Estalla un nuevo escándalo mientras Pedro Sánchez se reúne con el Papa

La mañana del 27 de mayo de 2026 ha sido una de las más convulsas de la democracia española. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal y una trama para desestabilizar causas judiciales contra el partido y el Gobierno.

El juez Santiago Pedraz ha imputado a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; al exsecretario de Organización Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; y al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros. Los agentes han entrado en el edificio a primera hora de la mañana en busca de documentación y archivos electrónicos relacionados con una presunta trama para "desestabilizar" los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La investigación se centra en los presuntos pagos a Leire Díez, la llamada "fontanera" del PSOE, quien habría recibido 4.000 euros mensuales a través de la consultora de Gaspar Zarrías. La UCO sospecha que Díez, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, formaron el grupo 'Hirurok' ("nosotros tres" en euskera), que habría cobrado más de 700.000 euros en comisiones ilegales en cinco operaciones bajo sospecha vinculadas a empresas públicas dependientes de la SEPI. El magistrado investiga delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento mercantil, prevaricación y un delito contra las instituciones del Estado.

Entre los imputados destaca Ana María Fuentes, responsable máxima de la gestión económica de Ferraz desde 2021, a quien el juez considera "al menos como cómplice" y "autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces". Además de Ferraz, la UCO ha registrado los domicilios de Cerdán y Zarrías, el despacho de este último y la vivienda de Pérez Dolset. La operación ha alcanzado también a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, y al diputado Juan Francisco Serrano, sobre quienes el juez aprecia "indicios que revelan su colaboración con los investigados".

Mientras los agentes requisaban documentación, decenas de ciudadanos se han concentrado a las puertas de Ferraz al grito de "chorizos" y "Sánchez dimisión", con pancartas improvisadas. La protesta ha sido convocada espontáneamente a través de redes sociales.

El Congreso de los Diputados ha vivido una jornada surrealista. A las 10:00 de la mañana, en plena sesión de control, ha comenzado un simulacro de incendio previamente programado que ha obligado a evacuar el hemiciclo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ironizado desde su escaño: "No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha confirmado que el simulacro estaba previsto y que el protocolo "ha funcionado a la perfección". La evacuación ha obligado a parlamentarios, ministros y asesores a salir por la Puerta de los Leones, un acceso reservado para ocasiones solemnes, alimentando la sensación de caos institucional.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en Roma, reunido con el Papa León XIV. Desde la embajada de España ante la Santa Sede, Sánchez ha descartado un adelanto electoral: "No puedo convocar elecciones por interés partidista", y ha reiterado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre la entrada de la UCO en Ferraz, ha dicho que "aparentemente" se trata de un requerimiento de información y ha reiterado la colaboración del partido con la justicia. En Roma, al menos, el escenario le es favorable: defiende el multilateralismo y se reúne con el Papa, proyectando la imagen del estadista europeo, un papel que tiene la ventaja adicional de no incluir preguntas incómodas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha sido más explícita: "No me gusta nada lo que estoy viendo en la política española".

La jornada ha dejado una imagen especialmente dañina para la credibilidad de las instituciones y ha evidenciado el clima de máxima tensión política que se vive en España, con el PSOE bajo asedio judicial, el presidente refugiado en el Vaticano, la oposición clamando por elecciones y los socios de investidura empezando a marcar distancias. El cuchillo sigue afilado. La noche se presenta larga y de imprevisible desenlace.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido este miércoles 27 de mayo en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal. El operativo sin precedentes, ordenado por la Audiencia Nacional y respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, se ha extendido a varios inmuebles de altos cargos del partido repartidos por la geografía peninsular en busca de una supuesta contabilidad paralela que habría permitido al partido de Pedro Sánchez eludir el control del Tribunal de Cuentas.

Los investigadores de la UCO, que prevén que las actuaciones se prolonguen durante toda la jornada, registran despachos, oficinas y otros espacios en busca de documentos, archivos y materiales relacionados con esta presunta “caja B”. Las pesquisas son el resultado de meses de investigaciones secretas que incluyeron el análisis de mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del partido y su entorno, que habrían revelado que la formación de Sánchez operaba con una contabilidad paralela. Como consecuencia de esta mecánica, el PSOE habría concurrido a diferentes procesos electorales con más presupuesto del que declaró oficialmente.

La investigación, que se enmarca dentro de las diligencias previas que se siguen en el denominado 'caso Koldo', hunde sus raíces en una serie de indicios acumulados durante los últimos años. Las sospechas se desataron a raíz de conversaciones incautadas al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que se reflejaba la forma en que cobraba en billetes por gastos anticipados, a veces de 500 euros. Las explicaciones del entonces gerente del partido, Mariano Moreno, lejos de despejar las dudas, las incrementaron: Moreno habló de cómo se nutría la caja fuerte del partido con dinero trasladado de forma periódica en furgones blindados, y calificó de «cultura organizativa» la práctica habitual de sus cargos de cobrar en efectivo.

El operativo cuenta con el respaldo expreso de la Audiencia Nacional, que ha ordenado el requerimiento de información, y de la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa la causa. La UCO tiene orden de retirar documentación muy concreta relacionada con los pagos en efectivo del PSOE a dirigentes y empleados. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente pidió a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, al considerar que deben ser "despejadas" en la medida en que pudieran denotar "la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas".

Las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal del PSOE cuentan con múltiples frentes abiertos en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Por otro lado, la investigación de Ismael Moreno apunta a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que habría permitido la inyección de fondos opacos en la contabilidad del partido. El juez Puente también investiga posibles discordancias entre los ingresos de José Luis Ábalos y las cantidades declaradas por el PSOE, en el marco de la pieza separada del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional.

La noticia ha sacudido la actualidad política nacional, con reacciones inmediatas desde la oposición. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado la situación como "una situación agónica" y ha exigido la convocatoria de elecciones generales, aseverando desde los pasillos del Congreso que "no queda más remedio que darle la palabra a los españoles". El líder del PP, que ha acusado al partido del Gobierno de amasar una "contabilidad B", se ha preguntado: "¿Cuántas redadas más, mordidas, dinero en bolsas, joyas, sumarios, periodos de instrucciones?". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Roma en el momento de los registros, por lo que no ha podido estar presente en el debate parlamentario.

La coincidencia de fechas no puede ser más explosiva. Mientras la UCO registraba la sede del PSOE en busca de su presunta contabilidad B, Pedro Sánchez se encontraba reunido en el Vaticano con el Papa. Un detalle que sirve como coartada y explica su absoluto silencio durante una de las mañanas más críticas de su mandato.

La Guardia Civil entró en Ferraz al filo de las 9:00 de la mañana. Justo a esa hora, el presidente ya estaba de camino al Aula del Sínodo para ver al Pontífice. Es el primer cara a cara entre ambos desde la elección de León XIV, una reunión protocolaria de máxima importancia donde se iban a tratar asuntos de gran calado global: inteligencia artificial, crisis migratoria y los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo.

Pero la agenda protocolaria se ha convertido en un escudo político involuntario. Cuando la noticia del registro saltó a los medios y estalló en el hemiciclo, Pedro Sánchez estaba a miles de kilómetros, en territorio neutral, a salvo de las preguntas de la oposición en el Congreso. Su ausencia fue aprovechada inmediatamente por la oposición, que se cebó con el vicepresidente Carlos Cuerpo en la sesión de control, mientras Feijóo clamaba desde los pasillos por la convocatoria de elecciones generales, calificando la situación de “agónica”.