Los aficionados del Rayo demandan a la Federación por el cierre del Estadio

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) ha activado una alerta al detectarse la presencia de la bacteria listeria monocytogenes en un lote de mejillones cocidos de la marca Marvalmar que se han puesto a la venta en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En concreto, se trata del lote 387/21096 1809, de mejillón de Chile cocido, con fecha de consumo preferente el 20 de noviembre de 2026, 200 gramos la unidad y envasado en bandeja refrigerada al vacío.

Aesan tuvo conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Esta información ha sido trasladada a las comunidades autónomas para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos. Tanto Aesan como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recomendado que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se acuda a un centro de salud. En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por Aesan relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes.

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta y consumo de drogas en una vivienda de Getafe y ha detenido a seis varones como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes. La investigación, a cargo del grupo de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Getafe, comenzó tras varias semanas de vigilancia en las que los agentes observaron que los sospechosos lanzaban las llaves de la vivienda a los consumidores para que pudieran acceder al interior.

La intervención tuvo lugar el 23 de septiembre, cuando los agentes realizaron la entrada y registro en el domicilio tras recibir autorización judicial y con apoyo de la Unidad de Guías Caninos. En el inmueble incautaron más de 20 gramos de cocaína, más de cuatro gramos de heroína y unos 300 euros en efectivo, junto a una báscula y diversos efectos y otros útiles destinados al tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Los seis detenidos están considerados como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La operación se ha conocido este viernes 23 de octubre, un mes después de la entrada y registro.

Un incendio declarado en la madrugada de este viernes ha afectado a cinco vehículos estacionados en un aparcamiento de superficie en Leganés, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad, que trabajaron en las labores de extinción para sofocar las llamas que afectaban a los vehículos. La Policía Local de Leganés se encarga de investigar las circunstancias en las que se originó el incendio. El suceso se produjo de madrugada y no se ha informado de heridos.

Cuatro personas han sido detenidas por robar una cadena a un extranjero que caminaba por la calle de madrugada en Tirso de Molina, en Madrid. La víctima sintió un fuerte golpe en el pecho y fue entonces cuando un policía encubierto se acercó y le preguntó si le faltaba algo, momento en el que el hombre se dio cuenta de que le faltaba un cordón en el cuello. Los cuatro detenidos tienen antecedentes por delitos de robos con fuerza en Madrid. La intervención policial permitió arrestarlos tras el robo de la cadena.

El Hospital Gregorio Marañón ha alertado de una estafa telefónica en la que los delincuentes se hacen pasar por profesionales sanitarios para comunicar a familiares, especialmente personas mayores, una supuesta emergencia médica de un ser querido y solicitarles dinero para sufragar una operación o un implante. El centro ha detectado cinco casos en los últimos días, en una reactivación de este engaño que ya se identificó hace seis meses.

Según ha informado el hospital, los estafadores llaman a sus víctimas y les aseguran que un familiar se encuentra ingresado en una situación de urgencia. Para aumentar la angustia y conseguir que actúen de inmediato, en ocasiones utilizan sonidos, como una voz llorando, y solicitan una cantidad de dinero para afrontar supuestos gastos sanitarios.

La jefa del Servicio de Atención al Paciente, Eva García-Risco, ha explicado que los delincuentes buscan generar "una situación de estrés que impida a las víctimas comprobar la veracidad de la información antes de realizar el pago". En varios de los casos detectados, las personas afectadas, alarmadas por las llamadas, han acudido al Servicio de Urgencias del Gregorio Marañón, donde el personal sanitario, ya instruido para responder ante este tipo de situaciones, las ha atendido, tranquilizado y confirmado que sus familiares no se encontraban en la situación que les habían descrito.

Ante la reaparición de este engaño, María Dolores Ferreiro, enfermera del Servicio de Atención al Paciente, ha recordado el procedimiento que sigue el centro cuando se produce una emergencia médica real. En estos casos, los profesionales se identifican con su nombre completo, su categoría profesional y el servicio al que pertenecen. Además, el hospital ha señalado que una situación crítica no se comunica exclusivamente por teléfono, sino que se indica al familiar que acuda al centro, preferiblemente acompañado, para recibir información sobre el estado del paciente.

El Gregorio Marañón ha insistido asimismo en que, como hospital público, nunca solicita dinero, datos bancarios ni pagos por la asistencia sanitaria. El centro recomienda mantener la calma ante cualquier llamada sospechosa y no facilitar datos personales o bancarios ni realizar pagos vinculados a una supuesta emergencia sanitaria.

También aconseja desconfiar especialmente de las llamadas desde números ocultos, comprobar a través de los canales oficiales del hospital si el contacto procede realmente del centro y tratar de localizar directamente al familiar afectado o a su entorno más cercano para verificar la información. Si no es posible contactar con el supuesto paciente, el hospital recomienda llamar directamente al centro sanitario por sus vías oficiales, colgar ante cualquier petición de dinero y comunicar los intentos de estafa a la Policía para contribuir a evitar que otras personas sean víctimas de este engaño.

La afición del Rayo Vallecano ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el cierre del fondo del Estadio de Vallecas situado sobre la zona de vestuarios, acordado como sanción por el lanzamiento de aviones de papel durante el partido contra el Athletic Club del pasado 10 de octubre. Los aficionados consideran que la medida constituye "un castigo colectivo" que vulnera sus derechos fundamentales, al dejar sin acceso a sus localidades a abonados a los que no se atribuye ninguna conducta irregular.

El escrito, que según los promotores constituye la primera ocasión en que una afición organizada lleva a la Federación ante los tribunales por esta vía, ha sido presentado por la Federación Madrileña de Peñas del Rayo Vallecano, diez peñas rayistas y 22 abonados de la grada afectada, mediante el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona. El recurso se dirige contra el acuerdo del Comité de Disciplina de la RFEF del 14 de octubre, que ordenó el cierre de la grada durante un partido y encargó al club identificar los bloques y localidades afectados. La multa de 6.000 euros impuesta al Rayo Vallecano no forma parte de la impugnación, y el club figura únicamente como parte interesada.

Los demandantes sostienen que, aunque formalmente la sanción recae sobre la entidad deportiva, sus consecuencias "las sufren los abonados, que pierden el acceso a sus asientos sin que se les atribuya ningún hecho, sin haber sido escuchados en el procedimiento y sin que el club pueda reubicarlos en otras zonas del estadio". La afición alega la vulneración de cuatro derechos constitucionales: el principio de legalidad y de personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el principio de igualdad.

En relación con la presunción de inocencia, la demanda señala que no existen pruebas individualizadas contra los abonados afectados. Según el acta del encuentro, los autores de los lanzamientos fueron identificados como seguidores locales por su indumentaria y sus cánticos, mientras que el cierre de la grada se acordó antes de determinar desde qué localidades se habían lanzado los aviones de papel. Asimismo, los recurrentes cuestionan que los aficionados no hayan podido intervenir en el procedimiento y que la decisión sobre las localidades afectadas se haya dejado en manos del propio club sancionado.

También denuncian un trato desigual, al sostener que el acta recoge lanzamientos desde distintos sectores del estadio y que no consta desde dónde se produjo el que precedió a la suspensión del encuentro, pese a que las consecuencias se concentran en una única grada. La demanda añade que ya existen actuaciones dirigidas contra presuntos responsables individuales: la Comisión Estatal contra la Violencia ha propuesto prohibir el acceso a los estadios a doce personas, mientras la Policía continúa identificando a participantes a través de las imágenes.

Los aficionados defienden que las medidas disciplinarias deben dirigirse contra quienes hayan cometido los hechos y no contra el conjunto de una grada. Para respaldar su posición, invocan el Convenio de Saint-Denis del Consejo de Europa, la recomendación de 2025 de su comité sobre prohibiciones colectivas y una declaración suscrita en Madrid el 3 de septiembre de 2026 por la UEFA, clubes, ligas y representantes de los aficionados europeos.

Junto con la demanda, los recurrentes solicitaron como medida urgente la suspensión del cierre antes del partido previsto para este sábado 24 de octubre. Sin embargo, en su primer pronunciamiento, el TSJM ha considerado que, dada la proximidad del encuentro, no había tiempo para adoptar la medida cautelar solicitada y ha dejado para el análisis del fondo del asunto las posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Según los promotores de la demanda, el tribunal reconoce además que los perjuicios ocasionados a los abonados pueden tener carácter económico y ser susceptibles de resarcimiento. La afición ha presentado un recurso de reposición para solicitar que se revise la decisión, mientras el procedimiento judicial continúa su curso. Los demandantes consideran que la resolución inicial evidencia la dificultad de obtener una revisión judicial efectiva antes de que se ejecute una sanción de estas características, acordada el 14 de octubre y prevista para el encuentro del día 24.

En su demanda solicitan que el tribunal declare que la RFEF ha vulnerado los derechos fundamentales de los afectados, anule el cierre de la grada y reconozca el derecho de los abonados a no perder el acceso a sus localidades por hechos que no se les atribuyen. De forma subsidiaria, piden que sea la propia Federación la que delimite los bloques afectados tras escuchar a los abonados y examinar las grabaciones del encuentro. Como segunda alternativa, reclaman que, al menos, se permita reubicar a quienes no participaron en los incidentes.

La afición considera que el procedimiento puede sentar un precedente para otros clubes y categorías, al plantear si una federación deportiva puede acordar el cierre de una grada dejando sin acceso al estadio a espectadores a los que no se atribuye ninguna infracción. Los promotores sostienen que las sanciones consistentes en clausurar sectores de los estadios se repiten cada temporada en el fútbol español, mientras que los abonados afectados no suelen intervenir en los procedimientos disciplinarios que las originan. La defensa de los aficionados está dirigida por el abogado Javier Flores, quien ha participado en distintas causas ciudadanas en Madrid, entre ellas recursos relacionados con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el Plan Reside sobre viviendas de uso turístico y actuaciones vinculadas al scalextric de Puente de Vallecas.

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado esta mañana el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre puesto a su disposición como supuesto autor de la muerte violenta de su compañera sentimental esta semana en el distrito madrileño de Carabanchel. Según informan fuentes jurídicas, el arrestado será investigado por la supuesta comisión de un delito de asesinato.

Los hechos ocurrieron el martes, cuando la Policía Nacional recibió un aviso sobre una mujer herida por arma blanca en el portal de una urbanización de la calle Ontanilla. En torno a las 14.45 horas, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) fue alertado de que una persona se encontraba herida en la vía pública. A su llegada, los sanitarios del Samur-Protección Civil y del Summa 112 encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente en el tórax y el abdomen.

Los equipos sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladarla en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente falleció. Tras realizar diversas gestiones de investigación, los agentes determinaron la identidad del presunto responsable y establecieron un dispositivo de búsqueda. El hombre fue localizado en el interior de su vehículo por agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Usera-Villaverde, en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías.

El Grupo V de Homicidios y el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica se hicieron cargo de la investigación, en la que también colaboró la Policía Municipal. Los agentes investigan el caso como un posible asesinato por violencia de género.