Pedirá a la Defensora del Pueblo que recurra al Constitucional

El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, registró ante la institución del Defensor del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad y la “paralización inmediata” de la implantación de la tasa del euro por receta aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Generalitat de Cataluña. Llamazares valoró que no estamos ante una medida disuasoria sino que “muy al contrario, es un proceso recaudatorio y expropiatorio, es una discriminación inaceptable entre los ciudadanos españoles y respecto a los más enfermos, ya que serán éstos los que más paguen”.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar dicha solicitud en el Registro del Defensor del Pueblo, el diputado de IU expuso que "el euro por receta –medida en vigor en Madrid desde el 2 de enero y en Cataluña, desde junio- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos".

Consideró que los ciudadanos catalanes y madrileños se enfrentan realmente a un “nuevo impuesto a la enfermedad”, además de que este “insoportable ‘tripago’ ataca especialmente a los pacientes que sufren varias enfermedades, los enfermos crónicos y los pensionistas".

El parlamentario de IU por Asturias destacó que "el recurso de inconstitucionalidad propuesto a la Defensora del Pueblo –IU no puede interponerlo directamente ante el Tribunal Constitucional al no disponer de los 50 parlamentarios que marca la ley- incluye la exigencia de que se paralice cuanto antes para que los gobiernos madrileño y catalán no sigan vulnerando las competencias estatales y la igualdad de los españoles en derechos fundamentales como el de la salud”.

“Hemos recurrido esta medida –expuso Llamazares- porque pensamos también que es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y el de Cataluña hecha a sabiendas de que esta competencia no es propia, es del Estado, y vulnera la igualdad en la atención sanitaria”.

En la completa exposición que incluye el texto se recuerda que "el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la Constitución".

Por ello, “no cabe admitir que, en el ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos tengan que abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".