Los políticos se pelean por "La Revuelta" cuando se cumple un mes de la muerte de Maricarmen

La decisión del Ministerio de Agricultura de retener el 12% de la producción de aceite de oliva (unas 188.000 toneladas) para frenar la caída de los precios en origen se ha convertido en el principal frente de batalla política de este sábado. El ministro **Luis Planas** ha salido a defender la medida como "absolutamente necesaria, oportuna y basada en el derecho europeo", y ha asegurado que su objetivo es "garantizar una retribución justa a los agricultores" y evitar "variaciones bruscas en los precios". Sin embargo, su comparecencia no ha calmado a las organizaciones de consumidores, que consideran la medida un ataque directo a los ciudadanos.

FACUA ha tildado la decisión de "escandalosa" y acusa al ministro de estar "al servicio de la industria alimentaria y de las cadenas de supermercados". Su portavoz, Rubén Sánchez, ha recordado que el precio del aceite se disparó hasta los 15 euros por litro en 2023 sin que el Gobierno interviniera, y ha denunciado que ahora "se frene la bajada cuando la cosecha es abundante". La OCU, por su parte, advierte de que el precio en los lineales sigue un 45% más caro que en 2021 y considera que la medida "no se debe hacer a costa de los consumidores". Incluso la industria envasadora ha mostrado su "profunda preocupación" por el impacto en la competitividad del sector.

El Gobierno, sin embargo, insiste en que la medida cuenta con el respaldo de las principales organizaciones agrarias (Asaja, UPA y COAG), que llevaban meses reclamándola. El propio Planas ha lanzado una advertencia a los operadores del sector: *"Que nadie aproveche para especular y subir los precios"*, y ha asegurado que el Ejecutivo estará vigilante.

En paralelo, la gestión de las ayudas a las víctimas del accidente de Urda ha quedado salpicada por una nueva polémica. Según ha revelado Vozpópuli, el decreto aprobado el pasado martes por el Gobierno para las víctimas del siniestro de Toledo incluye una disposición que **retrasa aún más las indemnizaciones a las víctimas de Adamuz**, ocurrido hace nueve meses. El presidente de la asociación de víctimas de Adamuz ha asegurado a Telemadrid que cerca de 50 afectados aún no han recibido las ayudas y tienen que pagar los tratamientos de su bolsillo. "Critican que sea ahora cuando ha llegado la dimisión de Óscar Puente", y denuncian que las ayudas lleguen tarde y lamentan que no se contaran con las medidas adecuadas para evitar los accidentes.

La actualidad política no da tregua. En el plano educativo, las familias madrileñas han convocado un **picnic reivindicativo** para este domingo en el Paseo del Prado en apoyo a la huelga educativa. La jornada incluirá talleres, actividades infantiles y un cuentacuentos inclusivo, y busca visibilizar el respaldo de las familias a las reivindicaciones del profesorado.

En el plano judicial, la Policía Nacional ha detenido a un **directivo de UGT de Madrid** por un presunto delito de acoso sexual. El presunto acosador, que iba en las listas del PSOE en una localidad de Segovia, abordaba a sus víctimas en plena calle, les pedía el teléfono y les enviaba mensajes obscenos e intimidatorios.

En el plano político, **Sánchez** ha pedido votar en masa contra la "involución" para "mandar a casa a Feijóo y Abascal", en un mitin en Tarragona junto a Salvador Illa. Por su parte, **Feijóo** ha censurado la "santificación" de Puente y ha sugerido que la dimisión fue una maniobra para tapar la filtración de los audios. **Ayuso** ha asegurado que Sánchez tiene "miedo a cambiar". En el ámbito empresarial, ha trascendido que la **cúpula de Adif aprobó bonus para directivos** en plena crisis ferroviaria.

La visita de Santiago Abascal a *La Revuelta* el próximo lunes se ha convertido en un campo de batalla política antes incluso de que se grabe. El programa de TVE ha cancelado la asistencia del público que tenía confirmada su presencia para la grabación, según ha podido saber El Mundo, alegando "circunstancias especiales" y "condiciones distintas de calendario y de público" . Una decisión que ha desatado la polémica y que ha llevado al ministro de Presidencia y Justicia, **Félix Bolaños**, a acusar al líder de Vox de querer controlar la sala.

"Quiere llenar la sala de ultras", ha denunciado Bolaños durante un acto del PSOE en Leganés. "Qué valiente Abascal, que quiere poner el público él, la ultraderechita cobarde. ¿Pero no éramos nosotros los que no podíamos salir a la calle?", ha añadido el ministro, recordando que cuando Pedro Sánchez acudió al programa lo hizo "con el público que ya tenía previsto el programa" .

La versión de Bolaños contrasta con la información publicada por varios medios. Según La Séptima, recogida por El Mundo, Vox habría puesto como condición para acudir al programa poder llevar a su propio público, algo a lo que RTVE se habría negado. Ante la falta de acuerdo, la cadena pública habría optado por un "casting" para seleccionar a los asistentes, una decisión que, de confirmarse, dejaría en evidencia la falta de transparencia del proceso .

Lo que sí está confirmado es que los espectadores que tenían entrada para el lunes han recibido un correo de la productora El Terrat informándoles de la anulación. "Sentimos comunicarte que la grabación del próximo lunes 9 acaba de cambiar y, por tanto, tu asistencia y la de tus acompañantes queda anulada", reza el mensaje, que ofrece a los afectados la posibilidad de asistir otro día .

Mientras tanto, Abascal ha centrado su discurso del fin de semana en la movilización. "Nuestro peor enemigo, las encuestas. Nuestro peor enemigo, la desmovilización. Nuestro peor enemigo, las trampas y la violencia y lo que se le vaya a ocurrir a Sánchez en los próximos días", ha advertido en un mitin en Guadalajara, al que han asistido unas 2.500 personas según la Policía Local . El líder de Vox llega al lunes con el viento a favor: el programa que iba a ser una plaza hostil se ha convertido, gracias a la polémica, en el escaparate perfecto para su relato de víctima de la "cultura de la cancelación".

En el plano de la vivienda, la memoria de **Maricarmen**, la anciana de 87 años que falleció tras ser desahuciada de su casa, ha vuelto a primera línea de la actualidad. Sus amigos y vecinos se han concentrado este sábado para recordarla en el primer mes de su muerte, y su nombre se ha convertido en el símbolo de la crisis de la vivienda que desencadenó la acampada de Sol y que sigue marcando la campaña electoral. La izquierda ha querido reivindicar su figura como ejemplo de las consecuencias de las políticas de desahucio, mientras que el Gobierno y la Comunidad siguen cruzando acusaciones sobre la gestión de la emergencia habitacional.