Según explican, una reforma de la Ley de Extranjería no puede tramitarse como Real Decreto Ley

La Comunidad de Madrid ha acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. El Consejo de Gobierno ha dado la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios que fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 18 de marzo.

Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores. Además, considera que se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia.

Paralelamente, el texto validado por el Gobierno central es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre Administraciones. La aplicación de los criterios de reparto carece de justificación y se han realizado sin contar con las CC AA. Vulnera también el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados.

El recurso de la Comunidad de Madrid ante el TC también señala la inadecuada utilización de la figura del Real Decreto ley, ya que esta reforma legislativa se tendría que llevar a cabo mediante Ley Orgánica al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 81.1 y 86.1 de la Constitución Española). Además, exige la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas, a pesar de que el mismo RDL reconoce que el problema existe desde al menos ocho años. La Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y, en lo que llevamos de año, a un total de 937.

"La crisis mundial de la inmigración tiene en Sánchez a un verdadero incendiario. Sánchez es crisis internacional y parálisis nacional, a lo que se suma que su número dos, su mujer, su hermano, varios ministros y hasta la presidenta del Congreso están investigados por la justicia. Esto es una situación insostenible y lo sabe cualquiera pero no puede ni quiere convocar elecciones porque necesita amnistiar a su entorno desde dentro, jugando al cazador cazado con funcionarios, periodistas y jueces. Desde el Aquarius al Open Arms, de los pactos secretos con Marruecos a ofender al Algeria. Así llevamos desde el 2018 poniendo en peligro la seguridad en las calles, la integración de tantos inmigrantes legales que sí vienen a ayudar a levantar a España y a Europa entera, que tiene en España un auténtico coladero por culpa de su demagogia y esa incapacidad para creer en nada y su instrumentalización del drama de tantos menores. Hemos avisado: llevaremos todo esto a los tribunales y a la Unión Europea y espero que abran los ojos de una vez en Bruselas. Espero que abran ya los ojos ante tantos avisos de tantos tipos alarmantes, que cuando han pasado en otros países por mucho menos se han puesto en pie de guerra las instituciones europeas. Espero que se sepa y se escuche en Europa todo lo que han trasladado tantas organizaciones del ámbito judicial, asociaciones independientes, ciudadanos, medios de comunicación, eurodiputados y ahora también países vecinos nuestros perjudicando a todos porque no son problemas solo de España nace aquí pero se traslada a todo el continente", resumía Ayuso.

"Todo esto me parece increíble. El señor Illa cerró ilegalmente a la Comunidad de Madrid en un momento en el que no era necesario, donde todos los análisis demostraban que Madrid ya había pasado la peor parte. Fue la justicia tumbar ese cierre ilegal y postularse él como candidato en Cataluña y a partir de ahí supe que volvíamos a empezar otra vez con esa ruptura artificial entre Cataluña y Madrid que yo he defendido como unidad desde que soy presidenta. Siempre he defendido que en Madrid y Cataluña teníamos que crecer juntas puesto que aportamos casi el 40% del Producto Interior Bruto de España del conjunto nacional. Pero en lugar de tomar las medidas que saben que están funcionando en Madrid, como bajadas de impuestos y menos burocracia, dicen que seamos nosotros los que tenemos que subir nuestra fiscalidad. Lejos de tomar medidas, lejos de imitar lo que funciona bien deciden fomentar el discurso nacionalista del agravio, que el nacionalismo no es amor a lo propio sino odio ajeno, vamos a buscar el odio contra Madrid para que a partir de ahora cualquier barbaridad que se nos ocurra, la condonación de deudas, la condonación de delitos, pues sea por la convivencia y por solidaridad. Con esto han hecho el reparto de menores, con esto pretenden encalomarnos al resto de España las deudas porque no se evaporan y con esto, además de borrar delitos del Código Penal, todo muy bien ha quedado, ahora amnistían a los culpables, a los líderes del golpe en Cataluña que volverá y no tendrá ya límites porque ya no va a haber justicia, ni Código Penal. Y pretenden que desde Madrid nos quedemos callados y si dices algo, “oye es que tú no quieres la convivencia, es que hay que ver qué insolidario eres”. Es que hay que tener la cara muy dura para que nos vendan el relato así y que nos quedemos como estábamos. Bajen ustedes los impuestos de una vez, dejen de asfixiar a la empresa catalana, tomen ideas propias pero dejen en paz a los demás si estamos trabajando honradamente con nuestra fiscalidad y nos está funcionando. Es envidia, en cierto modo, que es lo que lleva el agravio independentista nacionalista del que siempre se nutre el Partido Socialista allá donde gobierna", explicaba.

"Creo que las soluciones no pasan por repartir a los menores, primero esperar a que estén hacinados y una vez hacinados repartirlos y entonces de esta manera dar lecciones de solidaridad. Me parece una profunda irresponsabilidad que, además, no venga acompañado ni de negociación con las comunidades ni de presupuestos ni tampoco unas formas cuando los procedimientos te los saltas. No hay control, no lo sabemos, es que el Gobierno no nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos mismos, porque, además, muchos de ellos a su vez vienen con problemas extraordinarios que nos gustaría conocer de partida puesto que de esta manera su integración y la ayuda que tú les puedes ofrecer también es mayor. Primero debería tener un control de quiénes son, de dónde vienen, en qué situación se encuentra cada uno, sentarse con las comunidades autónomas, decirnos qué repartos, con qué criterios y darnos recursos para afrontar y ayudar a estas personas. Y poner soluciones de partida, desde qué países vienen, por qué lo hacen, dónde están estas mafias, qué ganan con ello. Nosotros damos todos los recursos que tenemos, también en materia sanitaria, por supuesto en materia educativa, de formación, de integración pero cuando esto se desborda es imposible e insisto que para mí lo preocupante es cuánto más queda, cuándo va a haber una solución en origen, cuánto tiempo se va a mirar para otro lado?", concluía la Presidenta.