Consideran que no hay urgencia en tomar una decisión

El Tribunal Supremo rechazó el pasado viernes 22 de mayo suspender de forma cautelar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno, por lo que el real decreto sigue en vigor y las solicitudes continúan tramitándose con normalidad . La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras celebrar cinco vistas sucesivas para evaluar las peticiones de paralización presentadas por la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones (Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia) .

El tribunal inadmitió los recursos de las tres asociaciones por falta de legitimación activa, al considerar que estas entidades no tienen capacidad legal para impugnar este tipo de normas . En cuanto a Vox y la Comunidad de Madrid, el Supremo sí reconoció su legitimación para recurrir, pero denegó en ambos casos la suspensión cautelar solicitada, al no apreciar que concurrieran los requisitos de daño irreversible o especial urgencia que justificaran paralizar el proceso mientras se resuelve el fondo del asunto . Los autos con los argumentos detallados de la decisión serán notificados en los próximos días .

El abogado del Estado, en representación del Gobierno, informó durante las vistas de que el proceso de regularización, que arrancó el pasado 16 de abril y finalizará el próximo 30 de junio, ha recibido ya 549.596 solicitudes, de las que 91.505 han sido admitidas a trámite . El representante de la Abogacía defendió que "no se cumplen los requisitos" para la suspensión y argumentó que paralizar el proceso supondría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general" .

La Comunidad de Madrid alegó que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin que se articulen mecanismos de financiación y provisión de medios, mientras que Vox sostuvo que la regularización generaría un colapso del sistema, más dificultades para acceder a la vivienda y un incremento de la inseguridad . Los letrados de Vox también señalaron que la medida podría alterar "el equilibrio político, electoral y administrativo del país" debido al volumen de inmigrantes que podrían obtener residencia legal .

El abogado del Estado replicó a estos argumentos recordando que los beneficiarios de la regularización ya residen en España desde antes del 1 de enero de 2026, por lo que ya son usuarios de los servicios públicos y su situación no supone un impacto adicional . El representante del Servicio Jesuita a Migrantes, personado en el procedimiento junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), reprochó a la Comunidad de Madrid que sus argumentos son "contrarios a la protección de la salud pública" y recordó que ya se sufrió con la pandemia el riesgo de no tener a todo el mundo con acceso a la atención sanitaria . La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, valoró la decisión del alto tribunal como una "buena noticia" y afirmó que "supone despejar el presente y el futuro de las personas que ya habían presentado la solicitud" .

Este viernes, además, el Govern balear, encabezado por la popular Marga Prohens, anunció que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra la regularización para solicitar su suspensión cautelar, al considerar que la medida puede tener efectos inmediatos sobre los servicios públicos esenciales de las islas, en un contexto de elevada presión migratoria .