El Senado tramitará la moción vetada por la Mesa del Congreso para solicitar la convocatoria inmediata de elecciones

La jornada del 17 de junio de 2026 quedará registrada como una de las más convulsas de la democracia española. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer exjefe del Ejecutivo en declarar como investigado ante la Audiencia Nacional, en un caso que salpica al PSOE con acusaciones de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, mientras el Congreso vivía su propio terremoto político con el veto a una enmienda de Junts que reclamaba elecciones anticipadas.

Zapatero ha negado ante el juez José Luis Calama haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate público de 53 millones de euros en 2021 durante la pandemia. El expresidente ha rechazado haber mantenido contacto con directivos de la compañía y ha asegurado que solo conoció a su actual presidente, Julio Martínez Sola, en 2024. También ha negado tener empresas en el extranjero y ha presentado una "autorización universal voluntaria" para acreditar que no posee activos fuera de España.

Sin embargo, sobre el asunto que más revuelo mediático ha generado —las casi 80 joyas intervenidas en su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros— Zapatero ha guardado silencio. Alegando falta de tiempo para preparar su defensa, el exlíder socialista ha declinado pronunciarse sobre su origen y estado tributario, y ha prometido hacerlo en los próximos días. El juez, que ya había pospuesto la declaración del 2 de junio, no ha aceptado la excusa y le ha imputado un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le retirara el pasaporte, y algunas acusaciones populares pidieron su ingreso en prisión provisional, pero el juez Calama ha decidido no imponerle medidas cautelares. Considera que, pese a los "indicios racionales de criminalidad" que no han sido desvirtuados, no existe riesgo de fuga, dado que Zapatero es una persona pública con arraigo en el territorio. El magistrado también ha descartado la prohibición de salir del país, al considerar que imponer esas medidas sería "una restricción injustificada del derecho a la libertad personal".

Mientras Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional, en el Congreso se vivía una jornada de alto voltaje político. La Mesa de la Cámara, con los votos de PSOE y Sumar, vetó la enmienda presentada por Junts que instaba al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. La decisión, que ha sido calificada por la oposición como un "muro" del Gobierno a cualquier intento de someter la cuestión de confianza a la Cámara, ha evitado que el PNV tuviera que retratarse en una votación incómoda.

El veto, en efecto, ha causado un inesperado alivio en Sabin Etxea. La formación jeltzale, que había pedido en mayo un adelanto electoral y que su portavoz, Aitor Esteban, calificó de "irresponsable" seguir más allá de 2026, se enfrentaba a un dilema: ser coherente con su exigencia de comicios o abstenerse para no salir en la misma foto que PP y Vox. Fuentes del PNV consultadas por El Correo reconocían que el 'sí' era "muy poco factible" y que su voto se habría inclinado por la abstención, una posición que, de todos modos, habría resultado irrelevante, pues PP, Vox y Junts ya sumaban mayoría absoluta en caso de haber votado la enmienda.

En la sesión de control al Gobierno, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha urgido a Sánchez a aprobar los Presupuestos o disolver las Cortes. "Es evidente que usted ha perdido a la mayoría de investidura", le ha espetado, añadiendo que está "acabando con la fe de este grupo parlamentario". Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha evitado respaldar la petición del PNV, aunque ha asegurado que "aguantar sin contenido no tiene ningún sentido".

En otro movimiento que ha agitado el tablero parlamentario, el Senado tramitará la propuesta de Junts, un hecho que, aunque no tiene efectos jurídicos vinculantes, añade presión política sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La medida, promovida por los posconvergentes, pretende forzar un debate sobre la continuidad de la legislatura en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Los partidos independentistas, que han retirado su apoyo al Ejecutivo en el Congreso, buscan capitalizar el desgaste del PSOE por los escándalos de corrupción que rodean al partido, especialmente tras la imputación de Zapatero. El veto de la Mesa del Congreso a la enmienda de Junts no ha hecho más que redoblar la presión sobre Sánchez, que se enfrenta a la necesidad de negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 con unos socios que le han retirado la confianza.