La Comunidad prefiere que sea un tribunal el que decida en lugar del Gobierno

El anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la intención de llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales ha generado un intenso debate en torno al registro de objetores de conciencia relacionado con la ley del aborto. Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno central y la administración regional, así como las diferentes posturas sobre el derecho al aborto y la objeción de conciencia.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha declarado que la Comunidad de Madrid no ha cumplido con la obligación de elaborar un registro de objetores de conciencia, tal como establece la ley del aborto. Esta falta de acción es considerada por García como una "rebelión a la ley, a la democracia y a las mujeres". Durante su intervención en el acto político '2 años gobernando' de Más Madrid, García cuestionó la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntándose qué motivaciones tiene en contra de las mujeres.

García anunció que el gobierno central iniciará los trámites para interponer un contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid. La ministra enfatizó que Ayuso deberá responder ante los tribunales por lo que ella considera una obstaculización de la ley y un acto de rebeldía contra los derechos de las mujeres en la región.

En respuesta a las declaraciones de García, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, defendió la posición de la Comunidad de Madrid, afirmando que se protege "la vida y la objeción de conciencia" en relación al aborto. Viciana expresó su preferencia por que sea un tribunal, y no un gobierno "sectario", quien decida sobre el registro de objetores.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, también se pronunció sobre el tema, indicando que el Gobierno regional defenderá "con la Constitución en la mano" la libertad de objeción frente al aborto. Matute subrayó que, aunque el aborto debe ser "legal, seguro y poco frecuente", también se debe respetar el derecho a la objeción de conciencia.

La postura del gobierno central, representada por Mónica García, se centra en la implementación de la ley del aborto y en la protección de los derechos de las mujeres. La insistencia en la creación del registro de objetores de conciencia se considera un paso necesario para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud reproductiva sin obstáculos.

Por otro lado, el gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de sus representantes, defiende la objeción de conciencia como un derecho fundamental, argumentando que la decisión sobre el registro debe ser tomada por un tribunal y no por un gobierno que consideran "sectario". Esta postura refleja una visión más conservadora sobre el aborto y la objeción de conciencia, priorizando la protección de la vida y los derechos individuales.