El Gobierno anuncia que aprobará ayudas para las víctimas de Urda en el próximo Consejo de Ministros

La jornada del sábado, marcada por la resaca de la tragedia de Urda y por la amenaza de disturbios, ha dejado un balance de normalidad en Madrid y un despliegue extraordinario en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a **tres personas**, han identificado a **1.440** y han denunciado a **127** en el operativo antidisturbios desplegado para impedir los disturbios convocados por la plataforma Blocus. Centenares de agentes de los Mossos y de la Guàrdia Urbana blindaron el centro de Barcelona y los accesos en transporte público para entorpecer las concentraciones y saqueos convocados. De los tres detenidos, dos eran mayores de edad sobre los que recaía una orden de búsqueda y detención, mientras que el tercero es un menor arrestado por resistencia y desobediencia. Los 127 denunciados lo fueron tras el decomiso de herramientas para saqueos y por posesión de estupefacientes. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la ciudad vivió una jornada "de tranquilidad" gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad y ha calificado el dispositivo como "uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad". Los Mossos también practicaron una cuarta detención en Cataluña relacionada con Blocus: un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia (Barcelona), administrador de uno de los grupos digitales que coordinaron los disturbios del pasado 24 de octubre.

En Madrid, la jornada transcurrió sin incidentes. A pesar de los llamamientos difundidos en redes sociales por Blocus para saquear y vandalizar comercios, las calles de la capital no registraron altercados. Comercios de Gran Vía, Montera y la Milla de Oro habían tapiado sus escaparates de forma preventiva, y el Consistorio desplegó un dispositivo de 1.700 agentes. Los policías municipales realizaron algunos registros en las zonas donde estaban previstas las movilizaciones, pero no hubo incidentes. El viernes, las fuerzas de seguridad detuvieron a una decena de personas en Valencia, Bilbao, Málaga y Tenerife, entre ellas el considerado líder de Blocus en España, un joven de 20 años detenido en Picanya (Valencia).

Mientras tanto, en Urda (Toledo), la Guardia Civil mantiene blindada la zona del accidente para preservar las pruebas. El portavoz del Instituto Armado, Pedro Pablo Garrido, ha detallado que un grupo de drones vigila desde el aire, el escuadrón de caballería peina los terrenos de difícil acceso, la agrupación de tráfico controla las carreteras aledañas y la unidad cinológica sigue buscando restos biológicos. El acceso está restringido a dos kilómetros de la vía en ambos sentidos, y solo pueden entrar fuerzas de seguridad y personal judicial autorizado. Este mismo sábado se detectó un dron particular grabando en la zona, cuyo propietario fue identificado. La jueza que instruye la causa prohibió el mismo día del siniestro el acceso de personas no autorizadas y la retirada de cualquier elemento del área afectada.

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente, entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras (una francesa y otra portuguesa). Las identificaciones de las 13 personas restantes se esperan completar "en las próximas horas", y estarían todas vinculadas a la cooperación internacional. De las 56 identificaciones, 52 se han realizado mediante huella dactilar y cuatro por ADN. Las labores se desarrollan de forma continua en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. Ya se han notificado a las familias 51 identificaciones (33 hombres y 18 mujeres), y 36 de los fallecidos están a disposición de sus familiares. En cuanto a las denuncias por desaparición, se mantienen activas 13 correspondientes a ciudadanos extranjeros. Por otra parte, 40 personas continúan ingresadas: 31 en hospitales de Castilla-La Mancha (15 en UCI y 16 en planta) y 9 en hospitales madrileños (cuatro en UCI).

En el plano político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "imprescindible, pero insuficiente" la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Urda, porque "la mayor responsabilidad es de Sánchez". En una entrevista en La Vanguardia, Feijóo ha afirmado que "España está en fallo sistémico" y que "todo funciona peor porque no hay gestión ni mantenimiento". "Los trenes chocan por la misma razón que las carreteras están llenas de socavones, la vivienda es imposible o se produce un apagón", ha añadido. Feijóo también ha criticado la política territorial del Gobierno, ha prometido ejecutar el presupuesto en Cataluña y hacer un balance trimestral de las inversiones comprometidas, y ha reiterado que derogará la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática si gobierna.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes un real decreto con ayudas para los afectados por el accidente. Según han informado fuentes del Gobierno a EFE, el Consejo recibirá además un informe del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre lo sucedido, y la previsión es que sea el propio Puente quien comparezca en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta del informe y de las ayudas. Una comparecencia que protagonizará horas antes de acudir a la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos de que dispone sobre el accidente. En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "imprescindible, pero insuficiente" la dimisión de Puente, porque "la mayor responsabilidad es de Sánchez". Feijóo ha afirmado que "España está en fallo sistémico" y que "todo funciona peor porque no hay gestión ni mantenimiento".

En el plano social, la mayoría de las comisiones que han organizado la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol han decidido disolverse y abandonar el asentamiento para trasladar su actividad "a los barrios". Según un comunicado de Acampada 26S, el movimiento se transformará en 'Movimiento 26S' y centrará ahora su actividad en preparar y apoyar la huelga general del 11 de noviembre. El texto reconoce que el desmontaje físico no se ha podido realizar "como habrían deseado" por "distintas circunstancias", pero asegura que "los procesos colectivos no terminan necesariamente cuando cambia el espacio que los acoge". Las comisiones se atribuyen logros como haber "cambiado el marco del relato" en torno a la vivienda, la aprobación de dos reales decretos en esa materia y haber provocado "una convocatoria de elecciones anticipadas". No todos los acampados han decidido abandonar la plaza: dos de las comisiones iniciales permanecerán en el lugar. La Delegación del Gobierno había remitido el lunes una carta a los interlocutores animándoles a levantar el campamento, y la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia penal contra el exdelegado Francisco Martín por su inacción ante la acampada.

La campaña electoral avanza hacia el 29N y los frentes se multiplican. Este domingo, la actualidad ha estado marcada por la pugna entre Frente Amplio y Podemos por el reparto de tiempos en los debates electorales de RTVE, el anuncio del PP de personarse como acusación popular en la causa por el accidente de Urda, la respuesta de Junts a las críticas de Feijóo y la detención de dos jóvenes vinculados a Blocus en Fuengirola.

Frente Amplio y Podemos han llevado su disputa por el espacio de la izquierda hasta la Junta Electoral Central. Ambas formaciones reclaman para sí la herencia de Sumar en el reparto de tiempos en los debates de RTVE, una pugna que evidencia la fragmentación del espacio político que en 2023 se presentó unido. La JEC deberá decidir ahora qué formación tiene derecho a ocupar el espacio que correspondía a Sumar en el ente público. Es un nuevo capítulo de la guerra fratricida entre los partidos de Yolanda Díaz y de Irene Montero, que concurren por separado el 29N y que se disputan el mismo electorado.

La fragmentación del espacio de la izquierda alternativa ha encontrado su primer campo de batalla formal en la Junta Electoral Central (JEC). Frente Amplio (FA) y Podemos compiten por la herencia de la coalición Sumar que ambos compartieron en las elecciones generales de 2023, unos derechos electorales que condicionan el reparto de tiempos en los informativos de RTVE y en las franjas de propaganda gratuita de cara al 29N.

La JEC ha puesto en marcha esta semana la comisión de partidos que deberá aprobar el reparto de tiempos y espacios en medios públicos, y cuya primera reunión está prevista para el próximo 4 de noviembre, cuando se espera conocer la propuesta de RTVE. Para confeccionarla, la corporación pública se dirigió a la JEC para saber cómo debía repartir los derechos de la coalición Sumar de 2023, ahora que sus integrantes concurren divididos entre Frente Amplio (Ada Colau), Podemos (Irene Montero) y otras formaciones locales.

La propuesta inicial de RTVE, avalada por la JEC, atribuye 10 diputados a Movimiento Sumar, cinco a IU, cinco a Podemos, cuatro a Catalunya en Comú y el resto a otras formaciones. Sin embargo, Podemos considera que media docena de esos diputados de 2023 eran independientes y que otros dos pertenecían a formaciones que ya no existen. Según su cálculo, solo deberían tenerse en cuenta 23 de los 33 diputados de la coalición, lo que le otorgaría un **21% de los derechos electorales** de Sumar.

Frente Amplio, por su parte, entiende que la cuota de Cataluña en Comú debería ser mayor (de cuatro a cinco diputados) y da por hecho que casi todos los escaños, salvo los cinco de Podemos, le corresponderían a su coalición. La JEC ha dado el primer asalto a FA al otorgar un escaño más a En Comú en la propuesta de RTVE y al rechazar el argumento de Podemos sobre los seis diputados independientes: "La documentación aportada por la representación de Podemos no permite alcanzar una conclusión 'indubitada e inequívoca' sobre la filiación como independientes de los seis diputados a los que se refieren sus alegaciones", ha dictaminado.

El siguiente pulso llegará cuando se apruebe el Plan de Cobertura Informativa de RTVE y la propuesta definitiva de espacios de propaganda. Podemos ya ha anunciado su intención de pugnar por estar presente en los debates electorales, aunque sea compartiendo atril con Frente Amplio. Es el reflejo de una guerra fratricida que debilita a ambos y que beneficia a sus adversarios políticos, en un momento en el que la izquierda alternativa se juega su supervivencia en las urnas.

En el plano judicial, el Partido Popular ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario de Urda para "que se investigue hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan". La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado que lo ocurrido "no puede explicarse simplemente como un accidente" y ha atribuido la tragedia a "años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas". Además, ha criticado que se filtraran los audios de los trabajadores y las últimas palabras del maquinista fallecido, y ha exigido al Gobierno que asuma responsabilidades. Vox también ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa. La decisión de ambos partidos de personarse en el procedimiento judicial busca presionar al Gobierno y mantener el foco sobre la gestión de la crisis.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha respondido a las declaraciones de Feijóo en las que el líder del PP aseguraba que Junts cometió un error al hacer presidente a Sánchez. Nogueras ha reivindicado que fue su partido el que "forzó al PSOE a hacer lo que siempre había dicho que no haría" y ha asegurado que los votos de Junts "nunca irán al bloque de derechas" porque Feijóo quiere derogar la Ley de Amnistía. Además, ha insistido en que estas elecciones van de si Cataluña "tiene fuerza o no" y ha reclamado que "la agenda catalana esté sobre la mesa" tras el 29N. Nogueras también ha calificado de "inaplazable" la dimisión de Óscar Puente.

En el plano de la seguridad, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por la Policía Nacional en Fuengirola (Málaga) cuando se disponían a cometer actos vandálicos. Ambos participaban en canales de mensajería instantánea en los que se hacía un llamamiento a realizar saqueos en comercios de Fuengirola y Marbella. En apenas cuatro días, la Policía ha arrestado a siete jóvenes vinculados a Blocus en Valencia, Bilbao, Málaga y Fuengirola.

Por último, a pesar de que algunas de las comisiones de la acampada de Sol anunciaron su disolución este sábado, el asentamiento continúa ocupando la plaza y no se han registrado desalojos. Los comerciantes estiman unas pérdidas de entre el 20% y el 60%. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que llevará al exdelegado Francisco Martín a la vía penal por prevaricación y omisión de funciones.