El alcalde de Rivas pidió una asamblea extraordinaria que fue denegada

José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid (80.000 habitantes) y representante del conjunto de los municipios españoles gobernados por Izquierda Unida ha abandonado ayer la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en señal de protesta por su negativa de la presidencia a retirar el documento (de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local) que la mayoría, que ostentan los alcaldes del PP, ha consensuado con Moncloa.

Masa propuso, junto a los representantes de los municipios con alcaldes del PSOE y de CiU que, en su defecto, se convocara una asamblea extraordinaria, demanda a la que el PP se ha opuesto "imponiendo el peso de la mayoría con la que cuentan en el órgano ejecutivo de la FEMP. Los representantes socialistas también se marcharon de la reunión", según explicaba el alcalde.

El regidor de Rivas ha reiterado ante los componentes de la Junta de Gobierno de la FEMP la oportunidad que supone para esta organización invitar, a través de una asamblea extraordinaria, a la reflexión y el debate colectivo de todos los ayuntamientos de este país “unas reformas que van a marcar un antes y un después en las administraciones locales que son las más valoradas por la ciudadanía gracias a la cercanía a sus problemas y necesidades cotidianas”.

José Masa, que representa a los municipios en los que gobierna IU en toda España, siempre se ha mostrado muy crítico con el contenido de una reforma que aprobó el Consejo de Ministros como anteproyecto, el 15 de febrero pasado. “Mantengo que esta reforma, si finalmente se lleva a efecto en los términos en los que se nos ha presentado hoy, se va a convertir en la mayor agresión que se ha perpetrado contra los ayuntamientos en toda la historia de la democracia”, recalca el alcalde de Rivas. La ‘Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local’.

“Aunque se trate de distorsionar con mensajes que tienen poco que ver con su intención última, lo que quiere hacer el Gobierno de Rajoy es retirar a los ayuntamientos las competencias delegadas en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, sin que asegure a la ciudadanía que se vayan a seguir prestando. Y en muchos casos, lo que se busca es la privatización de servicios públicos muy valorados por la ciudadanía”.