Los municipios comienzan a cobrarla en las próximas semanas

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) expresó su fuerte oposición a una nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno de España. Esta tasa ha sido calificada como una "intromisión" en la autonomía fiscal de los municipios y considerada un "capricho" del Ejecutivo nacional, liderado por el presidente Pedro Sánchez.

José Manuel Zarzoso, secretario general de la FMM, manifestó su desacuerdo con la obligatoriedad de esta tasa, argumentando que no es aceptable que los ayuntamientos deban imponerla a todos los vecinos. La FMM sostiene que esta medida no es una exigencia de la Unión Europea, como argumenta el Gobierno español, sino un ataque a la autonomía local.

La FMM ha publicado un manifiesto que defiende la autonomía municipal, destacando que la Ley 7/2022, que regula residuos y suelos contaminados, representa un ataque claro a la independencia de los ayuntamientos. Esta ley obliga a los municipios a repercutir la tasa de recogida de residuos en los ciudadanos, lo que se traduce en un castigo para los ayuntamientos.

La ley introduce importantes cambios tributarios que afectan directamente a los ayuntamientos, incluyendo:

Tasa de Recogida de Residuos: Deberá ser específica, diferenciada y no deficitaria, reflejando el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Impuesto al Vertido y la Incineración: Se establece un nuevo impuesto que grava cada tonelada de residuos destinados a vertederos o incineradoras, lo que repercute principalmente en los municipios.

La FMM critica que esta ley convierte la tasa de basuras de una elección discrecional a una obligación, lo que interrumpe la independencia de los ayuntamientos. Esto impide que las entidades locales puedan optar por financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos a través de recursos generales del presupuesto municipal.

La FMM denuncia que el Ministerio de Transición Ecológica, gestionado por el PSOE, no realizó una consulta adecuada a los municipios y empresas afectadas antes de implementar esta ley. Además, no se ha considerado el contexto económico actual, caracterizado por altos niveles de inflación y costos energéticos.

La FMM critica que la ley opta por un enfoque penalizador en lugar de fomentar la educación y los incentivos para la gestión de residuos. Este enfoque podría incrementar los costos de gestión de residuos en un 60% para algunos municipios, lo que representa una carga adicional en un momento ya complicado.

La FMM señala que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido una postura contraria a este tipo de impuestos, incluso eliminando el impuesto sobre el depósito de residuos en diciembre de 2021. La Comunidad ha promovido la consecución de objetivos medioambientales mediante la inversión y el incentivo, en lugar de castigar a municipios, empresas y ciudadanos.