La asesora de Begoña entrega voluntariamente el pasaporte y la UCO registra Soria

Este miércoles se presenta una jornada de máxima tensión institucional: Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno, mientras que su esposa, Begoña Gómez, está citada a las 18:00 horas ante el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte .

La coincidencia de horarios ha sido duramente criticada por el Gobierno. Fuentes de Moncloa han calificado la decisión del juez como una muestra de que "no tiene límites" y han asegurado que "constata la persecución, obsesión y desproporción" de un magistrado que, a su juicio, atiende a "motivos políticos" . La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y el ministro Óscar Puente han señalado en redes sociales la coincidencia como un gesto deliberado, aludiendo a una "coordinación perfecta" con la oposición .

Mientras tanto, la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se ha adelantado a la citación de Peinado y ya ha entregado su pasaporte este martes . La citación de Begoña Gómez responde a las medidas cautelares dictadas por el juez tras abrir juicio oral contra ella por cuatro delitos . La defensa de Gómez ya ha recurrido la medida ante la Audiencia Provincial de Madrid .

Por otra parte, la Guardia Civil ha registrado este martes el Ayuntamiento de Soria y ha detenido a seis personas en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios públicos. La operación, dirigida por el Tribunal de Instancia número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, se ha centrado en el Área de Comercio del Consistorio y ha incluido también registros en dos domicilios particulares. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y presidido desde abril por Javier Antón, ha asegurado que está colaborando plenamente con la Justicia.

Entre los detenidos figuran la concejala de Comercio de la capital soriana, Yolanda Santos Grande, y una edil de un pequeño municipio de la provincia, ambas del PSOE. Según ha podido saber elDiario.es, Santos tenía el 33% de una empresa de actividades deportivas, Biosfera Soria SL, hasta que fue concejala en 2019. Cuando pasó a formar parte del equipo de gobierno como concejala de Turismo y Comercio, se deshizo de las participaciones, ya que la normativa prohíbe compatibilizar el acta de concejal con participaciones en empresas superiores al 10%. El Ayuntamiento contrató actividades con la empresa tanto en la etapa de Santos como concejala rasa como cuando ya era la titular de Turismo. La investigación también apunta a posibles tejemanejes con la empresa Biosfera Soria, cofundada por Santos, y no se descartan nuevas detenciones conforme avancen las diligencias.

El centro de las pesquisas está en el Área de Comercio, y los agentes han accedido a las dependencias municipales desde primera hora de la mañana para recabar documentación. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no han facilitado más detalles sobre el contenido de los registros ni sobre la identidad de todos los detenidos. La investigación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial.

El Ayuntamiento de Soria ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando "la máxima colaboración" a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias. El Consistorio, cuyo actual alcalde es el socialista Javier Antón, que sustituyó en abril a Carlos Martínez tras su marcha a las Cortes de Castilla y León, afirma que está facilitando toda la documentación requerida. Al encontrarse la investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento ha señalado que carece de información suficiente sobre el alcance de las diligencias y ha hecho un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales", pidiendo evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas".

La operación judicial se produce apenas dos meses después del relevo en la Alcaldía, cuando Carlos Martínez dejó el cargo que ocupaba desde hacía 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León. El Partido Popular en las Cortes autonómicas ya ha exigido a Martínez "explicaciones inmediatas" por el registro, recordando que el Ayuntamiento de Soria está gobernado por el PSOE "desde hace casi dos décadas". Los populares han subrayado "la gravedad institucional" de los hechos y han advertido de que "el silencio no es una opción viable". La investigación, que se produce en plena resaca de la sentencia del caso Koldo que condenó al exministro José Luis Ábalos, añade un nuevo frente judicial al PSOE en un momento de máxima tensión política.