayó que la ciudadanía de Madrid no merece ser víctima de un "espolio" que afecta su salud y sus servicios públicos, todo en beneficio de unos pocos que buscan enriquecerse.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no descartó la posibilidad de emprender "ninguna acción" judicial o gubernamental en respuesta a las revelaciones sobre Ribera Salud. En una entrevista con Televisión Española, enfatizó la importancia de estudiar el caso para garantizar los derechos de los ciudadanos en el acceso a la sanidad.

El ministro se refirió a un audio en el que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud, discutía prácticas de rechazo de pacientes por motivos económicos. López calificó esta grabación como "muy importante" y la utilizó para criticar la gestión de la sanidad en Madrid, sugiriendo que las decisiones sobre la sanidad deben ser tomadas en las elecciones y no deben ser ignoradas posteriormente.

Óscar López realizó un análisis histórico de la gestión sanitaria en Madrid, señalando que aunque los conciertos sanitarios comenzaron bajo el PSOE, fue el PP quien los expandió. Criticó lo que considera una privatización del servicio de salud, argumentando que esta tendencia ha llevado a una situación insostenible.

El ministro denunció que la gestión actual ha resultado en un millón de personas en lista de espera en Madrid, lo que atribuyó a un modelo de sanidad que prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de los pacientes. López argumentó que esta situación no es accidental, sino el resultado de una concepción de la sanidad pública como un negocio.

López criticó la administración de la Comunidad de Madrid por alinearse con los intereses de grupos privados, específicamente señalando la relación con el Grupo Quirón. Afirmó que estos "emprendedores" no están arriesgando su propio dinero, sino que utilizan fondos públicos para sus negocios, lo que pone en riesgo la salud de la población.

En respuesta a las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la calidad de la sanidad madrileña, López reconoció que Madrid cuenta con "los mejores hospitales y los mejores profesionales". Sin embargo, instó a que los recursos se destinen a fortalecer la sanidad pública en lugar de a conciertos privados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitando de manera urgente la apertura de una investigación exhaustiva relacionada con el Hospital Universitario de Torrejón y otros centros públicos de gestión privada en la región.

Mónica García destaca en su carta la necesidad de esclarecer la situación en el Hospital Universitario de Torrejón, donde se han señalado prácticas que podrían comprometer la atención sanitaria. La ministra hace énfasis en la gravedad de los hechos, que de confirmarse, representarían una violación los principios fundamentales del Sistema Nacional de Salud y un ataque directo a los derechos de los pacientes en la Comunidad de Madrid.

La ministra solicita que se investigue si la actividad asistencial del hospital se ha visto afectada, incluyendo aspectos como:

La derivación de pacientes.

Los tiempos de respuesta quirúrgica.

El cumplimiento de los compromisos contractuales de Ribera Salud con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En caso de que se confirmen las irregularidades, García insta a la Comunidad de Madrid a extinguir la concesión del Hospital Universitario de Torrejón al grupo Ribera. La ministra subraya que la ciudadanía tiene derecho a conocer si un hospital público ha sido utilizado para maximizar beneficios privados en detrimento de la salud pública.

García también hace un llamado a Ayuso para que verifique si las prácticas denunciadas son aisladas o si forman parte de un patrón más amplio que afecta a otros centros públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Esta petición es especialmente relevante dado que otros hospitales gestionados por diferentes operadores, como el grupo Quirón Salud, han estado involucrados en controversias relacionadas con su modelo de funcionamiento.

En la Comunidad de Madrid, el grupo Ribera gestiona el Hospital Universitario de Torrejón, mientras que Quirónsalud está a cargo de varios hospitales, incluyendo:

Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Móstoles.

Hospital Universitario General de Villalba en Collado Villalba.

Hospital Universitario Infanta Elena en Valdemoro.

Fundación Jiménez Díaz en Madrid.

Ante el escándalo sanitario, el departamento que dirige la portavoz de Más Madrid ha tomado medidas y ha ordenado a la Alta Inspección Sanitaria que investigue lo ocurrido. Se requiere información a la Comunidad de Madrid para verificar si ha habido irregularidades o vulneraciones de los derechos de protección de la salud pública.

Por la mañana Mónica García ha manifestado su intención de investigar exhaustivamente las prácticas que califica como "corrupción institucional" en la sanidad madrileña. En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, la ministra denunció un "flujo incesante de pacientes y dinero de la pública a la privada", identificando este fenómeno como un "modus operandi" que beneficia a grupos privados como Ribera y Quirón.

García ha criticado el modelo de gestión de la sanidad implementado por el Partido Popular (PP), al que se refiere como una "desviación de pacientes" con la complicidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este modelo, que permite la gestión público-privada, ha sido objeto de críticas por su tendencia a priorizar el beneficio económico sobre la atención al paciente.

La ministra ha subrayado que este tipo de prácticas no son aisladas y que es necesario investigar a fondo los hospitales privatizados en Madrid. García ha denunciado que en los últimos años se han destinado aproximadamente 5.000 millones de euros al grupo Quirón, sugiriendo que el verdadero beneficio de estas empresas proviene de la sanidad pública. La ministra ha afirmado que el flujo de pacientes y recursos de la pública a la privada es una práctica común y que es fundamental abordar esta situación.

"Estas prácticas no se dan solo en el hospital de Torrejón", ha aseverado la ministra, que ha señalado que con los datos que tiene hasta el momento no puede asegurar a los vecinos de Torrejón que se les haya retrasado ninguna operación por una cuestión de rentabilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado la privatización de la sanidad por parte del PP, señalando que no se trata de casos aislados, sino de un modelo que busca lucrarse a expensas de la sanidad pública. Durante un acto en Extremadura, hizo referencia a la conexión entre estas prácticas y figuras cercanas a Ayuso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado la dimisión de Gallart y ha solicitado una auditoría rigurosa del Hospital de Torrejón. Feijóo ha enfatizado que las conductas reveladas son contrarias a los principios fundamentales que deben regir el sistema sanitario.

La situación ha llevado a los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería del hospital a emitir un comunicado para aclarar su postura y reafirmar su compromiso ético hacia los pacientes. En el comunicado, los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería resaltan que han actuado “en todo momento” desde una “ética incuestionable”. Esto implica que, según su declaración, no han tomado decisiones que vulneren los derechos de los pacientes. Este énfasis en la ética es clave para restaurar la confianza en el hospital y en sus prácticas.

Los firmantes del comunicado, que se identifican como responsables de los profesionales sanitarios del hospital, manifiestan su compromiso con la responsabilidad y la profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. Subrayan que en los 14 años de funcionamiento del hospital, no han implementado medidas que comprometan los derechos de los pacientes, lo que refuerza su posición de defensa ante las acusaciones surgidas a raíz del audio.

El comunicado también enfatiza que la prioridad del hospital ha sido siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los pacientes y sus familias. Este punto es crucial, ya que busca contrarrestar cualquier percepción negativa que pudiera haberse generado por las declaraciones del CEO. Los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería se comprometen a continuar trabajando con entusiasmo y dedicación, con el objetivo de hacer del Hospital Universitario de Torrejón un motivo de orgullo para la población local.

Un abogado de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, solicitando la investigación de presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón. Este hospital es administrado por la concesionaria Ribera Salud. La denuncia se basa en la existencia de grabaciones internas que sugieren la implementación de prácticas que podrían comprometer la atención médica y la salud pública.

El abogado, Javier Flores, ha solicitado varias acciones a la Fiscalía, entre ellas:

Apertura de diligencias: Para investigar las irregularidades denunciadas.

Declaraciones de los denunciados: Para esclarecer los hechos y responsabilidades.

Requerimiento a la Comunidad de Madrid: Para que entregue los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital durante los períodos en cuestión.

Flores considera que, de confirmarse las irregularidades, se estarían incurriendo en prácticas que podrían ser indicativas de:

Prevaricación administrativa: Decisiones injustas o ilegales en la gestión pública.

Delitos contra la salud pública: Prácticas que comprometen la salud de la población.

Lesiones imprudentes: Consecuencias negativas para la salud de los pacientes debido a la falta de atención adecuada.

Coacciones y represalias: Contra aquellos que alertaron sobre las irregularidades.

La denuncia también resalta el cese de cuatro directivas del hospital que habían hecho uso del canal ético interno para informar sobre las irregularidades. Este cese plantea interrogantes sobre la protección de los denunciantes y la respuesta de la administración sanitaria. Se critica la falta de una reacción inmediata por parte de la Administración sanitaria, a pesar de su obligación legal de supervisar la correcta prestación de servicios públicos esenciales. Esta inacción podría agravar la situación y poner en riesgo a los pacientes.

La denuncia enfatiza que las instrucciones dadas podrían haber afectado especialmente a personas mayores de 65 años. Este grupo tiene una mayor prevalencia de patologías crónicas y un riesgo elevado de sufrir consecuencias graves debido a retrasos en diagnósticos y tratamientos.