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22
May
2020
UPYD lleva a los tribunales el pacto del Gobierno con Bildu PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - España
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Foto cedida por UPYDConsideran que vulnera el diálogo social y la igualdad entre los españoles

Unión Progreso y Democracia ha anunciado que recurrirá las medidas que desarrollen el contenido del pacto firmado por los partidos de gobierno y Bildu. La formación considera que este pacto vulnera principios básicos de funcionamiento democrático, como la necesidad de contar con el diálogo social en materia laboral o la unidad de criterios en materia fiscal para asegurar la igualdad entre todos los españoles.

UPYD comparte la crítica de los sindicatos y las entidades empresariales al considerar que una reforma de este calado requiere consenso entre los agentes sociales y también con la oposición. Con este pacto, el Gobierno renuncia al diálogo y convierte la negociación social en moneda de cambio. Por otro lado, el pacto establece un trato preferente en materia fiscal para País Vasco y Navarra, permitiendo que su endeudamiento no tenga en cuenta el nivel de deuda total. Esto supone que para mantener este nivel total en los niveles previstos el resto de comunidades autónomas verán reducido su endeudamiento, lo que en  la práctica supone acentuar los privilegios de País Vasco y Navarra en detrimento de los ciudadanos del resto de España.

Ante esta situación, UPYD denuncia que la firma de este pacto, que no se ha hecho público hasta después de la prórroga al estado de alarma, pone de manifiesto que Pedro Sánchez antepone su interés partidista al general. Cristiano Brown, portavoz de la formación, afirma que "en lugar de llegar a acuerdos sólidos con los partidos de la oposición, Sánchez prefiere hacer concesiones a los nacionalistas sin importar su precio. Aprovechando el estado de alarma ha aprobado por la puerta de atrás cuestiones muy discutibles y no permitiremos que suceda lo mismo con algo tan importante como la reforma laboral". Unión Progreso y Democracia afirma su intención de vigilar las próximas acciones del Gobierno y de recurrir de acuerdo a la legislación administrativa aquellas medidas  que vulneren los principios tanto de diálogo social como de igualdad entre todos los españoles.

 

 

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