Será un juez el que dictamine en un plazo no menor a nueve meses

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha iniciado un procedimiento para instar a la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este proceso se ha formalizado mediante la notificación a la FNFF y la apertura de un periodo de alegaciones, lo que marca un paso significativo en la política de memoria histórica del país.

El proceso de ilegalización de la FNFF comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura abrió un periodo de actuaciones previas. Este periodo tenía como objetivo recopilar información y elementos de juicio que fundamentaran la decisión de iniciar el procedimiento de ilegalización. Este departamento, bajo la dirección de Urtasun, es responsable del Protectorado de Fundaciones, que tiene la autoridad para solicitar judicialmente la extinción de fundaciones.

El 31 de octubre se notificó a la FNFF sobre la apertura del expediente, lo que da inicio a un periodo de alegaciones de 10 días hábiles. Durante este tiempo, la fundación tiene la oportunidad de presentar documentación y pruebas en su defensa. Posteriormente, se elaborará una propuesta de resolución y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado, que será crucial para la resolución final que Urtasun firmará para elevar el caso a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Fuentes del Ministerio de Cultura han expresado su deseo de que el caso llegue al juez lo más pronto posible, aunque advierten que podría tomar un mínimo de nueve meses. La rapidez del proceso dependerá de la estrategia de la FNFF y de los documentos que presente para defender sus intereses. Se considera que el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado", lo que implica que las pruebas que la FNFF presente serán similares a las que se encontrarán en el proceso judicial.

La Abogacía del Estado ha identificado dos causas principales que podrían justificar la extinción de la FNFF:

Falta de Fines de Interés General: La fundación no persigue objetivos que beneficien a la sociedad en general.

Apología del Franquismo: La FNFF promueve una visión positiva del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, y menospreciando la dignidad de las víctimas.

A pesar de que la FNFF se presenta como una entidad con fines culturales y documentales, el informe de la Abogacía del Estado señala que sus actividades, como el mantenimiento del archivo personal de Franco y la preservación de una biblioteca extensa, están orientadas a promover una visión favorable del franquismo. Esto contraviene la Ley 20/2022 de Memoria Histórica y la Ley 50/2002 de Fundaciones.

Para sustentar el expediente de ilegalización, se han solicitado informes a diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Registro de Fundaciones. Estos informes detallan cómo los objetivos de la FNFF están fundamentalmente ligados a la promoción de las acciones de Franco. Además de los informes oficiales, se han recopilado testimonios de víctimas del franquismo que han expresado su oposición a las actividades de la fundación. Estos testimonios son parte integral del argumento que el Ministerio de Cultura presentará ante el juez.

Una de las preocupaciones del Ministerio de Cultura es que los ciudadanos españoles no "paguen" a la FNFF a través de incentivos fiscales y beneficios por donaciones, que la fundación obtiene por su estatus legal. Se anticipa que la FNFF podría intentar reestructurarse para asegurar su continuidad. Cuando el caso sea presentado ante los jueces, el Ministerio de Cultura solicitará medidas cautelares para proteger el archivo histórico de la FNFF y evitar la destrucción de pruebas. Esta estrategia es similar a la que se utilizó en el caso del Pazo de Meirás.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, realizó declaraciones sobre la intención del Gobierno de España de ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este anuncio se produce en un momento en que el Gobierno, liderado por el presidente Pedro Sánchez, busca abordar temas relacionados con la memoria histórica y la figura de Francisco Franco en la sociedad española.

García Martín considera que la decisión del Gobierno de ilegalizar la FNFF es un "comodín" que se utiliza para desviar la atención de los problemas de corrupción que enfrenta el Ejecutivo. Según sus palabras, esta acción es parte de una estrategia para evitar que se hable de otros asuntos más relevantes, como los escándalos que involucran a familiares del presidente, en particular su esposa y su hermano.

El consejero subraya que la competencia para llevar a cabo la ilegalización de la fundación recae en el Gobierno central, y aunque no se opone a la decisión, expresa que no le sorprende. García Martín critica la gestión del presidente Sánchez y expresa su deseo de que este tome la decisión de dimitir y convoque elecciones anticipadas.

El proceso para ilegalizar la Fundación Franco se inició en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de Ernest Urtasun, abrió un periodo de actuaciones previas. Este periodo tiene como objetivo recopilar información y elementos que justifiquen la motivación del inicio del procedimiento judicial para la extinción de la fundación.

El Protectorado de Fundaciones es el organismo encargado de instar judicialmente la extinción de fundaciones en España. En este caso, se ha activado para evaluar la situación de la FNFF y determinar si cumple con los criterios necesarios para su ilegalización.

El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha realizado declaraciones significativas en relación con las actividades conmemorativas del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Estas actividades no se limitarán a la fecha de su fallecimiento, el 20 de noviembre, ni concluirán al final del año 2025.

Las afirmaciones de Torres se produjeron durante un acto celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, en el marco del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, que se conmemora cada 31 de octubre según la Ley de Memoria Democrática. Este evento tiene como objetivo recordar y honrar a aquellos que sufrieron las consecuencias del régimen franquista.

Torres enfatizó que la muerte de Franco marcó un punto de inflexión crucial para la recuperación de la democracia en España, un proceso que, según él, se logró a través de la lucha en las calles, a pesar de que el dictador falleciera en la cama. Este contexto histórico es fundamental para entender la importancia de continuar con las actividades conmemorativas y educativas.

El ministro anunció que las actividades no se limitarán a un periodo específico, sino que se extenderán para seguir reconociendo a todas las personas, instituciones y colectivos que lucharon por la democracia. Esta continuidad es vista como un compromiso del Gobierno para mantener viva la memoria histórica y educar a las nuevas generaciones sobre el pasado reciente de España.

Torres subrayó la relevancia de que la juventud conozca el pasado reciente, argumentando que “50 o 100 años no son nada” en la historia. Hizo hincapié en que actualmente se están escuchando mensajes negacionistas y discursos que atentan contra el sistema democrático, lo cual es motivo de preocupación.

El ministro advirtió sobre la proliferación de discursos que socavan las libertades. En este sentido, destacó la necesidad de resaltar la figura de aquellos dedicaron su vida, o incluso la perdieron, para que hoy haya democracia en España. Esta labor se considera esencial para contrarrestar la desinformación y los discursos de odio que resurgen en la sociedad.

Torres afirmó que España está viviendo un periodo de gran conquista de derechos y libertades, así como de bienestar. Contrapuso este avance con el totalitarismo y el fascismo, que, según él, solo conducen al retroceso. Este contraste se utiliza para justificar la importancia de recordar y honrar a las víctimas del franquismo y de promover los valores democráticos.

El ministro criticó a aquellos representantes públicos que, elegidos democráticamente, sostienen que el franquismo fue una “época de progreso”. Tal postura es vista como un obstáculo para el reconocimiento de la memoria histórica y la justicia social. Torres mencionó la necesidad de acciones concretas, como la instalación de placas de reconocimiento y la declaración de lugares de memoria donde hubo víctimas de tortura, para avanzar en la reparación histórica.

En este contexto, el ministro destacó el programa "España en Libertad", organizado por el Gobierno, que tiene como objetivo la divulgación de los valores democráticos. Según Torres, este programa se prolongará más allá de 2025, reafirmando el compromiso del Gobierno con la memoria democrática y la educación en derechos humanos.