Es la tercera condena del entorno del Presidente en pocos meses

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de prevaricación relacionado con su nombramiento como coordinador de actividades en los conservatorios de Badajoz en 2017, una sentencia que no incluye pena de prisión al no haberse encontrado pruebas suficientes del delito de tráfico de influencias que solicitaban las acusaciones populares. La resolución judicial, de 377 páginas, también condena al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a dieciocho años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, uno por la plaza de David Sánchez y otro por la adjudicación de la Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas a Luis María Carrero Pérez, amigo cercano del hermano del presidente.

Nueve personas más han sido condenadas a nueve años de inhabilitación por cooperación necesaria en la prevaricación administrativa, entre ellas la exdirectora de Cultura, Elisa Moriano; la exdiputada provincial de Cultura, Cristina Núñez; el exjefe de Recursos Humanos, Félix González; y el propio Luis María Carrero, entre otros cargos de la Diputación. Los jueces han emitido un duro reproche al "enchufismo" y al nepotismo evidenciado en el proceso, señalando que estas prácticas perjudican la salud democrática, fomentan la corrupción y la desigualdad de oportunidades, y calificando la creación y modificación de las plazas como "puramente cosméticas" para enmascarar decisiones arbitrarias.

El tribunal ha subrayado que los acusados actuaron conscientemente en contra de la ley para favorecer a personas específicas, diseñando un procedimiento ad hoc para crear puestos que no eran necesarios y sin un proceso selectivo justo y transparente. Aunque no se ha podido identificar a los responsables que ejercieron presión sobre los funcionarios, la sentencia sugiere que las conductas prevaricadoras podrían haber estado motivadas por la cercanía familiar de David Sánchez al presidente Pedro Sánchez, con el objetivo de congraciarse con él.

El fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia, supone un duro golpe para el entorno del presidente del Gobierno, que suma así una nueva condena judicial a la lista de procesos que afectan a su círculo más cercano, después del caso de las condenas del que fuese su mano derecha, José Luis Ábalos, y del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La defensa de David Sánchez ya ha anunciado que estudia recurrir la sentencia ante el alto tribunal.

El precedente más claro en el PSOE es el de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Contratado como asistente en la Delegación del Gobierno en Andalucía en 1989, fue acusado de usar su despacho oficial y su influencia para hacer negocios particulares . Apodado "el conseguidor", se enfrentó a los tribunales por delitos de cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, siendo finalmente condenado en 1995 por un delito de fraude fiscal . Aunque fue absuelto de la mayoría de los cargos, el escándalo le costó el cargo a su hermano Alfonso, que presentó su dimisión como vicepresidente en enero de 1991, en lo que se recuerda como el primer gran escándalo de corrupción de la democracia española .

El "enchufismo" no es un delito en sí mismo, sino la manifestación coloquial de un conjunto de figuras delictivas contra la Administración Pública que el Código Penal regula con precisión. El delito más emblemático es la prevaricación (art. 404), que castiga a la autoridad o funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. La jurisprudencia exige que la ilegalidad sea "evidente, patente, flagrante y clamorosa", no fruto de una interpretación jurídica discutible. Junto a él, el nombramiento ilegal (art. 405) sanciona al funcionario que, a sabiendas, nombra a quien no reúne los requisitos para el cargo, y el artículo 406 extiende la responsabilidad a quien acepta ese cargo sabiendo que carece de los requisitos exigibles. El tráfico de influencias (arts. 428-430) completa el círculo castigando a quien, prevaliéndose de su posición, influye en un funcionario para obtener una resolución con beneficio económico. Así, el Código Penal no solo persigue al que coloca, sino también al que acepta el "enchufe" y al que mueve los hilos para que se produzca.

La prevaricación administrativa, que es la que cometen los políticos y altos cargos cuando dictan una resolución injusta a sabiendas, se castiga exclusivamente con pena de inhabilitación para empleo o cargo público de 9 a 15 años. No contempla la prisión, por mucho que la resolución haya causado un daño monumental a las arcas públicas o a la ciudadanía.

La condena al hermano de Pedro Sánchez se suma a una serie de fallos judiciales que han sacudido al entorno más cercano del presidente del Gobierno en los últimos meses. La oposición ya ha comenzado a enmarcar este caso como la "tercera condena en su entorno" , una narrativa que busca erosionar la credibilidad del Ejecutivo.

El primer gran golpe llegó el pasado diciembre, cuando el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en relación con la filtración de un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso . La sentencia, que ha sido calificada de "histórica", obligó a García Ortiz a abandonar su cargo y le impuso además una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros . El Supremo, en un informe desfavorable al indulto solicitado para el exfiscal, subrayó la "gravedad" de los hechos y su "afectación importante de la institucionalidad del ministerio público" .

El segundo varapalo llegó con la condena de 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fuera el número dos del Gobierno y hombre de confianza de Sánchez, por nueve delitos de corrupción en el conocido como caso Koldo, relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia . Su caída en desgracia ha sido uno de los episodios más sonados de la legislatura.

Ahora, la condena a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, ha reavivado la presión sobre Sánchez . La sentencia, que sigue la doctrina del Supremo empleada en el caso del fiscal general, considera probado que la plaza de coordinador de los conservatorios de Badajoz fue creada a medida para él, aunque no ha apreciado delito de tráfico de influencias por falta de pruebas suficientes . La oposición ha aprovechado la coyuntura para reclamar la dimisión del presidente, calificando la situación como un "día histórico" y advirtiendo de que "en cualquier país haría caer a cualquier gobierno" .