Un caso en Alcalá quedó archivado por fallos técnicos

La Comunidad de Madrid ha alertado de la detección de 40 posibles casos de fallos en los dispositivos de seguimiento telemático para víctimas de violencia contra la mujer, conocidos como pulseras antimaltrato. Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, celebrada en la sede de la Consejería.

Durante el encuentro, al que también ha asistido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha adoptado un acuerdo que insta al Ministerio de Igualdad a dar explicaciones claras y oficiales sobre lo ocurrido, así como a impulsar una auditoría independiente que determine con precisión el alcance de los errores. “Es fundamental saber cuántas mujeres se han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales se han visto comprometidos y si ha habido agresores beneficiados por este fallo”, ha señalado García Martín.

Además, el documento solicita información concreta sobre los motivos por los que algunas víctimas han solicitado la retirada de estos dispositivos, así como de los requerimientos, comunicaciones o alertas cursadas desde las Comisiones Provinciales de Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a fallos o incidencias de los mismos, y la respuesta que se ha ofrecido.

La Comunidad de Madrid también reclama al Ejecutivo central que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de estos recursos, reforzando los protocolos de control técnico y seguimiento. Asimismo, ofrece su plena colaboración para mejorar los mecanismos de protección, velando porque las víctimas puedan confiar plenamente en el sistema.

El consejero ha informado de que en Madrid se han detectado 40 posibles casos de fallos en las pulseras antimaltrato: seis en las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, dependientes de la consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local; 31 a través de la Agencia de Seguridad y Emergencia ASEM 112 y otros tres, que se han comunicado al 012 Mujer.

Por su parte, la consejera Ana Dávila, que ya envió una carta al Gobierno de Pedro Sánchez, el pasado martes 23, pidiendo explicaciones “inmediatas y exhaustivas”, ha explicado que desde la pasada semana su departamento ha recibido quejas de usuarias en el 40% de los servicios municipales de atención.

“La realidad es que muchas mujeres se sienten indefensas ante un sistema que, por fallos de conexión, cobertura o incluso manipulación por parte del agresor, las expone a un pitido constante, intervenciones policiales y comunicaciones desde la central en cualquier momento y lugar, ya sea en mitad de su descanso durante las horas de sueño, o en el desempeño de su jornada laboral”, ha asegurado Dávila.

En esta sesión del Observatorio también se ha abordado el último asesinato de una mujer en Getafe, ocurrido el 24 de junio, y se ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con la lucha contra esta lacra con medidas para la sensibilización y prevención, la formación de los agentes profesionales implicados y la atención integral a las víctimas.

"Queremos investigar. Lo que estoy viendo todos los días es que cada vez que sale una mujer que ha fallecido por violencia de género estaba en el sistema de Viogén. El Viogén este no funciona, las pulseras nunca funcionaron y no nos han dejado de mentir y luego según qué leyes sectarias, lejos del rigor jurídico, están haciendo que las mujeres en España están completamente desprotegidas. Aquí, como no va a dimitir nunca nadie, parece que nos tenemos que acostumbrar a que las cosas no funcionen, pero no tiene perdón que haya mujeres que hayan estado protegidas y que les haya podido ocurrir lo que ayer antes de ayer le pasó a otra mujer que estaba en el Viogén. Tanto dinero para darnos lecciones", resumía Ayuso en una entrevista.

Además, hace unos días OKDIARIO publicaba una resolución judicial relevante que pone de manifiesto los fallos en el sistema de pulseras de protección para víctimas de violencia de género en España. Esta resolución, emitida por la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, pone en entredicho la efectividad del sistema y la gestión del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo.

El caso se origina en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcalá de Henares y se refiere a un sobreseimiento provisional por quebrantamiento de una orden de alejamiento. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que los problemas técnicos del sistema Cometa fueron la causa principal para no poder perseguir el delito denunciado. Según el auto judicial, las incidencias técnicas incluyeron problemas de batería y cobertura que llevaron a falsas alarmas entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Los magistrados señalaron que la falta de cobertura y la escasa batería del dispositivo de seguimiento causaron que el investigado perdiera la señal, lo que a su vez llevó a la pérdida de pruebas cruciales para el caso. Se mencionó que el investigado había cambiado de pulsera en varias ocasiones debido a problemas técnicos.

El artículo menciona que la Memoria de la Fiscalía indica que se perdieron datos previos al 20 de marzo de2024, lo que ha complicado aún más la situación para las víctimas y el sistema judicial. Este hecho ha creado un ambiente kafkiano en el que las víctimas se ven atrapadas sin recursos legales claros. A pesar de las críticas, la ministra ha anunciado un nuevo contrato de licitación para mejorar el sistema, que se activará en mayo de 2026. Este contrato incluirá mejoras para evitar las incidencias técnicas que han afectado el sistema hasta ahora.

"La convocatoria del Observatorio Regional de la Violencia de Género en este momento, después de 10 meses sin celebrarse, es oportunista. El PP está instrumentalizando un espacio serio, queriendo convertirlo en una oportunidad más para la confrontación partidista. En esta ocasión a cuenta de las pulseras antimaltrato. Se ha dilatado durante más de diez meses la reunión de este órgano -la última fue el 12 de noviembre de 2024-, y en esta el último asesinato machista analizado en el punto 2 de esta convocatoria, se produjo hace ya tres meses. Por todo ello, CCOO de Madrid se ha abstenido a la hora de votar los acuerdos, presentando un voto particular y solicitando que se refleje en el acta", valoraba CCOO.

CCOO Madrid exige una investigación del funcionamiento del sistema de pulseras antimaltrato del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), así como la subsanación inmediata de las deficiencias y la correspondiente depuración de responsabilidades, ya que estos errores no son admisibles bajo ninguna circunstancia.

Más allá de la revisión de la licitación y del cumplimiento de los contratos vigentes, CCOO de Madrid ha pedido que se incluyera en los acuerdos del observatorio la reclamación para que Cometa se constituya como un servicio de atención cien por cien público, ofreciendo seguridad y estabilidad, tanto a las personas trabajadoras que vigilan el sistema como a las personas las que atienden. El PP no ha incluido ninguna propuesta nueva a las que ya tenía escritas de antemano.

Para CCOO Madrid es preciso actuar de forma contundente para desterrar cualquier duda y reafirmar la confianza de las mujeres y del conjunto de la sociedad en todo el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, garantizando el funcionamiento de un sistema eficaz para la seguridad de las mujeres y el control de sus agresores.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Bergerot respondió a las declaraciones de Ayuso con ironía, sugiriendo que la preocupación por la seguridad de las mujeres por parte de las derechas es reciente y no genuina. Señaló que el Gobierno regional tardó "dos años" en convocar el Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género, lo que, en su opinión, evidencia una falta de compromiso real con la causa.

La portavoz de Más Madrid destacó que, a pesar de las competencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no se había convocado el Observatorio en un tiempo razonable y que, además, los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia machista se habían reducido en un 50% en la última década. También mencionó la drástica disminución de las campañas de prevención en institutos, que pasaron de 4,770 a solo 30.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, defendió que el Ministerio de Igualdad ha proporcionado suficientes explicaciones sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Espinar instó a Ayuso a justificar la disminución de fondos destinados a la Red Integral de Violencia contra las Mujeres. Por su parte, Carlos Díaz-Pache, del PP, acusó al Gobierno central de haber "desprotegido a las mujeres", haciendo referencia a la ley 'solo sí es sí'. Criticó la impunidad del Gobierno de Sánchez ante las críticas recibidas.

Isabel Pérez Moñino, representante de Vox, criticó al Gobierno, que se autodenomina como "el más feminista de la Historia", argumentando que sus políticas han puesto en mayor peligro a las mujeres. Cuestionó la efectividad de las leyes, describiéndolas como "sectarias" e "ideológicas", y afirmó que han resultado en la liberación de violadores y en la reducción de condenas para estos delitos.