La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, quien es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de delitos fiscales y falsedad documental. Este caso se enmarca dentro de un presunto fraude fiscal de 350.000 euros correspondiente a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

El auto de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación presentado por González Amador y la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente S.L. Este recurso se oponía a un auto de procedimiento abreviado dictado en mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La defensa argumentó que la fase del procedimiento penal se había llevado a cabo sin permitir la práctica de diligencias de investigación solicitadas en tiempo y forma, lo que, según ellos, vulneraba sus fundamentales de defensa y a la tutela judicial efectiva, tal como se reconoce en el artículo 24 de la Constitución Española. Sin embargo, la Sala recordó que ya se había denegado la práctica de ciertas diligencias, como la declaración de testigos y la ratificación de un informe tributario que fue presentado de manera extemporánea. La resolución judicial concluyó que las pruebas solicitadas no eran estrictamente necesarias ni útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Alberto González Amador, quien se acogió a su derecho a no declarar en febrero, había manifestado su disposición a declarar nuevamente una vez resuelto el recurso relacionado con una pieza separada de esta causa. Sin embargo, no solicitó declarar nuevamente en la presente causa, lo que llevó a la Audiencia a confirmar la resolución del procedimiento abreviado.

En septiembre, la jueza instructora, quien ya se había jubilado, acordó la apertura de juicio oral en relación a González Amador y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial. Este paso es crucial, ya que marca el inicio de la fase en la que se presentarán las pruebas y se escucharán los testimonios en un tribunal.

En el escrito de acusación, tanto el fiscal como el abogado del Estado han solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión para González Amador por la comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Por otro lado, las acusaciones ejercidas por el PSOE y Más Madrid han elevado la petición de pena a cinco años de prisión, añadiendo un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

González Amador se enfrentará a cargos por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Asimismo, también se le juzgará por un delito similar en relación al ejercicio 2021, así como por un delito continuado contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, afirmó que la confirmación del procesamiento de González Amador demuestra que no ha existido una "operación de Estado ni persecución" en este caso. En su opinión, lo que realmente se ha evidenciado son "presuntos delitos de fraude fiscal" que están destinados a ser juzgados. Además, subrayó que ni el jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, ni Isabel Díaz Ayuso podrán ocultar esta realidad.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, subrayó que Isabel Díaz Ayuso es consciente de que no podrá ganar unas elecciones con su pareja en la cárcel. Esta afirmación refleja la presión política que enfrenta la presidenta debido a la situación legal de González Amador.

La portavoz de Más Madrid también criticó el comportamiento de González Amador, sugiriendo que está intentando evadir sus responsabilidades legales. Bergerot afirmó que "Amador está más cerca de Soto del Real que de la 'aticazo' que aún no sabemos quién paga", insinuando que la situación judicial de González Amador es grave y que su futuro parece incierto.

Bergerot anunció que su formación pedirá la retirada del pasaporte de González Amador, especialmente tras sus declaraciones en las que insinuó que podría escapar del país. Esta petición se fundamenta en su afirmación de que se "escaparía" durante su declaración como testigo en la causa que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante su declaración, González Amador expresó su descontento y desesperación, acusando a García Ortiz de haberlo "matado públicamente". Sus declaraciones fueron dramáticas, indicando que se siente acorralado: "O me voy de España o me suicido (...) Si esto va a ser siempre así, me escapo, vamos", expresó, lo que pone de manifiesto su estado emocional y la gravedad de la situación en la que se encuentra.