El Gobierno Local sigue insistiendo en que todas las decisiones se tomaron en base a informes

Era de esperar que la situación de las piscinas de Alcalá durante este verano iba a tener más capítulos, y el próximo parece que se va a escribir en los juzgados. Y es que la Fiscalía de Madrid admitía a trámite y abría diligencias de investigación tras la denuncia de Más Madrid de lo que denominan "la crisis de las piscinas". Como han hecho desde el principio, desde el Gobierno Local le quitan hierro al asunto, tachando de alarmistas a los denunciantes, y afirmando que todas las decisiones se tomaron en base a informes.

Más Madrid Alcalá ha comunicado que, tras su denuncia, la Fiscalía ha iniciado diligencias de investigación en relación con la crisis de las piscinas municipales contaminadas en Alcalá de Henares. La denuncia se basa en varios presuntos delitos, incluyendo delitos contra la salud pública, prevaricación administrativa y desobediencia grave por inejecución de resoluciones sanitarias firmes.

La concejala portavoz de Más Madrid Alcalá, Rosa Romero, ha expresado que es deber de la oposición vigilar la gestión del Gobierno municipal, compuesto por el Partido Popular y Vox. Romero ha enfatizado la importancia de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos y ha instado al Gobierno de Judith Piquet a colaborar con la Justicia, proporcionando toda la documentación que no ha sido facilitada a la oposición.

El 27 de junio de 2025, la Inspección Sanitaria municipal realizó la toma de muestras de agua de las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva Municipal del Val y del Juncal, cumpliendo con la normativa sanitaria vigente (Real Decreto 742/2013 y Decreto 99/2024 de la Comunidad de Madrid). Sin embargo, a pesar de que los resultados de estas muestras no estaban disponibles, las piscinas fueron abiertas al público el 28 de junio de 2025, permitiendo el baño sin contar con el resultado de los análisis microbiológicos requeridos.

El 30 de junio, el Laboratorio Municipal emitió tres informes de análisis que detectaron la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en tres vasos distintos, todos ellos superando el límite legal permitido. Como consecuencia de estos resultados, el 1 de julio se emitieron resoluciones de precinto inmediato de las instalaciones y se suspendió el uso de los vasos afectados debido al riesgo para la salud pública, amparándose en el artículo 26 de la Ley 14/1986 General de Sanidad.

A pesar de las resoluciones de precinto, las piscinas continuaron abiertas al público sin que existiera un informe técnico municipal que contradijera los análisis ni una resolución que anulara los precintos. Esto generó una situación de riesgo, exponiendo a centenares de usuarios, incluidos muchos menores de edad, a la bacteria peligrosa, que puede causar infecciones dérmicas, otitis, conjuntivitis y, en personas inmunodeprimidas, infecciones más graves.

La actuación del Gobierno municipal, al permitir la apertura de las piscinas sin los análisis adecuados, no ejecutar las resoluciones de precinto y mantener las instalaciones operativas tras confirmarse la contaminación, podría constituir una vulneración de la normativa sanitaria vigente. Esto podría ser considerado un presunto delito contra la salud pública por imprudencia grave u omisión del deber legal, al poner en riesgo la salud de la población usuaria.

El Gobierno municipal, compuesto por el Partido Popular y Vox, ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo descontento respecto a una campaña de desinformación y alarma social liderada por el grupo político Más Madrid. Esta campaña se centra en la gestión de las piscinas municipales y ha sido criticada por el Ejecutivo local por considerarla basada en falsedades y un relato sesgado.

El Gobierno municipal denuncia que Más Madrid ha iniciado una campaña que no solo es alarmista, sino que también está fundamentada en un relato que ignora la normativa vigente y los informes técnicos que respaldan la gestión de las piscinas. Se acusa a Más Madrid de intentar socavar la confianza pública en el Gobierno municipal mediante acusaciones infundadas.

Desde el Ejecutivo local se enfatiza que la gestión de las piscinas se ha llevado a cabo cumpliendo rigurosamente con los protocolos sanitarios establecidos, en particular, el Real Decreto 742/2013 y el Decreto 99/2024 de la Comunidad de Madrid. Se asegura que todas las decisiones tomadas han estado basadas en informes técnicos y sanitarios, garantizando así que cada acción estuviera en conformidad con la normativa y supervisada por las autoridades competentes.

El Gobierno municipal subraya que no existe ningún informe sanitario que confirme la existencia de un brote o consecuencias clínicas atribuibles a las piscinas municipales durante la temporada. Esta afirmación se presenta como un argumento clave para desmentir el discurso catastrofista de Más Madrid, que el Ejecutivo considera infundado.

El Gobierno también critica la actuación de Rosa Romero y su grupo, acusándolos de preferir el escándalo mediático y de acudir a la Fiscalía en lugar de reconocer que su gestión se ajusta a la normativa sanitaria. Se argumenta que este enfoque no solo es irresponsable, sino que también socava la confianza en la gestión pública.

El Gobierno municipal concluye que la defensa de la salud pública requiere de rigor y no de demagogia. Se acusa a Más Madrid de optar por la mentira y la manipulación en lugar de contribuir a un debate constructivo sobre la gestión de las piscinas. Finalmente, el Ejecutivo se compromete a aportar toda la documentación relevante a la Justicia, reafirmando su disposición a actuar con transparencia y responsabilidad en la gestión de la situación.