Según explican, por no cumplir el pliego de condiciones

El Ayuntamiento de Coslada ha decidido imponer una multa histórica de 9,3 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por FCC y Acciona. Esta sanción se debe al incumplimiento de las obligaciones contractuales en el servicio de limpieza viaria, lo que representa el 32% del valor total del contrato. Esta acción ha sido impulsada por el tripartito local, compuesto por el PSOE, Más Madrid y Podemos-IU.

La UTE Coslada ganó el concurso para la limpieza viaria en enero de 2022, con un contrato valorado en 28,4 millones de euros por un periodo de cinco años. El compromiso inicial de la UTE incluía la provisión de 2.000 jornadas laborales anuales y la incorporación de medios sostenibles para la limpieza.

A lo largo del tiempo, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha recibido múltiples quejas de los vecinos y ha realizado controles internos que han revelado serias deficiencias en el cumplimiento del contrato. En junio de 2024, se constató que 726 turnos de trabajo no habían sido cubiertos, lo que llevó a la apertura de un expediente en octubre. Posteriormente, en abril de 2025, se actualizó la cifra a 756 jornadas no trabajadas.

La UTE no solo falló en cubrir las jornadas laborales estipuladas, sino que también incumplió otros 42 compromisos esenciales relacionados con el servicio de limpieza. Esto incluye la falta de operarios y la ausencia de equipamiento prometido. El contrato exigía la incorporación de un camión portacontenedores que cumpliera con criterios medioambientales, cuya ausencia conlleva una penalización específica de 775.000 euros. Además, se enumeran 42 carencias en equipamiento esencial, como:

227 sensores volumétricos para papeleras.

4.417 chips de identificación.

Una moto aspiradora para excrementos caninos.

Triciclos eléctricos, barredoras manuales, fregadoras autónomas, aspiradores de hojas y trituradoras de restos vegetales.

La oferta ganadora incluía la creación de tres bases operativas en diferentes ubicaciones de Coslada, las cuales aún no están operativas. Asimismo, la plataforma integral de gestión y control de calidad, destinada a detectar deficiencias en tiempo real, no ha sido implementada. Aunque se ha intentado establecer un sistema de control de absentismo, este no cumple con los requisitos establecidos en los pliegos.

El Gobierno local ha calificado estos incumplimientos como "obligaciones esenciales" que fueron determinantes en la adjudicación del contrato. La decisión de sancionar a la UTE con una multa récord busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos.

El Partido Popular, principal grupo opositor, ha criticado la resolución, considerándola unilateral y señalando que fue tomada en Junta de Gobierno sin un consenso más amplio.

La multa de 9,3 millones de euros establece un precedente significativo para otras entidades locales que buscan hacer cumplir contratos de servicios. Los expertos en contratación pública advierten que, si la sanción se mantiene, podría afectar la puntuación de FCC y Acciona en futuros concursos, promoviendo la necesidad de garantías más estrictas en las licitaciones.

Acciona ya había enfrentado problemas judiciales relacionados con la readmisión de un empleado que denunció irregularidades en contratos públicos, incluido el de Coslada. Este nuevo escándalo resalta la necesidad de mejorar las prácticas de control interno dentro de las grandes compañías de servicios urbanos.