16
Abr
2013
La Renta Mínima de Inserción deja de ser competencia local en el caso de inmigrantes, según el PSM Imprimir
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Afirman que los inmigrantes que la solicitan son derivados a la Dirección de Inmigración de la Comunidad

La portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, Matilde Fernández, ha criticado los “bandazos” que da el Gobierno regional del PP en materia competencial al intentar poner “obstáculos” para que los inmigrantes accedan a la Renta Mínima.

“Estamos muy preocupados por los bandazos que da el Gobierno a la hora de respetar las competencias municipales y las competencias autonómicas produciendo un baile constante de competencias” ha manifestado la responsable socialista tras la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada hoy en el Parlamento regional.

En este sentido, la parlamentaria ha explicado que hoy “por desgracia” han visto cómo las competencias para preparar el expediente para tener derecho a una Renta Mínima, que es de los ayuntamientos, en el caso de los inmigrantes “se la quitan” a los consistorios y la trasladan a la Dirección de Inmigración.

“Detrás de esto los socialistas vemos un tufillo” ha lamentado para explicar que está creciendo el número de familias inmigrantes que demandan la Renta Mínima, por lo que consideran que esto lo realizan “en el fondo” para abrir un “obstáculo” a los inmigrantes para que accedan esta Renta Mínima.

En este punto, Fernández ha explicado que en abril ha habido 17.000 familias que han recibido este derecho a una prestación económica, de las cuales 4.500 son inmigrantes, es decir, el 27 %, a la vez que ha indicado que el Gobierno “ha venido a decir que lo que les preocupa que el 50% de este 27% son marroquíes y que permanecen durante mucho tiempo en ella”.

En opinión de los socialistas madrileños esto supone un “incumplimiento de la ley”, puesto que “no se puede tratar de forma diferente a un nacional que a uno nacido en otro país que vive en España”.

Por último, la responsable socialista ha criticado que estas acciones no sólo “desorientan a la ciudadanía”, sino “lo que es peor” bordea las leyes y rompen con el principio de cooperación, coordinación y proximidad que son el “eje básico” de los servicios sociales.