01
Ago
2013
Montoro aprueba una rebaja del objetivo de déficit para las Comunidades incumplidoras Imprimir
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Foto cedida por CAMMadrid, como premio por cumplir, tendrá más recortes

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado por amplia mayoría la propuesta de fijar un objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas en 2013, así como para el periodo 2014-2016, como consecuencia de la nueva senda de estabilidad fijada para España por la Unión Europea.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseveró que "ya se pueden apreciar los resultados de la imprescindible política de consolidación fiscal, pero ello no quiere decir que podamos relajarnos y dar un paso atrás", por lo que justificó que todas las comunidades reduzcan su objetivo de déficit, en mayor o menor grado, en función del grado de cumplimiento en el año 2012.
De forma excepcional,  en 2013, se establecen objetivos diferenciados de déficit para cada una de las Comunidades Autónomas, dada la situación dispar de partida. Para Hacienda, "no se puede caer en el error de identificar objetivos diferentes con privilegios, discriminaciones o con un trato más o menos benigno". Para la elaboración de la propuesta se han tenido en cuenta la situación de las cuentas públicas y el esfuerzo fiscal realizado por cada Comunidad Autónoma.

Todas las Comunidades siguen avanzando en la senda de consolidación fiscal, si bien aquellas que cumplieron con el objetivo de déficit en 2012, fijado en el 1,5% del PIB regional, ven ahora reducido el esfuerzo a realizar, respecto a las incumplidoras.

"El tener en cuenta la situación presupuestaria y financiera de cada comunidad no es premiar a las que lo han hecho peor durante estos últimos años y perjudicar a las que lo han hecho mejor, sino considerar la realidad heterogénea de la situación de partida de cada comunidad autónoma para fijar unos objetivos de estabilidad que sean realistas, alcanzables a la vez que exigentes, y que no contribuyan a ahogar o a deprimir más la situación de algunas economías regionales", subrayó el ministro.

Las cinco comunidades que cerraron 2012 con un déficit superior al autorizado (Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares) serán las que más esfuerzo tengan que realizar en 2013 para cumplir con el objetivo fijado. Además, han tenido que elaborar un Plan Económico Financiero, con medidas de aumento de ingreso y reducción del gasto, que han sido considera idóneas por el CPFF.

En el caso de Extremadura, la región con menor déficit en 2012 (-0,70% del PIB), se le permite excepcionalmente tener un déficit mayor en 2013, hasta el 1,00%, como suelo de déficit, ya que en 2012 obtuvo unos ingresos excepcionales por la ejecución de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional, que no se van a volver a repetir en 2013.
Según Montoro, "es una propuesta de objetivos individuales de estabilidad para cada una de las Comunidades Autónomas equilibrada, sensata, justa, realista, adaptada a las circunstancias y positiva para cada comunidad y para el conjunto de España".

En cuanto a los objetivos de deuda pública para 2013, son congruentes con el volumen de endeudamiento de cada comunidad a 31 de diciembre de 2012, con el objetivo de déficit propuesto y con las necesidades financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación autonómico.

Igualmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha concretado al CPFF la propuesta de objetivos de déficit y deuda del conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2014-2016.

Según los datos presentados en el Consejo, las Comunidades Autónomas han disuelto o están en la fase previa a su extinción, y por tanto, sin actividad, un total de 554 entidades, equivalentes el 108% de las 515 entidades que se comprometieron a suprimir. Por otra parte, en la reunión de hoy, las Comunidades Autónomas también han acordado nuevos compromisos en la supresión de entidades del sector público autonómico hasta totalizar una reducción neta total de 734 entes, 219 unidades más en relación a su compromiso inicial. De esta forma, cuando se culminen todos los procesos, se pasará de las 2.362 entidades existentes a 1 de julio de 2010 a 1.628.

Por último, se ha propuesto el nombramiento, por un periodo de cinco años, de Juan Zornoza Pérez, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, como presidente de la Junta Arbitral de Resolución de conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas. Igualmente, se ha nombrado vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera al representante de las Illes Balears.

Por último, se ha informado sobre el proyecto de ley que obligará a pagar a las Administraciones Públicas a sus proveedores en el plazo de 30 días.

Sin embargo, no a todos les gustó el nuevo reparto. La Comunidad de Madrid, única Comunidad gobernada por el PP que votó en contra, criticaba con dureza el déficit a la carta. "La Comunidad denuncia que el déficit a la carta aprobado ayer por el Consejo de Política Fiscal y Financiera concede un mayor margen a las regiones incumplidoras en detrimento de las regiones que cumplieron el objetivo marcado por el Gobierno de España el pasado año, algo que hace peligrar el cumplimiento de los objetivos de déficit en los próximos años, ya que esta medida, contraria al espíritu de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, desincentiva el cumplimiento", explicaban en un comunicado.

Así se refleja en el informe presentado al Consejo de Gobierno por el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, en el que se explican los motivos por los que la Comunidad de Madrid votó en contra de los acuerdos adoptados ayer. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conseguido un ahorro de casi 5.000 millones de euros desde el comienzo de la crisis en 2008 sin subir los impuestos, con lo que ha conseguido una administración más austera y eficiente, pero según el informe, ya se ha “tocado el hueso” en materia de reducción del gasto, y realizar más esfuerzos pueden poner en peligro la garantía de los servicios públicos esenciales de los que ahora disfrutan los madrileños.

Cabe recordar que el gasto social en el Presupuesto para 2013 supone el 90% del total del gasto no financiero, es decir, a Sanidad, Educación, Transporte y Asuntos Sociales. Además, Cataluña y Andalucía, regiones con un peso económico similar al de la Comunidad, y a las que el Ministerio de Hacienda ha dado cinco décimas más de déficit que a Madrid, tienen un presupuesto de unos 30.000 millones de euros, frente a los 17.000 millones de Madrid.

Así, con el déficit a la carta, los ajustes realizados por los madrileños revierten directamente en un mayor margen para las regiones incumplidoras, lo que supone un desincentivo al cumplimiento de los objetivos de déficit. Es decir, los esfuerzos de contención del gasto que hicieron una serie de comunidades en 2012, se convierte ahora en mayor déficit para las incumplidoras y por lo tanto un mayor relajamiento en la reducción de los gastos. Ahora los esfuerzos tendrían que hacerlos otros, concluye el informe.

En este sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid ha garantizado que no serán necesarios nuevos ajustes que supongan un esfuerzo añadidos a los ciudadanos madrileños, para poder cumplir con el objetivo de déficit fijado para este año a la región.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas justifica este reparto asimétrico de los objetivos aduciendo que ninguna Comunidad autónoma puede tener un objetivo superior al obtenido en 2012, un principio que la propia Administración del Estado ha incumplido al asignarse al conjunto del Estado y Seguridad Social un objetivo superior (-5,2%) al registrado en 2012 (-5,02%). Así ha sucedido también con el objetivo de déficit fijado a cuatro autonomías, Extremadura, La Rioja, Asturias y Galicia, a las que se les ha asignado un objetivo de déficit superior al conseguido en el ejercicio 2012.

Por otra parte, el establecimiento de objetivos individuales diferentes lleva a que las comunidades que incumplen, como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares tengan objetivos de déficit mayores que el resto, puesto que el sistema de fijación parte de la cifra de cumplimiento/incumplimiento en 2012, algo contrario a la Ley Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera (LOEPSF).

Esta Ley establece una serie de mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos para conseguir el cumplimiento de los objetivos de déficit, y en ningún precepto de la norma se dice que la reacción al incumplimiento sea dar mayores objetivos de déficit. De hecho, resulta totalmente contrario a los preceptos y a los principios de esta norma utilizar unos criterios de reparto de los objetivos que lleven a dar objetivos mayores al incumplidor.

La Ley establece que el Ministerio de Hacienda debe velar por el cumplimiento de los objetivos y para ello dicha norma ofrece dispone de unos mecanismos de uso obligado para evitar el incumplimiento de los objetivos, o que estos incumplimientos fueran menores, mecanismos que el Gobierno de la Nación no ha utilizado en 2012.

Esta actitud de no actuar para evitar el incumplimiento y dar ahora más objetivo a las regiones incumplidoras es contraria al principio de lealtad institucional de la propia LOEPSF, al principio de responsabilidad, a la seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, señala el informe. Con la decisión tomada ayer, la LOEPSF, se ha convertido en “papel mojado”, señala el informe.

La Comunidad de Madrid ha sido la región más perjudicada por el actual Sistema de Financiación Autonómica, un modelo que fue diseñado por el anterior gobierno socialista para perjudicar a Madrid mediantes distintos retorcimientos estadísticos y que sigue teniendo consecuencias.

El Sistema de Financiación Autonómica quita estructuralmente a Madrid 1.000 millones, que según avanza el sistema a lo largo de los años, empeora y agrava aún más el quebranto, siendo la Comunidad la región más afectada por las trampas de este modelo. Paralelamente, en 2013 han dado a Madrid 2,3 décimas menos de objetivo de déficit (1,07% frente al 1,3% de déficit medio) que a la media de las comunidades, equivalente a 370 millones de euros.

Con esos más de 1.300 millones, la Comunidad de Madrid podría financiar el coste de la farmacia hospitalaria y el gasto en vacunas, los cheques de guardería, las becas de comedor y las becas libro, entre otras actuaciones. Alternativamente, con ese dinero que se priva a Madrid, este año podría financiarse todo el gasto de recetas de farmacia, o asignar la Renta Mínima de Inserción (RMI) a 262.000 personas ó 71.000 plazas en residencia a mayores, ó financiarse 345.000 plazas en colegios públicos.

La pérdida de 1.000 millones de financiación por parte de Madrid en el año 2013 no es un hecho aislado, ya que en 2014, consolidará esa pérdida, lo que le sitúa como la región con peor evolución de la financiación entre 2009-2014. Así, aunque en 2014 van a dar el mismo objetivo a todos, un 1%, se incrementa la injusticia de la merma de los ingresos del Sistema de Financiación, de manera que no sólo son 1.000 millones, sino que se suman casi 300 millones más. Las últimas decisiones tomadas en el CPFF hacen peligrar la recuperación económica de Madrid, y por lo tanto de España, ya que la Comunidad es el motor económico nacional.