El Gobierno no acude al debate del Parlamento Europeo

Una semana después de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, la crisis migratoria continúa abriendo frentes políticos, judiciales y diplomáticos. Mientras el Gobierno español se enfrenta a las críticas por su ausencia en el debate extraordinario del Parlamento Europeo, la oposición exige el retorno de los menores no acompañados a sus familias y Marruecos reclama a España que elimine las trabas judiciales para facilitar su regreso.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo celebró este jueves una reunión extraordinaria a petición del Partido Popular Europeo para abordar la crisis migratoria en Ceuta . El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, participó por videoconferencia, pero los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, declinaron la invitación por motivos de agenda .

La ausencia del Gobierno español fue calificada como "extremadamente lamentable" por el presidente del comité, el popular Javier Zarzalejos . La decisión de no acudir al debate se produce a pesar de que Grande-Marlaska solo tenía un acto programado para el día de hoy, relacionado con el eclipse solar .

El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, puso el foco en la necesidad de avanzar en la aprobación de la directiva de facilitación, propuesta por la Comisión Europea en 2023, que plantea sanciones a quienes permitan la migración irregular y obtengan beneficio de ello .

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclamó durante su intervención más presencia de las instituciones comunitarias en la frontera con Marruecos y reivindicó que esta demarcación es "de todos" los europeos . Solicitó "el respaldo inequívoco de las instituciones europeas" junto con la "implicación y presencia" en la ciudad de las agencias de fronteras (Frontex), policial (Europol) y de Asilo de la UE .

Vivas también pidió un plan para paliar el impacto de la crisis en el tejido productivo local, así como una mayor dotación de medios personales y materiales para "blindar" la frontera y resolver el colapso de los centros de acogida de migrantes .

El Gobierno de España mantiene su posición de repartir a los menores no acompañados que continúan en Ceuta —cuyo número supera el millar— entre las comunidades autónomas . Esta postura, defendida por el Ejecutivo central, encuentra cada vez más oposición entre las propias comunidades y entre los partidos de la oposición .

El Partido Popular insta al Gobierno a cumplir la ley y a que "haga su trabajo" ante una situación que, según los populares, ellos mismos han creado . Vox anuncia que intentará parar los traslados, mientras que el PSOE y sus socios de Gobierno defienden el reparto como la única vía para garantizar la protección de los menores .

En paralelo al debate político, una fuente diplomática marroquí aseguró este jueves a EFE que el país está dispuesto a recibir a todos sus menores de edad no acompañados que están en España si el país levanta "los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo" .

"Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto. Existen instrucciones del rey (Mohamed VI) para trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen", afirmó la fuente . El compromiso, añadió, no es nuevo y ya quedó recogido en un comunicado conjunto de los ministerios de Interior de ambos países en junio de 2021 .

La misma fuente criticó el uso de esta cuestión con fines "políticos" y aseguró que la identificación de los menores "no constituye un impedimento para su retorno". "El obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España. El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación", explicó .

La crisis de Ceuta ha dejado al descubierto las profundas diferencias entre el Gobierno español y la oposición, así como las tensiones con las instituciones europeas y con Marruecos. La ausencia del Ejecutivo en el debate de la Eurocámara, la negativa de varias comunidades autónomas a acoger a los menores y la oferta de Marruecos de recibirlos si España elimina las trabas judiciales dibujan un panorama complejo que, por el momento, no tiene visos de resolverse a corto plazo.