Ruido, el nuevo Alcalá Suena y Espartales, también en la sesión de abril

El pleno ordinario de este martes en Alcalá de Henares, que se celebrará excepcionalmente en la Casa de los Lizana (calle Victoria, 10) por las obras en el salón de plenos habitual, llega cargado de asuntos polémicos y con una oposición que, al menos sobre el papel, ha decidido mover ficha en varios frentes.

El orden del día, que incluye 15 puntos, será testigo de una toma de posesión no exenta de trasfondo político (la concejala socialista Alba Ibáñez sustituye a Blanca Ibarra, que dimitió denunciando el "rumbo" de su partido y el uso orgánico del feminismo), del informe de reparos de intervención, y de varias mociones que pueden dejar al descubierto las grietas del equipo de gobierno (PP y Vox) y de la propia oposición.

El Pleno comenzará con la toma de posesión de Alba Ibáñez de la Fuente como nueva concejala. Pero detrás hay una crisis interna que ha fracturado al PSOE local. Ibáñez, trabajadora social de 30 años y vocal en la Junta del Distrito III, sustituye a Blanca Ibarra Morueco, que renunció al acta el 9 de marzo.

Ibarra explicó en un vídeo que dejaba el Ayuntamiento para embarcarse en un proyecto de creación de contenido político, pero también lanzó un dardo envenenado: la agrupación socialista ha tomado "un rumbo que yo no comparto. Un rumbo basado en el ataque personal a cualquiera que plantee una estrategia diferente. Un rumbo en el que incluso se utilizan los mecanismos de protección que nos hemos dado las mujeres con fines puramente orgánicos".

Su salida es la punta del iceberg de la guerra entre Javier Rodríguez Palacios y Enrique Nogués por el control del partido de cara a 2027. Una guerra que incluyó un expediente disciplinario a Nogués por una foto de 2014 (quitando un tanga con la boca a una artista de striptease), acusaciones de afiliaciones instrumentalizadas y la dimisión de Rodríguez Palacios como secretario general el pasado 24 de febrero. Ahora el PSOE local está intervenido por una gestora.

El PP, por su parte, ya ha aprovechado la ocasión para hablar de "autoritarismo" y "descomposición". El pleno de este martes será el primero de Alba Ibáñez como concejala. Se sentará en una bancada socialista herida y dividida, mientras el equipo de gobierno mira de reojo.

El punto 6 es, cada año, el gran olvidado. El informe de la Intervención General municipal relativo a las resoluciones contrarias a reparos adoptadas en 2025 y las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Es decir, el documento que señala en qué gastos el equipo de gobierno ha ignorado al interventor (el funcionario que vela por la legalidad financiera) y qué irregularidades ha detectado en la previsión o gestión de los ingresos.

El turno de mociones comenzará con una moción conjunta de PSOE y Más Madrid para crear una mesa de convivencia del Casco Histórico como parte del Plan Estratégico de Turismo. La iniciativa, que se presentó por separado y luego se unificó, responde a las quejas vecinales de los últimos años sobre ruido, saturación y pérdida de calidad de vida en el centro.

El PSOE advierte que el reconocimiento patrimonial de Alcalá (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) debe ir acompañado de un modelo turístico sostenible. Y pone el foco en la contaminación acústica: los vecinos llevan años denunciando superaciones de los niveles permitidos, especialmente en zonas de alta concentración hostelera. La moción propone que la mesa analice de forma prioritaria el problema del ruido y acuerde medidas concretas con calendario, integrando las conclusiones en el propio plan de turismo.

El equipo de gobierno, que ha apostado por la promoción turística como uno de sus ejes, tendrá que posicionarse. ¿Está dispuesto a poner límites al turismo para proteger a los residentes? ¿O primará la actividad económica y hostelera? El debate sobre el modelo de ciudad subyace a la moción.

El punto 12, también del PSOE, aborda la situación de las escuelas infantiles en un contexto de huelga del sector. Las trabajadoras denuncian precariedad laboral, bajos salarios, falta de recursos y ratios elevadas. El PSOE subraya la importancia del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) como etapa fundamental en el desarrollo de los menores, y recuerda que se trata de un ámbito con una fuerte presencia femenina que sufre condiciones laborales especialmente precarias.

La moción socialista incluye el respaldo institucional a las trabajadoras y trabajadores en huelga, y exige a la Comunidad de Madrid (competente en la materia) que actualice la normativa para mejorar ratios, garantizar la presencia de dos profesionales por aula y avanzar hacia un sistema más homogéneo y equitativo. También reclama una financiación suficiente de la red pública y un plan de mejora de infraestructuras, además de instar al Gobierno de España a avanzar en una regulación estatal específica para el ciclo 0-3.

El equipo de gobierno tendrá que explicar qué medidas ha adoptado para paliar la precariedad. Y la Comunidad de Madrid, del mismo signo político (PP), recibirá un nuevo requerimiento desde el pleno alcalaíno.

El punto 8 es una moción de Más Madrid que plantea un plan de medidas urgentes por el derecho a la vivienda en el primer semestre de 2026. La formación que lidera Rosa María Romero lleva al pleno un diagnóstico demoledor: el alquiler en Alcalá ha subido un 54% desde 2021, pasando de 8,7 a 13,4 euros por metro cuadrado, lo que sitúa una vivienda media de 80 metros en 1.072 euros al mes.

La moción insta al Ayuntamiento a apoyar el Real Decreto-ley del Gobierno que prorroga los contratos de alquiler hasta dos años más en las mismas condiciones, y exige a la Comunidad de Madrid que declare zonas tensionadas y desarrolle una ley autonómica de vivienda. Pero el punto más incómodo para el equipo de gobierno es el cuarto: "Comprometer al Ayuntamiento a reforzar sus políticas municipales de vivienda, estableciendo un plan a largo plazo de cómo gestionará su patrimonio municipal del suelo".

El texto de Más Madrid es explícito: denuncia que el gobierno de PP y Vox ha "malvendido" la parcela P.14-15 del polígono 21-A Ciudad del Aire a Premier España S.A. "sin incluir en los pliegos un solo criterio social, ni siquiera la obligación de ceder al Ayuntamiento alguna de las viviendas construidas". El suelo público, advierten, se ha traspasado a manos privadas para construir viviendas de mercado que se acercarán al medio millón de euros, "algo inasumible para la mayoría de complutenses".

El punto 9, también de Más Madrid, es una denuncia en toda regla del estado del Complejo Deportivo Municipal Espartales. La moción, que recoge quejas de usuarios y trabajadores, habla de "saturación de público", "imposibilidad real de acceso a clases pese a estar inscritas", "máquinas rotas o averiadas", "suciedad acumulada", "altas temperaturas", "cierre de la oficina de atención al público" y "denuncias ante la Inspección de Trabajo".

Pero el dato más llamativo es otro: "hallazgos de excrementos de roedores en una zona de baño". La moción señala además que los sistemas de control de aforo no serían fiables y que en alguna ocasión ha tenido que intervenir la Policía Local. Los usuarios, según el texto, han organizado dos recogidas de firmas y han solicitado reuniones con el presidente del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, sin obtener respuesta.

El PP y Vox tendrán que explicar qué ha pasado en una instalación municipal que, según la moción, lleva tres años en "deterioro progresivo y alarmante". Más Madrid pide un plan de choque, la reapertura de la oficina de atención al público y una revisión de los sistemas de control de aforo y temperatura.

El punto 11 es una moción del PSOE sobre la cesión de espacios públicos a entidades ciudadanas. A primera vista, parece una propuesta técnica: elaborar un protocolo detallado, motivar las resoluciones, mejorar la información. Pero el contexto la convierte en un aviso a navegantes.

Hace unos meses, una plataforma ciudadana (que, entre otros asuntos, iba a denunciar la suspensión del festival Alcalá Suena) tuvo que cancelar la presentación de su acto porque al llegar al espacio municipal que le habían cedido se encontró con la puerta cerrada. El Ayuntamiento argumentó que el conserje había tenido que ir al médico.

El PSOE no menciona este caso en su moción, pero el antecedente planea sobre el debate. Los socialistas piden "reglas claras, transparencia y seguridad jurídica" y denuncian "denegaciones sin justificación clara, cambios de última hora o cancelaciones de actividades ya autorizadas". El equipo de gobierno, por su parte, tendrá que explicar si existe un protocolo de suplencias para cuando un trabajador se ausenta o si la puerta se cierra según qué actos.

El punto 10 es una moción conjunta de PP y Vox para crear el ciclo 'Alcalá Jam Session', con conciertos y jam sessions el último fin de semana de cada mes en el espacio Gilitos-LabCrea. La iniciativa, en teoría, busca apoyar a los más de 150 músicos inscritos en el Directorio Artístico.

Pero la propuesta lleva consigo una polémica de fondo: el Ayuntamiento canceló el festival Alcalá Suena, que organizaba la asociación Alcalá es Música desde 2015 y que llegó a reunir a más de 400 bandas inscritas y 25.000 asistentes. La asociación denuncia que el gobierno municipal rompió los acuerdos para 2025 y 2026, y que mientras destinaba 67.000 euros "a dedo" a una estatua del emperador Fernando I, no encontraba 9.500 para el festival.

Además, Alcalá es Música denunció que el Ayuntamiento propuso a los músicos locales tocar gratis en La Noche en Blanco, "sin escenario, sin técnica, en formaciones pequeñas y pasando la gorra", mientras otras formaciones externas a la ciudad sí recibían remuneración. La asociación calificó la propuesta de "vergonzosa" y el PSOE habló de "institucionalización de la precariedad cultural".

La moción de PP y Vox, por tanto, será examinada con lupa por el colectivo musical. ¿Es una alternativa real al festival cancelado? ¿O es un parche para aparentar apoyo al talento local mientras se ahoga la iniciativa independiente?