David Marjaliza, condenado a ocho años y dos meses de cárcel

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia condenatoria en una de las pieza del caso Púnica, un escándalo de corrupción que ha afectado a varios municipios de la Comunidad de Madrid. En concreto, la pieza seis se centra en la corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely, a cambio de sobornos y comisiones. Este esquema delictivo se desarrolló entre 2012 y 2014 y ha implicado a un número significativo de funcionarios y políticos, incluidos exalcaldes de la región.

La sentencia ha condenado a un total de 29 personas, entre las cuales se encuentran seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid:

Daniel Ortiz Espejo (exalcalde de Móstoles, PP)

Agustín Juárez (exalcalde de Collado Villalba, PP)

Carlos Alberto Estrada (exalcalde de Moraleja de Enmedio, PP)

Antonio Sánchez Fernández (exalcalde de Serranillos del Valle, partido independiente)

José María Fraile (exalcalde de Parla, PSOE)

Además, se han condenado a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, con antecedentes en la política local y regional del PP.

El regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), ha recibido una pena de inhabilitación especial. Por otro lado, se han absuelto a José García Lobato (Almendralejo, Badajoz) y José Carlos Boza (Valdemoro), ambos del mismo partido.

La condena más significativa ha recaído sobre David Marjaliza, considerado el corruptor principal de la trama, quien ha sido sentenciado a ocho años y dos meses de prisión. También se han impuesto penas de más de seis años de cárcel a altos directivos de Cofely, incluyendo a Didier Roger Maurice (exdirector general), Constantino Álvarez (exdirector comercial) y Pedro García Pérez (exdirector comercial).

La empresa Cofely ha sido sancionada con una multa superior a 3,5 millones de euros como parte de la sentencia.

El tribunal ha determinado que entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal. Esta organización tenía como objetivo obtener contratos de eficiencia energética mediante la corrupción de autoridades y técnicos encargados de adjudicar los contratos.

Cofely utilizaba información privilegiada sobre el consumo y el estado de las instalaciones antes de las licitaciones, además de participar activamente en la elaboración de los expedientes administrativos. Esto incluía la fijación de precios y criterios de valoración que beneficiaban a la empresa, permitiendo así incluir sobrecostes que se cargaban a los ayuntamientos.

El tribunal concluye que este patrón de conducta se repitió en la mayoría de los ayuntamientos involucrados en el caso. La sentencia se ha emitido once años después del inicio de la investigación en junio de 2014. El tribunal ha atribuido esta demora a la sobrecarga de trabajo en la Sala Penal de la Audiencia Nacional y otros déficits estructurales.

Es importante mencionar que Francisco Granados, uno de los principales acusados en el caso Púnica, solo ha sido juzgado por un asunto tangencial relacionado con un chivatazo que recibió de un guardia civil durante la investigación.