 El gobierno declara "Zonas catastróficas" Tres Cantos y Colmenar Viejo
Durante el verano de 2025, la Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo en la Comunidad de Madrid que ha resultado en la detención de siete personas y la investigación de una octava, todas ellas presuntamente relacionadas con incendios forestales. Estos incidentes han tenido lugar en diversas localidades de la región, principalmente en los meses de julio y agosto.
Mes de Julio
Incendio en Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares (21 de julio):
Detenido: Una persona.
Superficie afectada: 30,9 hectáreas en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Incendios en Fresnedillas de la Oliva, Valdemorillo y El Escorial:
Detenido: Una persona.
Superficie afectada: Aproximadamente 30 hectáreas.
Incendio en San Martín de Valdeiglesias (11 de julio):
Investigado: Una persona.
Superficie afectada: 1 hectárea.
Mes de Agosto
Incendio por imprudencia grave en Guadalix de la Sierra:
Detenido: Una persona.
Superficie afectada: 5 hectáreas.
Conato de incendio en Moraleja de Enmedio (13 de agosto):
Detenido: Otra persona.
Incendios en la ribera del río Tajuña, Ciempozuelos:
Detenidos: Un padre y su hijo.
Número de conatos: 14.
Incendio en Colmenar Viejo (18 de agosto):
Detenido: Una persona.
Impacto: Desalojo de siete viviendas y afectación de aproximadamente 160 hectáreas.
Conatos en Arganda del Rey (19 de agosto):
Detenido: Una persona.
Conato en Colmenar Viejo (22 de agosto):
Detenido: Otra persona.
El Código Penal español establece severas penas para quienes provoquen incendios. Las sanciones varían de 10 a 20 años de prisión y multas de 12 a 24 meses si el incendio pone en riesgo la vida o la integridad física de las personas. En casos donde no hay peligro para la vida, la pena puede ser de 1 a 5 años de prisión y multas de 12 a 18 meses. Sin embargo, si el incendio es de "especial gravedad", las penas pueden aumentar a 3 a 6 años de prisión y multas de hasta 24 meses.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, visitó la Comandancia de Tres Cantos para agradecer el esfuerzo de los agentes que han trabajado en la extinción de incendios en la región durante el verano. Más de 300 efectivos han estado involucrados en las operaciones de control y extinción de incendios, siendo el más grave el que ocurrió en Tres Cantos, que resultó en un fallecido, más de un centenar de desalojados y unas 2,000 hectáreas afectadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se declara 'Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil' el territorio afectado como consecuencia de los incendios forestales y otras emergencias de protección civil acaecidas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025 con el objetivo de que todos los damnificados soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil: 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia. En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses.
La primera tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa 1, lo que supuso la activación de los planes de las comunidades autónomas afectadas de sus planes de prevención y lucha contra incendios.
La segunda ola de incendios comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio, se comunicaron al CENEM incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia.
La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el CENEM recibe alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se suman emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Illes Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel.
La tercera y más destructiva ola de incendios comienza el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgen en León, Navarra, Ourense y Zamora.
El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.
El 12 de agosto, el CENEM recibe aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se suman a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura, y 15 de ellos siguen activos en la actualidad.
Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.
El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.
También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.
Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.
En Madrid se aprobó la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en siete municipios de la Comunidad. Esta medida, impulsada por el Ministerio del Interior, se implementa en un contexto donde la emergencia aún está activa debido a incendios forestales ocurridos entre junio y agosto de este año.
Los incendios que han motivado esta declaración se produjeron en los siguientes municipios:
Villa del Prado: 30 de junio
Navalcarnero: 17 de julio
Colmenar Viejo: 21 de julio
Zarzalejo: 28 de julio
Valdemaqueda: 8 de agosto
Tres Cantos: 11 de agosto
Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, enfatizó que esta medida permitirá activar ayudas para mitigar los daños personales y materiales causados por los incendios. Martín también hizo un llamado a la precaución, dado que la Comunidad de Madrid se encuentra en un estado de riesgo extremo de incendios forestales.
Desde el 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha registrado un total de 121 emergencias de protección civil en España. De estas, 114 han sido incendios forestales en situación operativa 1 o 2, afectando a diversas comunidades autónoma |
