El Ayuntamiento de la localidad recuerda que esto no significa que se vaya a abrir, pues no tiene licencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado medidas legales en respuesta al cese cautelar de actividades del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) ubicado en Pozuelo de Alarcón. Esta decisión de cierre fue notificada por el Ayuntamiento local a finales de julio, generando un conflicto entre las autoridades gubernamentales y municipales.

La Secretaría de Estado de Migraciones, que forma parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha presentado un recurso de reposición junto con alegaciones en el plazo legal correspondiente. Esta acción ha sido confirmada por fuentes del Ministerio y adelantada por la Cadena Ser. Este recurso es una herramienta legal que permite al Gobierno solicitar la revisión de la decisión del Ayuntamiento. Se han presentado argumentos que respaldan la posición del Gobierno respecto a la operación del centro.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, se han compartido detalles sobre el proceso de revisión del recurso y las alegaciones. Según fuentes municipales, estos documentos están siendo analizados por el Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo Municipal. Las alegaciones y el recurso de reposición están en evaluación, lo que forma parte de la tramitación habitual en casos similares. A pesar de la presentación del recurso por parte del Gobierno, el Ayuntamiento ha aclarado que esto no altera la decisión de cierre del Creade, ya que el centro no posee la licencia de uso necesaria para operar.

El cierre del Creade fue notificado tras una inspección que se realizó después de que el Gobierno anunciara su intención de trasladar permanentemente a 400 menores solicitantes de asilo al centro. Esta decisión ha sido objeto de controversia y ha llevado a la intervención del Ayuntamiento, que ha argumentado que la falta de licencia es la razón principal para el cese de actividades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emitió una fuerte crítica hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta crítica se centra en la gestión del reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, un tema que ha generado controversia y debate en el ámbito político español. Ayuso ha calificado de "amenaza" la intención del Gobierno central de imponer, de manera forzada, un reparto de menores migrantes. Según sus declaraciones, esta imposición se haría "sin procedimiento ni diálogo", lo que pone de manifiesto una falta de comunicación y colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

La controversia se intensificó tras las declaraciones de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, quien afirmó que el Gobierno se asegurará del cumplimiento de la ley "sin excepción" en el reparto de menores migrantes. Esta afirmación fue interpretada por Ayuso como un intento de imponer medidas sin tener en cuenta las preocupaciones y necesidades de las comunidades autónomas.

Ayuso enfatizó que el Gobierno no solo está actuando de manera unilateral, sino que también está incumpliendo su obligación de proporcionar los medios necesarios para llevar a cabo este reparto, tal como lo estipula la ley. Esta falta de procedimiento y diálogo es vista como una violación de los principios democráticos de cooperación entre diferentes niveles de gobierno.

Además de sus críticas sobre el reparto de menores migrantes, Ayuso también aprovechó la ocasión para señalar otras acciones del Gobierno de Sánchez que considera problemáticas. Entre sus acusaciones se incluyen:

La expulsión de la Guardia Civil de ciertas regiones, lo que podría afectar la seguridad.

La permisividad hacia los independentistas que incumplen sentencias judiciales.

La concesión de indultos a "golpistas y malversadores".

La cercanía hacia miembros de grupos terroristas, como los etarras, y la falta de acción ante la celebración de homenajes a estos individuos.

La liberación de violadores, lo que pone en riesgo la seguridad pública.

La ausencia de una política migratoria clara y efectiva.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, expresó su fuerte desacuerdo con las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al traslado de menores migrantes. Esta controversia se centra en la amenaza del Gobierno de movilizar a la Policía si las comunidades autónomas no cumplen con las órdenes de traslado de estos menores.

Rodrigo calificó de "inmoral" la advertencia del Gobierno central de involucrar a la Policía en el caso de que las comunidades autónomas no colaboren con el traslado de menores migrantes. En sus declaraciones, enfatizó que resulta sorprendente y preocupante que el Ejecutivo recurra a esta medida, especialmente en un contexto donde, según él, la Policía no ha sido movilizada en otras situaciones que considera igualmente graves.

El consejero madrileño hizo comparaciones con eventos pasados, como el proceso independentista en Cataluña y la exaltación de la banda terrorista ETA en el País Vasco. Rodrigo argumentó que en estos casos, la intervención policial fue insuficiente, lo que a su juicio evidencia una doble moral en la actuación del Gobierno. "Cuando hay un golpe de Estado como hemos tenido en los últimos años en Cataluña, parece que siempre costaba llevar a la Policía", expresó, sugiriendo que la falta de acción en esos momentos contrasta con la firmeza que se está mostrando ahora.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respondió a las críticas de Rodrigo, afirmando que si alguna comunidad autónoma se opone a los traslados de menores, el Gobierno activará "los mecanismos pertinentes". Torres subrayó que la Fiscalía de Menores se encargará de hacer cumplir la ley, aunque no especificó si esto implicaría el uso de la fuerza por parte de la Policía para realizar los traslados.

A pesar de la advertencia, Torres expresó su confianza en que los presidentes de las comunidades autónomas cumplirán con la ley y no se opondrán a los traslados. Sin embargo, dejó claro que en caso de que alguna comunidad no responda, se tomarán las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la normativa.

Jorge Rodrigo anunció que la Comunidad de Madrid planea recurrir ante el Tribunal Supremo el reparto de menores migrantes, argumentando que se están invadiendo competencias regionales y que el proceso carece de transparencia. Rodrigo manifestó su desconfianza hacia el Gobierno central, insinuando que podría haber información oculta sobre cómo se están gestionando estos traslados.

Rodrigo también criticó la exclusión de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña del reparto de menores migrantes, sugiriendo que esto se debe a su relación con el Gobierno de Sánchez, que depende de estos socios para mantenerse en el poder. Según él, esta situación refleja un trato desigual hacia los ciudadanos madrileños, a quienes se les está tratando "como tontos".

Mónica García, ministra de Sanidad y líder regional del partido Más Madrid, realizó declaraciones contundentes en una entrevista para el canal 'Cuatro'. En sus comentarios, García criticó abiertamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de incompetencia en la gestión de los menores migrantes y de tener un "tufo xenófobo".

García argumentó que el Gobierno de Ayuso se ha enfocado más en presentar recursos legales ante el Tribunal Constitucional que en buscar soluciones efectivas para la situación de los menores migrantes. Según ella, la incapacidad de Madrid, la comunidad autónoma más rica de España, para mejorar su sistema de salud, contratar adecuadamente a los bomberos forestales y acoger a un número relativamente pequeño de niños y niñas migrantes es sorprendente y preocupante.

La ministra hizo comparaciones con otras comunidades autónomas, como Cataluña y el País Vasco, afirmando que estas tienen una capacidad de acogida significativamente mayor. García destacó que en 2023, Madrid acogió a 1.300 menores, mientras que Cataluña recibió a 2.300, lo que indica una disparidad en la capacidad de respuesta y acogida de cada región.

García criticó el discurso del Gobierno de Ayuso, sugiriendo que está alineado con el de Vox, especialmente en lo que respecta a la retórica sobre "mafias e inseguridad". Esta alineación, según ella, refleja una falta de atención y recursos destinados a la acogida de menores y a otros servicios públicos esenciales, como la sanidad y el apoyo a los bomberos forestales.

La ministra subrayó que el Gobierno de Ayuso no ha creado los recursos necesarios para abordar la situación de los menores migrantes. Afirmó que muchos alcaldes y alcaldesas están dispuestos a asumir la responsabilidad de acoger a estos menores, pero que existen limitaciones en la creación de plazas adecuadas para su atención.

Ante el anuncio del gobierno regional de un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo por la entrada en vigor del decreto del Gobierno que fija la capacidad de acogida de cada autonomía, CCOO de Madrid denuncia la demagogia irresponsable del PP. El gobierno de la Comunidad, con el único objetivo de dañar al Gobierno de España, utiliza a los niños y niñas extranjeros que llegan en situación de desamparo- esto es, sin progenitores ni núcleo familiar que les cuide y proteja- como arma arrojadiza para hacer oposición.

Señalamos que, según los criterios de reparto de los menores que ha propuesto el Gobierno central, a Madrid con una capacidad teórica de 2.325 plazas, le correspondería acoger a 647 niños y niñas. Recordemos que la propia consejera de Familia, Juventud y Asuntos sociales, Ana Dávila ya aseguró el pasado mes de abril que la región cuenta con un total de 2.176 plazas en redes de atención destinadas a menores que necesitan la tutela del Gobierno madrileño y que en lo que llevaba de 2025 había atendido a 1.028 niñas y niños.

Por tanto, CCOO Madrid pone en duda que, tal y como ha advertido ahora la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, en la Comunidad de Madrid todos los dispositivos “están sobresaturados” o que “no se tienen los medios” para poder atenderles “como se merecen”.

Para CCOO Madrid es lamentable la utilización política que se hace de niñas y niños en situación tan vulnerable y hace un llamamiento a la responsabilidad del gobierno regional para que ponga todos los recursos necesarios para proteger y cuidar adecuadamente y siempre a los niños y niñas, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa, al tiempo que ha lamentado que el gobierno del PP “anteponga su interés político de hacer ingobernable el país para intentar que caiga el Gobierno de España, a los derechos de las personas y, en este caso, a la protección de los menores”.