La ciudad vive un Pleno de alto voltaje preelectoral marcado por la despedida de Blanca Ibarra

A poco más de un año de las elecciones municipales, el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, celebrado este martes 17 de marzo, evidenció que la precampaña ya ha comenzado. Los partidos abandonaron el terreno de las propuestas de consenso para enzarzarse en una guerra abierta con tintes claramente preelectorales, teniendo como eje central el dictamen de la comisión de investigación sobre los pagos a familiares de dos concejalas del PSOE.

El asunto estrella de la sesión fue el dictamen de la Comisión Especial de Investigación que analizaba los pagos a empresas vinculadas a familiares de las concejalas socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez. El documento, defendido por la presidenta de la comisión y primera teniente de alcalde, Isabel Ruiz Maldonado, no puede ser más contundente: considera acreditado que existieron los pagos y que ninguna de las dos concejalas se abstuvo en la aprobación en Junta de Gobierno de las facturas. Como consecuencia, el Gobierno Local "estudiará procedimientos de responsabilidad" contra ambas ediles. El dictamen salió adelante con los votos a favor de PP y VOX, mientras que el resto de los grupos (PSOE y Más Madrid) votaron en contra.

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha vivido este martes una de sus jornadas más tensas tras la aprobación de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los pagos a empresas vinculadas a familiares de concejalas del anterior gobierno socialista. Las reacciones de los grupos políticos no se han hecho esperar y han dejado posturas irreconciliables.

La primera teniente de alcalde, Isabel Ruiz Maldonado, ha sido la encargada de poner voz al Partido Popular y ha exigido al exalcalde Javier Rodríguez Palacios que dé explicaciones. Ruiz Maldonado ha sido tajante al afirmar que "no estamos ante una persecución política, sino ante hechos documentados en expedientes, facturas y acuerdos administrativos del propio Ayuntamiento".

La edil popular ha subrayado que la comisión ha puesto de manifiesto "una realidad que algunos intentan ocultar": la existencia de decisiones adoptadas dentro del Ayuntamiento que beneficiaron a empresas con vínculos familiares directos con responsables políticos del anterior gobierno. "Esto no es una interpretación. Son documentos oficiales. Y todos conducen a la misma conclusión: que durante ese mandato se produjeron situaciones que hoy generan serias dudas desde el punto de vista político y de ejemplaridad", ha afirmado.

Ruiz Maldonado ha señalado directamente al exalcalde como máximo responsable político: "Cuando se pagaban esas facturas, Rodríguez Palacios era el alcalde. Cuando se aprobaban, Rodríguez Palacios era el alcalde. Y cuando nadie actuó para evitarlo, Rodríguez Palacios seguía siendo el alcalde".

La respuesta de Más Madrid no se ha hecho esperar y ha llegado en forma de comunicado contundente. La formación, que presume de "tolerancia cero con la corrupción", ha cargado duramente contra el PP y Vox, a los que acusa de utilizar la comisión como un arma política.

"Cuando el Gobierno PP-Vox habla de 'Comisión de investigación' alguien podría pensar que se trata de un equipo independiente que audita y saca conclusiones en un informe. En realidad, quienes controlan la Comisión son concejales del propio Gobierno municipal del PP y Vox", denuncian.

Más Madrid sostiene que "esto ni siquiera está judicializado" y que, de haber delito, "lo debe determinar un tribunal de Justicia, no el Gobierno PP-Vox disfrazado de juez para atacar a sus rivales políticos".

Uno de los argumentos más afilados de Más Madrid apunta directamente al actual equipo de gobierno: "Las empresas que injustamente PP-Vox han puesto en la diana han contratado con total normalidad con el Ayuntamiento bajo Gobiernos de todos los colores políticos, incluido el actual, y desde muchos años antes de que Sánchez e Ibarra fueran concejalas".

Además, la formación acusa al PP de utilizar la comisión como "un juguete para desviar la atención de asuntos que, a diferencia de este, sí están judicializados": el presunto delito de infidelidad en la custodia de documento por el que la alcaldesa Judith Piquet está investigada y por el que declarará Alfonso Serrano, y el 'caso FP', que salpica a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y tiene una ramificación en Alcalá.

"Cualquiera diría que el PP tiene miedo de lo que pasa en los tribunales y por eso necesita crear en el Ayuntamiento un tribunal que controlen ellos mismos, como si no tuvieran suficiente", sentencian desde Más Madrid.

Las conclusiones de la comisión de investigación, tal y como VOX había adelantado en febrero, señalan presuntas responsabilidades administrativas y posibles indicios penales en relación con la actuación de las ediles socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez. La comisión ha puesto el foco en los pagos municipales a empresas vinculadas familiarmente a ambas concejalas durante el mandato del exalcalde socialista Javier Rodríguez Palacios.

Acosta vinculó directamente la aprobación de estas conclusiones con la renuncia de Ibarra, presentada en el mismo Pleno: "Hoy se confirma lo que VOX lleva semanas denunciando: que existen presuntas responsabilidades que deberán ser asumidas y, en su caso, investigadas por las instancias correspondientes". El portavoz subrayó el compromiso de su formación con "la transparencia y la rendición de cuentas" y aseguró que seguirán trabajando para que "ningún comportamiento irregular quede sin esclarecer".

Además, el Grupo Municipal VOX recordó que las investigaciones no se limitan a Ibarra y Sánchez, y señaló que "el señor Blázquez está siendo investigado por la UDEF por la presunta comisión de diversos delitos penales durante su gestión al frente de la Ciudad Deportiva". Desde VOX insistieron en que continuarán defendiendo en el Ayuntamiento "los intereses de los vecinos, la legalidad y la transparencia institucional, tanto en la fiscalización de la acción de gobierno como en la defensa de las tradiciones y valores de la sociedad española".

Precisamente una de las señaladas, Blanca Ibarra, se convertía en protagonista de la primera parte del Pleno al acudir a su última sesión para despedirse de sus compañeros. En un discurso emotivo y a la vez crítico, agradeció su labor a los trabajadores municipales, alertó sobre las "líneas rojas" en el debate político y lanzó un dardo a su propio grupo por el "silencio cómplice" ante ataques personales. También puso nombre y apellido a su sucesora: Alba Ibáñez será quien ocupe su puesto en la corporación.

Ibarra comenzó su discurso agradeciendo su labor al personal municipal, a quienes definió como los que "de verdad sostienen esta institución cada día". Recordó que el Ayuntamiento es "un barco gigante donde se toman muchas decisiones" y subrayó que, frente al paso de los responsables políticos, son los trabajadores quienes garantizan la continuidad de los servicios públicos.

Tuvo palabras especiales para momentos críticos como la pandemia, cuando "no había un manual de instrucciones ni un protocolo a seguir", pero la plantilla estuvo "siempre al pie del cañón", demostrando una "voluntad con lo público" que, a su juicio, merece ser reconocida.

En su mensaje a los compañeros de corporación, Ibarra agradeció a quienes han sabido mantener el respeto institucional incluso en contextos de profunda discrepancia política. Defendió que la política debe ser "confrontación de ideas", pero nunca "descalificación personal", y advirtió de que existen "líneas rojas que nunca deberían sobrepasarse".

"Cuando la política se convierte en eso, todos perdemos un poquito y la ciudadanía, sin duda, lo pierde todo", alertó, en una reflexión que sonó como un aviso a navegantes sobre el deterioro del debate público.

Uno de los momentos más significativos de su intervención llegó cuando dirigió una reflexión "hacia dentro", hacia su propia bancada. Ibarra advirtió de que cuando se permite, "por acción o por silencio cómplice", que se produzcan ataques personales entre compañeros o se intente deshumanizar al adversario, quienes lo hacen o lo toleran deberían preguntarse "qué es lo que realmente les diferencia de aquello que tantas veces criticamos".

La concejala fue especialmente contundente al señalar que si se termina actuando de la misma forma que aquello que se denuncia, "quizá no estamos siendo lo que decimos ser". Un mensaje que, aunque no mencionó nombres, resonó con fuerza en el salón de plenos.

En el tramo final, Ibarra quiso introducir un tono más personal para referirse a tres compañeros de su grupo: Enrique Nogués, Miguel Castillejo y Alberto González, a quienes definió como "mucho más que compañeros", llegando a afirmar que son "familia". Recordó con ellos momentos "muy divertidos e inolvidables", pero también etapas "muy chungas y complejas", destacando que la experiencia compartida ha generado un vínculo "indestructible" por encima del ruido político.

Además, denunció que en diversas ocasiones se ha intentado generar divisiones internas o "escribir historias que no tenían nada que ver con la realidad", subrayando que solo ellos conocen lo vivido durante estos años. En este contexto, afirmó que por ellos "pasa el futuro de esta ciudad", mostrando su confianza en su continuidad política.

Antes de finalizar, Ibarra se dirigió a los vecinos y vecinas de Alcalá, recordando que durante este tiempo ha tenido "el honor" de representarles. Aseguró que la experiencia le ha aportado más de lo que ella ha podido ofrecer, destacando el valor de cada conversación, reunión o crítica recibida.

Pidió disculpas si en algún momento no ha estado a la altura o no ha podido responder con la rapidez deseada, asegurando que siempre ha intentado actuar "con respeto, con responsabilidad y con la voluntad de servir". Concluyó señalando que, aunque deja el cargo, seguirá siendo ante todo una vecina más de la ciudad, despidiéndose con un "nos vemos en las calles".

Tras su intervención, la portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, tomó la palabra para situar su mensaje en un plano personal. Recordó su primer contacto con Ibarra antes de dedicarse a la política, cuando la edil gestionaba el área de Salud en un momento "muy crítico y muy dramático" como fue la pandemia. Destacó que, en ese contexto, siempre mostró "palabras de aliento" y una "mano tendida", algo que consideró digno de reconocimiento.

El cierre correspondió al portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, quien le deseó "lo mejor en el camino" que inicia y destacó el valor del compromiso político. Fue el encargado de anunciar que la persona que sustituirá a Blanca Ibarra será Alba Ibáñez, a quien definió como "una gran persona" con ganas de iniciar esta etapa en la corporación.

Con la toma de conocimiento de la renuncia, el Pleno dio por cerrado este punto del orden del día, formalizando así la salida de una concejala que, en su despedida, quiso dejar claro que la política puede y debe hacerse de otra manera. Ibarra abandonó el Pleno justo antes de comenzar los asuntos de gestión, en los que la unanimidad fue la verdadera protagonista.

Los concejales dieron luz verde sin fisuras a varias modificaciones urbanísticas de calado:

Plan Parcial de Cuadernillos: se aprobó un cambio para considerar el uso deportivo de una parcela como el principal, y no como uno de los posibles.

Modificación de edificabilidad en El Ensanche: se aumentó el coeficiente de edificabilidad de las parcelas donde está construido el colegio concertado GSD Alcalá, que ha solicitado una ampliación de sus instalaciones para cumplir con los estándares educativos. La medida, que beneficia a un centro privado-concertado que opera sobre suelo público, salió adelante sin debate ni preguntas de la oposición.

Declaraciones de utilidad municipal: también por unanimidad se aprobaron las declaraciones de especial interés para las obras de acondicionamiento del patio de servicios del Monasterio Cisterciense de San Bernardo (Las Bernardas) , la restauración de cubiertas de la Catedral Magistral y la recuperación de elementos dañados de una vivienda en la calle Mayor número 19, afectada por un incendio hace unos meses. Esta declaración no es menor, ya que puede suponer una rebaja en el ICIO de todas estas obras.

Los concejales también conocieron, aunque sin debate, el resultado de la auditoría del Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Asimismo, aprobaron sin discusión una declaración institucional adhiriéndose a las medidas antifraude del plan EDIL.

Si la comisión de investigación había subido la tensión, las mociones no la rebajaron. Más Madrid y PSOE llevaron la situación del Colegio de Educación Especial Pablo Picasso en dos iniciativas que se debatieron de forma conjunta, poniendo sobre la mesa una situación que ya ha dado que hablar. Los partidos se sumaban así al proyecto por una educación especial de calidad que hace pocos días sacó a la calle a las familias en una marcha por las calles de Alcalá.

Más Madrid pedía recursos para el centro, mientras que el PSOE centraba su moción en un asunto muy concreto: la ausencia de ascensores en el colegio. El Gobierno Local desveló que este asunto ya está en tramitación, aunque depende de los tiempos de la administración. Ambas mociones fueron tumbadas por los votos del equipo de Gobierno.

La otra moción de Más Madrid también buscaba crear polémica. La formación exigía responsabilidades a la empresa encargada del mantenimiento de los pipicanes, Licuas S.A., por lo que consideraban un incumplimiento del contrato. El gobierno local respondió que el incumplimiento no está acreditado, ya que cuando se detectan deficiencias se actúa de forma inmediata. La moción fue rechazada con los votos de PP y VOX. También polémica fue la moción de VOX en la que criticaba la imposición de menús halal en los colegios. La propuesta no contó con el apoyo ni de los populares y se quedó en el tintero, al contar solo con el voto de la formación proponente.

El Grupo Municipal VOX presentó una moción en la que manifestaba su rechazo a la imposición de menús halal en centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales. La iniciativa respondía al proyecto de Real Decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que contempla la obligatoriedad de incluir este tipo de menús en determinados centros.

El portavoz local de VOX, Víctor Acosta, defendió la moción asegurando que "esta medida supone una imposición ideológica que afecta a las tradiciones, la cultura y la dieta mediterránea, además de tener un impacto económico en los servicios públicos". La propuesta, que incluía el rechazo a la implantación de estos menús, la defensa de la gastronomía tradicional española y la exigencia de que quienes residan en España respeten las costumbres del país, fue rechazada con el único voto a favor de VOX, mientras que el resto de grupos políticos votaron en contra.

El Día Internacional de la Mujer fue el centro de dos mociones de corte muy diferente: El PP pedía un apoyo explícito a las mujeres iraníes, además de recordar la muerte de Gemma Cuervo y su relación con la ciudad complutense. La moción salió adelante con los votos de PP y VOX. El PSOE pedía un compromiso institucional con la igualdad, en una iniciativa que fue rechazada por el equipo de Gobierno.

También se habló de seguridad en el Pleno. El PP presentó una moción pidiendo una reforma para luchar contra la multirreincidencia, que salió adelante con una enmienda de VOX que solicitaba, además, la expulsión de los extranjeros multirreincidentes. El PSOE, por su parte, presentó una moción sobre la Policía Local, pidiendo información sobre las distintas actuaciones realizadas por el cuerpo. Esta moción tuvo una segunda parte en el turno de decretos, cuando el portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, intentó llevar el debate hasta la dimisión del ex comisario de policía. Visiblemente nervioso por lo ocurrido durante la sesión, llegó a acusar al PP de "estar con los que bombardean colegios", un exabrupto que intentó tapar con una última intervención fuera del orden del día. Esta intervención dejó una frase críptica en boca de la concejala de Seguridad, Orlena de Miguel: "Veremos el tiempo a quién da finalmente la razón", afirmó.

El Pleno, como es habitual, terminó con el turno de ruegos y preguntas, en el que la oposición desveló que un acto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMADH) no pudo celebrarse al encontrarse con las puertas cerradas. El Gobierno Local explicó que el responsable del espacio tuvo que ir al médico, zanjando así la cuestión.

Un Pleno que, en definitiva, reflejó la creciente tensión política a las puertas de la precampaña electoral, con la comisión de investigación como gran telón de fondo y la mayoría de PP y VOX imponiéndose en las votaciones más disputadas.