El ex consejero de sanidad formaba parte de la empresa que gestiona los análisis de sangre de los Hospitales

El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, ha insistido, tras conocer la dimisión de Güemes en Unilab, en “endurecer la legislación sobre incompatibilidades” ya que “el 'Caso Güemes' ha demostrado que si bien su situación era legal, éticamente era impresentable”. En este sentido, ha señalado que “es evidente, que más de tres años después de que Güemes hubiese abandonado la Consejería de Sanidad, seguía existiendo el mismo conflicto de intereses”.

Sánchez ha afirmado que “el espectáculo que se está dando en la Comunidad de Madrid estos días es bochornoso. Rato, Güemes, Aguirre...se han sumado a otros tantos que han entendido la política como un trampolín a la empresa privada, poniendo de relieve el actual estado de afectación al interés general y la res pública, y siendo, por tanto, necesario acometer reformas legales para una mejor delimitación entre los intereses privados y públicos”. Finalmente, el dirigente de IU ha avanzado que “IU está trabajando en una batería de iniciativas que hagan sencillamente imposible que puedan darse más situaciones de este tipo”.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, consideró que ha sido la “presión social y cívica”, además de la "denuncia política", la que ha obligado al ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes a dejar su cargo en la empresa sanitaria Unilabs. Lara valoró que podría pasar algo similar si la ciudadanía presionara del mismo modo con otros destacados casos conocidos, "como el trabajo privado que ejercen en empresas distintas los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, compaginándolos con sus retribuciones públicas por sus antiguos cargos".

En respuesta a los medios en el Congreso mientras valoraba la convocatoria del Debate sobre el estado de la Nación, el máximo responsable de IU consideró “lógica” la renuncia de Güemes de dejar su cargo en la empresa que gestionará los análisis clínicos de seis hospitales, dentro del proceso de externalización de la Sanidad Pública madrileña al que él mismo contribuyó al privatizar los análisis clínicos de estos mismos hospitales.

Lara consideró que esa misma beneficiosa presión social debe ejercerse también “sobre otros casos que se puedan producir en el futuro”. Afirmó que estos casos “han llegado a un nivel de escándalo muy importante. Ya está bien de puertas giratorias, de ‘caballos de Troya’, de gente que entra en los servicios públicos para sabotearlos, expoliarlos y venderlos baratos a empresas privadas y, pasado un tiempo, terminan recalando en estas mismas empresas”.

Preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el cobro del euro por receta decretado por el Gobierno de Cataluña, el coordinador federal de IU reclamó al Alto Tribunal que “actúe con la misma agilidad con el euro de la Comunidad de Madrid”, implantado por el Ejecutivo del PP.