Según la investigación, remitida al Ministerio de Industria, cobran por servicios gratuitos, utilizan publicidad engañosa y cobran mensajes enviados sin que el usuario se haya dado de alta

La Comunidad de Madrid, a través de los servicios de inspección de consumo de la Dirección General de Consumo, detectó que el 46,2% de las empresas proveedoras de servicios SMS Premium realizan cobros indebidos, entre ellos, de sms sin haber solicitado el alta en el servicio y de sms que deberían ser gratuitos para el usuario.

La campaña se realizó entre los meses de marzo a junio de 2013 y en ella se han realizado inspecciones en 15 empresas, 11 de ellas titulares de números cortos autorizados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y cuatro que sólo son proveedoras de contenidos. Consumo registró en el primer semestre del año un total de 735 reclamaciones relacionadas con este tipo de servicios, lo que supone un descenso del 24,5% respecto al primer semestre del año anterior (915).

La Comunidad ha detectado irregularidades en todas las empresas que prestan este tipo de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes de texto y multimedia que tienen alguna prestación especial de información, comunicación y entretenimiento (descargas de contenidos de música, vídeos, juegos, votaciones, servicios de chat o donativos)

Las reclamaciones se originaron en su mayoría por altas no deseadas debido a la falta de transparencia en la información ofrecida por las empresas, al no comunicar al consumidor que el servicio SMS Premium conlleva un determinado coste. La principal irregularidad detectada por los servicios de inspección, que afectó al 100% de las empresas, fue el incumplimiento de los deberes de información previa a la contratación, en particular, en materia de hojas de reclamaciones.

Consumo descubrió que el 92,3% de las compañías registra incumplimientos sobre las condiciones en la publicidad emitida en este tipo de servicios, que exige el envío de dos o más sms sujetos a la tarificación adicional. El 77% de las compañías incumple al ofrecer información confusa sobre la verdadera naturaleza del servicio y sobre el responsable del mismo, publicidad engañosa, omisión de las condiciones generales del servicio que la empresa publicita y por presentar condiciones generales en idioma extranjero.

En el caso del 61,5% de los casos, hay irregularidades en la prestación de los servicios al no tener disponibles los contenidos ofertados para su descarga, por no atender las reclamaciones presentadas ante el servicio de atención al cliente de la empresa y por incumplimiento de las condiciones de servicio que ofertan.

El 46,2% de las empresas incluye posibles cláusulas abusivas por sujeción del contrato a jurisdicción distinta al domicilio del consumidor, por vincular el contrato a la voluntad del empresario o por incluir cláusulas que vulneran los derechos de los consumidores.

Como resultado de esta campaña, la Dirección General de Consumo está incoando varios expedientes de sanción. Asimismo, se dará conocimiento de la información de irregularidades observadas a la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, dependiente de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).