Los vecinos de Madrid salen hoy a la calle
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunció la decisión de dar continuidad al contrato de explotación de la planta de incineración de Las Lomas, ubicada en Valdemingómez. Este contrato está próximo a expirar el 31 de diciembre, y la continuidad se justifica por la necesidad de asegurar la prestación de un servicio esencial para la gestión de residuos en la ciudad.
Carabante explicó que, aunque el contrato es "improrrogable", se emitirá una orden de continuidad para garantizar que la planta siga operando. Esto es crucial para evitar interrupciones en un servicio que se considera esencial para la gestión de residuos en Madrid.
El delegado anunció que se espera publicar los pliegos de un nuevo contrato durante el primer trimestre del próximo año. Esta decisión se produce tras recibir un informe favorable de la Oficina Nacional de Evaluación, lo que indica que el proceso de licitación está en marcha. Carabante destacó que el nuevo contrato será "muy complejo" debido a la magnitud del presupuesto involucrado y a los desafíos técnicos que presenta la modernización de una instalación que ha estado en funcionamiento durante varias décadas.
El concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, expresó su preocupación sobre la gestión del contrato de la planta. Criticó la falta de un plan claro para el futuro de la incineradora y cuestionó la capacidad del actual equipo de gobierno para manejar la situación. Nieto recordó que el contrato es improrrogable y que la falta de noticias sobre un nuevo contrato hasta la fecha podría llevar a una situación similar a la de hace cinco años, cuando la incineradora operó durante dos años sin un contrato formal.
Carabante defendió la gestión actual al señalar que, bajo el mandato de Manuela Carmena, se incineró una mayor cantidad de residuos. Sin embargo, su crítica se centró en la percepción pública de que la incineración bajo un gobierno del Partido Popular (PP) podría perjudicar a la comunidad de Vallecas, sugiriendo que la oposición se había manifestado en el pasado cuando la incineración era alta, pero ahora guardaba silencio.
En Madrid, se está llevando a cabo una serie de protestas organizadas por colectivos vecinales y ecologistas que exigen el cierre de la incineradora de Las Lomas, ubicada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La manifestación está programada para el domingo 14 de diciembre a las 11 horas, comenzando en la estación de Metro de Valdecarros y con un recorrido aproximado de 9 kilómetros.
La protesta es convocada por la Mesa por el Cierre de la Incineradora, que incluye a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Plataforma Ecologista Madrileña. Este evento representa la séptima acción de este tipo, evidenciando la persistente movilización de la comunidad en torno a este tema.
Los colectivos han expresado varias exigencias claras:
Cese Inmediato de Actividades: Solicitan la parada inmediata de los hornos de la incineradora hasta que se cumplan las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) establecidas por la Unión Europea.
Plan de Cierre y Desmantelamiento: Exigen un plan definitivo para el cierre y desmantelamiento de la incineradora para el año 2026.
Comisión de Seguimiento: Proponen la creación de una comisión que supervise el proceso de cierre y garantice la transparencia.
Mediciones Independientes: Reclaman la licitación y puesta en marcha de un contrato para realizar mediciones mensuales de emisiones por parte de un organismo o empresa independiente.
Uso de Bioensayos: Solicitan la implementación de bioensayos para controlar las emisiones de la incineradora.
Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos: Piden la aprobación de una estrategia integral para la prevención y gestión de residuos en la ciudad de Madrid.
La Mesa ha denunciado que la incineradora de Valdemingómez no ha adaptado sus instalaciones ni procedimientos a la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010, que debería haber sido implementada antes del 3 de diciembre de 2023. Este incumplimiento ha generado preocupación sobre la seguridad y el impacto ambiental de la incineradora.
Los colectivos critican al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por permitir que la incineradora funcione sin cumplir las exigencias europeas. Argumentan que si se tratara de una instalación crítica como un hospital o una central química, no se permitiría su funcionamiento sin las adecuadas medidas de seguridad. Esta situación se considera una "ilegalidad y temeridad".
El contrato actual de la incineradora finalizará el 31 de diciembre de 2025, lo que representa una "oportunidad perfecta" para planificar un cierre ordenado y desarrollar un modelo de gestión de residuos que no dependa de la incineración. Sin embargo, hay preocupaciones de que el Ayuntamiento esté considerando extender la operación de la incineradora hasta 2040.
Los manifestantes subrayan que muchas ciudades europeas están reduciendo significativamente la cantidad de residuos mezclados que generan. Madrid podría unirse este grupo de ciudades pioneras, pero los responsables políticos optar por mantener el status quo, favoreciendo los intereses de grandes empresas del sector. |