09
Ago
2026
VOX pide activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por Alta Traición Imprimir
Otras Noticias - España
Compartir en MenéameCompartir en TuentiCompartir en Buzz it!Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Necesitan 88 votos en el Congreso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado la intención de su partido de activar el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su gabinete por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado relacionados con la crisis migratoria en Ceuta, argumentando que existen indicios suficientes de que el Gobierno tenía conocimiento previo de la situación. La iniciativa requeriría al menos una cuarta parte de los miembros del Congreso y su aprobación por mayoría absoluta.

Vox ha ofrecido a sus diputados colaborar con otros grupos parlamentarios para promover la iniciativa, y ha solicitado la "inmediata desclasificación y entrega al Congreso" de toda la información sobre las comunicaciones entre el Gobierno español y las autoridades marroquíes durante la crisis. El partido sostiene que lo ocurrido en Ceuta no debe ser considerado un fenómeno migratorio convencional, sino un "episodio de guerra híbrida contra España".

La formación política busca no solo la rendición de cuentas, sino también la transparencia en las comunicaciones con Marruecos, argumentando que la seguridad nacional está en juego. Vox ha recordado que el Título XXIII del Código Penal tipifica los delitos de traición y contra la paz y la seguridad del Estado.

El artículo 102 de la Constitución Española establece el procedimiento para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno y a los miembros de su Ejecutivo. Según su texto, la responsabilidad criminal del presidente y los ministros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo . Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso (88 diputados) y deberá ser aprobada por mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) . El artículo también establece que, en estos supuestos, el Rey no podrá conceder el indulto . Esta vía constitucional busca proteger la independencia institucional del Gobierno, otorgando al Tribunal Supremo la competencia exclusiva para conocer de estas causas .