La empresa, también condenada como responsable civil subsidiaria

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la empresa Redpiso y a su franquiciada en Rivas Vaciamadrid, Estudio Rivas Vaciamadrid SL, a responder por las estafas cometidas por uno de sus agentes, que utilizaba membretes, insignias y un vehículo rotulado con la marca para generar confianza en los clientes, en nueve casos en los que ofrecía propiedades a precios inferiores a su valor real y recibía cantidades de dinero como arras que resultaban inválidas. El comercial fue condenado a un año y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento privado, con atenuantes por drogadicción y dilaciones indebidas, y a indemnizar a las víctimas con un total de 94.074 euros. El TSJM desestimó los recursos de Redpiso y su franquiciada, reafirmando su responsabilidad civil subsidiaria en las indemnizaciones a las víctimas.

La sentencia del TSJM pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad corporativa en el ámbito de las franquicias y el impacto que las acciones de un empleado pueden tener en la reputación y las obligaciones financieras de una empresa. El tribunal destacó que el comercial actuó bajo la imagen de Redpiso, lo que generó confianza en los clientes, y que la empresa y su franquiciada deben responder por las estafas cometidas por su agente. La organización de consumidores FACUA ha valorado positivamente la sentencia y ha animado a las víctimas a reclamar las indemnizaciones correspondientes.

La decisión del TSJM reafirma la necesidad de que las empresas mantengan un control riguroso sobre sus agentes y la manera en que representan a la marca ante el público, y establece un precedente importante en la responsabilidad de las franquicias por las acciones de sus empleados. El comercial no presentó apelación contra la sentencia, mientras que Redpiso y su franquiciada intentaron recurrirla sin éxito. Las víctimas de las estafas podrán ahora reclamar las indemnizaciones correspondientes a las empresas responsables, que deberán hacer frente a los pagos establecidos por el tribunal.