22
Mar
2026
Los afectados de MetroEste sufren insomnio, estrés y ansiedad según un estudio Imprimir
Zona Este - San Fernando de Henares
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Foto cedida por CAMCasi la mitad reconoce necesitar medicación

La línea 7B de Metro de Madrid vuelve a ser el centro del debate político en la Asamblea de Madrid, con posturas enfrentadas entre el Gobierno regional y la oposición. La Comunidad de Madrid ha defendido este jueves que continúa trabajando para solucionar los problemas derivados de esta infraestructura y ha asegurado que "se sigue haciendo todo lo posible" para atender a los vecinos afectados de San Fernando de Henares, al tiempo que ha criticado a la oposición por "retorcer el dolor" de las familias perjudicadas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero competente ha reprochado a los grupos de la izquierda su actitud en el debate político sobre este asunto, afirmando que algunas formaciones utilizan el sufrimiento de los afectados con fines partidistas y no permiten que los vecinos "sigan adelante con sus vidas". El responsable del Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en la inversión destinada al mantenimiento y conservación de la red de Metro de Madrid, que ha definido como "la más fiable y una de las mejores de Europa", destacando que el Gobierno regional destina unos 520 millones de euros, el 52% del presupuesto, a tareas de mantenimiento, renovación de vías, cuidado de trenes, mejora de instalaciones y actualización tecnológica.

En paralelo, la Comunidad de Madrid ha informado del avance de las obras del gran parque urbano que transformará la zona afectada en San Fernando de Henares, con una inversión de 9,1 millones de euros para levantar un nuevo espacio verde de 12.000 metros cuadrados en el área que ocupaba el complejo dotacional El Pilar. El proyecto, diseñado con aportaciones vecinales, incluye zonas de juegos infantiles con columpios de hormiga, saltamontes y tulipanes, áreas de calistenia, iluminación de alta eficiencia energética y una completa accesibilidad.

Desde la oposición, sin embargo, las críticas se han centrado en la situación que viven los vecinos de San Fernando. La diputada de Más Madrid, María Acín, ha denunciado que en algunas viviendas "se caen los techos" y ha advertido de que la reapertura de la línea o la creación de nuevas zonas urbanas no resuelve el problema social que sufren los residentes, que continúan viviendo en un "estado constante de alarma social e inseguridad".

Un estudio psicosocial encargado por la Asociación Vecinal de Personas Afectadas por la Línea 7B de Metro y elaborado por el Centro Sira respalda estas denuncias. El informe documenta impactos severos en la salud mental y la vida cotidiana de los vecinos tras décadas de problemas causados por la construcción de la infraestructura. Según el estudio, el "96% de los residentes afectados considera que la respuesta de la Comunidad de Madrid agravó su sufrimiento emocional". Entre los efectos más elevados se encuentran la interrupción de la vida cotidiana (90,2%), problemas de insomnio (79,1%), ansiedad (64,4%) y necesidad de medicación para afrontar el estrés (46%). Además, el 89,7% de los encuestados siente una pérdida de proyecto de vida y el 76% experimenta desafección política.

Casi el 90% de los afectados también consideró que el apoyo de la oficina de atención a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid fue "muy escaso o nulo", criticando la falta de información y comunicación durante todo el proceso de obras y derribos en zonas residenciales. El informe subraya que estos daños no son meros efectos inevitables de una obra pública, sino el resultado de años de incertidumbre prolongada, negligencia y falta de respuestas institucionales adecuadas, que han acabado afectando no solo a la salud psicológica, sino también a la economía, la educación y el bienestar general de las familias afectadas.

Con este panorama, el debate sobre la línea 7B del Metro vuelve a situarse en el centro de la confrontación política en la Asamblea de Madrid, con el Gobierno regional defendiendo su gestión y las inversiones realizadas, mientras la oposición y los propios vecinos insisten en que la situación de los afectados sigue sin resolverse plenamente y que las heridas emocionales y sociales permanecen abiertas.