La localidad disuelve el Consorcio Urbanístico

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha aprobado en su último Pleno una serie de decisiones sobre el control de la edificabilidad y la titularidad pública de las viviendas protegidas, con el objetivo de garantizar que las nuevas construcciones de vivienda protegida sean de propiedad pública y promover el acceso a la vivienda, según ha informado el consistorio.

En materia de vivienda colaborativa, el Pleno ha avanzado en la tramitación urbanística de las cooperativas Cosmos y Taray, del proyecto Cohabita Rivas para personas mayores. Se ha aprobado el estudio de detalle de dos parcelas en el sector de La Fortuna: Taray, de 4.425,50 metros cuadrados, y Cosmos de Rivas, de 4.418,40. La tercera cooperativa, La Corrala, ya cuenta con su estudio y licencia de obra.

El Pleno ha aprobado también una resolución sobre la aplicación de dos artículos de la Ley para el incremento de la oferta de Vivienda con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, que permite a los ayuntamientos decidir sobre el incremento de edificabilidad y densidad. El Ayuntamiento ha decidido que ese aumento solo se aplique a parcelas con vivienda protegida de titularidad pública, excluyendo los suelos de titularidad privada. Además, ha rechazado la concesión de licencias de alojamiento temporal en parcelas de calificación industrial, argumentando que no resuelve el problema estructural de la vivienda.

El consistorio ha puesto en marcha su Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo con la licitación de tres parcelas para más de 500 viviendas públicas en alquiler, con precios estimados entre 450 y 900 euros, integradas en la trama urbana y con los bajos reservados para uso comercial o dotaciones municipales. Asimismo, el Pleno ha aprobado un plan especial para una parcela en el sector de La Colinas que sumará cinco nuevas viviendas protegidas.

En la misma sesión, el Pleno ha ratificado el acuerdo con la Comunidad de Madrid para la liquidación definitiva del Consorcio Urbanístico Rivas Vaciamadrid, una entidad creada en 1995 para impulsar el desarrollo de los terrenos del Mirador Sur, que con esta operación vuelven a ser titularidad de la Comunidad de Madrid. El acuerdo de cese y disolución se había firmado en 2016, pero la tramitación se ha prolongado durante años hasta alcanzar el acuerdo definitivo.

El Mirador Sur es uno de los grandes ámbitos de crecimiento pendientes del municipio, en una zona estratégica próxima al recinto ferial Miguel Ríos y al entorno del Parque Regional del Sureste. El planeamiento vigente, aprobado en 2005, contemplaba más de 490.000 metros cuadrados destinados a vivienda, repartidos entre unifamiliar y colectiva. Sin embargo, el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana plantea un modelo diferente, alejándose de la construcción residencial prevista y destinando una parte del ámbito, junto al recinto ferial, a usos dotacionales, mientras que el resto se plantea como zona de transición con el Parque Regional del Sureste. El documento municipal argumenta que la elevada pendiente del terreno dificulta un desarrollo urbanístico convencional y que debe tenerse en cuenta el valor medioambiental de un espacio que limita directamente con el parque regional.

Durante estas décadas el Mirador Sur ha permanecido prácticamente sin desarrollar, mientras otras grandes áreas de expansión como el Cristo de Rivas o Los Montecillos sí han experimentado transformaciones. En 2022 las dos administraciones ya dejaron constancia de su intención de mantener una colaboración futura para desarrollar el Mirador Sur de acuerdo con el planeamiento municipal, por lo que la disolución no supone que el suelo quede sin futuro urbanístico, sino que cambia el instrumento administrativo de gestión y el marco de planificación sobre el que deberá decidirse su utilización.

El Pleno ha aprobado además una moción para rechazar el aumento de la tasa de incendios que los ayuntamientos pagan a la Comunidad de Madrid, y otra que insta al Gobierno regional a revisar el modelo de residencias para mayores y a construir una residencia pública en la parcela cedida por el Ayuntamiento en 2006.