Las asociaciones que alquilen viviendas para fines sociales tendrán una rebaja en la renta

La Comunidad de Madrid ha diseñado un ambicioso paquete de reformas para flexibilizar el acceso a la vivienda protegida en la región y dar una respuesta eficaz a las nuevas necesidades de los ciudadanos en el actual contexto de crisis económica. Con este objetivo, ha previsto una serie de cambios en la normativa que permitirán acceder a una vivienda protegida a colectivos que antes no podían beneficiarse de esta ayuda, reducir la renta en función de las necesidades de cada adjudicatario, fomentar el mercado del alquiler, dar salida al stock de viviendas disponibles y dinamizar un sector económico clave como es el de la construcción. El Consejo de Gobierno conoció hoy un informe sobre estas modificaciones, según destacó el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

Entre las medidas previstas, una de las principales novedades es la eliminación del límite de edad para poder optar a las viviendas del Plan Joven, de forma que los mayores de 35 años también podrán beneficiarse de sus condiciones ventajosas.

Hasta ahora, podían optar a estas viviendas los menores de 35 años que no excedieran 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Gracias a este cambio, si existen viviendas disponibles podrán solicitarlas quienes superen esa edad y cumplan el resto de los requisitos.

Con este cambio, la Comunidad de Madrid permite acceder a una vivienda a aquellas personas que tienen ingresos pero no pueden hacer frente al pago de un precio de mercado, un problema que antes afectaba sobre todo a los jóvenes pero que en la actualidad se ha extendido a otros grupos de edad.

Estas viviendas tienen un precio de alquiler más bajo que el de mercado y, además, los arrendatarios pueden optar a comprarla, recuperando un 50% del precio de renta ya pagado. En este punto el cambio de normativa también incluye una importante novedad, porque hasta ahora el plazo a partir del cual podían ejercer el derecho a compra era de entre cinco y siete años, y ahora podrán hacerlo a partir del primer año. Además, también está previsto reducir el plazo mínimo de arrendamiento a seis meses, lo que contribuirá a flexibilizar el mercado del alquiler. Por otro lado, la modificación del reglamento de vivienda protegida también amplía la superficie máxima de estas viviendas, que pasa de 70 a 80 metros cuadrados.

El Plan Joven nació en 2005 para facilitar el acceso a una primera vivienda a precios asequibles a los jóvenes con menos ingresos, al mismo tiempo que se generaba un modelo de vivienda protegida en alquiler con opción a compra atractivo para que las promotoras privadas se animasen a construir un parque de viviendas públicas. El éxito de acogida de este Plan llevó a la Comunidad de Madrid a sumarse a la iniciativa privada construyendo promociones a través del IVIMA, así como algunos Ayuntamientos a través de sus promotoras públicas.

Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha entregado 13.506 viviendas del Plan Joven repartidas en 41 municipios de la región desde 2005, y otras 4.178 están en construcción. Sin embargo, algunos de estos jóvenes (1.839) han renunciado a su derecho a la vivienda, alegando causas económicas como paro o inestabilidad laboral o por encontrarse en otra comunidad o en el extranjero, y sus pisos han quedado libres para el resto de los solicitantes de la Lista Única. En este sentido, la eliminación del requisito de la edad permitirá dar salida al stock de viviendas disponibles, cuyo listado se encuentra detallado en el portal de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Otra de las novedades es la posibilidad de cambiar el régimen de uso de las viviendas, que podrán ofrecerse para venta, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra según las necesidades que presente cada caso concreto. Esta medida permitirá adaptar la oferta a la demanda de cada momento y así dinamizar el mercado, evitando que se queden viviendas vacías porque no se adapten a las necesidades de quienes se interesen por ellas.

Así, por ejemplo, los promotores de viviendas protegidas en alquiler con opción a compra podrán cambiar el régimen al de alquiler social, con rentas algo más reducidas, si esta opción se adapta mejor a los posibles inquilinos y cumplen los requisitos.

Otros cambios relevantes persiguen adaptar la normativa a las necesidades especiales de determinados colectivos. Uno de ellos es el de las familias numerosas, a quienes gracias a la nueva normativa podrá adjudicárseles más de una vivienda si pueden unirse en una sola, tanto horizontal como verticalmente.

Asimismo, la Comunidad permitirá reducir el precio del alquiler a los separados o divorciados que, siendo propietarios de una vivienda, no puedan residir en ella porque en la sentencia no les haya sido atribuido el disfrute. Con esta medida se da respuesta al problema que actualmente afecta a muchas personas que necesitan una ayuda para poder hacer frente al pago de su vivienda habitual, pero que hasta ahora no podían solicitarla por ser disponer ya de un bien inmueble.

También la propuesta de cambios contempla la posibilidad de que el IVIMA reduzca la renta a las asociaciones que tengan adjudicada una vivienda protegida y la destinen para un uso social. Hasta ahora, esta reducción se aplicaba sólo a las personas en situación de especial necesidad, pero al estar restringida a personas físicas no era posible extenderlas a colectivos, incluso aunque éstos la utilizasen para ayudar a estas personas con escasos de recursos.