Un concejal del Pleno de Móstoles se desvanece durante la sesión

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Parla ha interpuesto una denuncia ante la Policía por el robo de un sagrario que habría sido sustraído durante el desarrollo de la catequesis celebrada este miércoles, esperando poder recuperar tanto la pieza como su contenido. Fuentes de la Diócesis de Getafe han explicado que la desaparición se ha producido entre los dos turnos de esa catequesis, cuando varias personas se encontraban en las dependencias, aunque ninguna ha advertido el robo.

El sagrario contenía un copón con las formas consagradas y otra de mayor tamaño destinada a la adoración nocturna que la comunidad celebra cada tercer viernes de mes. El párroco, Orlando Mateos, ha recorrido los alrededores para tratar de localizarlo, incluidos contenedores de basura y solares vacíos de la zona antigua de Parla, sin suerte: "Cuando han llegado los del segundo turno a hacer la oración, el sagrario ya había desaparecido, pero es que nadie ha visto nada, nadie sabe nada", ha lamentado.

Mateos ha apuntado a una posible relación con Halloween, que se celebra el 31 de octubre, aunque ha reconocido que no existe confirmación al respecto: la proximidad de esa fecha "hace pensar que pueda tener algo que ver con algo satánico", ha señalado. El sacerdote ha expresado la conmoción de la comunidad parroquial por lo ocurrido: "Estamos aquí así un poco como en shock", ha reconocido. El centro parroquial donde se ha producido el robo se encuentra a unos 150 metros del templo, y en el momento de la desaparición estaban presentes catequistas, madres de niños que acudían a la formación y el vicario parroquial, Andrés Klonowski, que estaba en el despacho, sin que ninguno haya podido aportar información sobre lo sucedido.

La titular de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de los de Villalba ha ordenado este jueves el ingreso en prisión de los cuatro arrestados por su relación con el asesinato el pasado 6 de mayo en Galapagar de una señora de 80 años, quien fuera heredera de la histórica tienda madrileña Almacenes Cobian, en la plaza de Pontejos. Se trata de los tres autores materiales y de una cuarta persona que colaboró con ellos, según la información facilitada por la Guardia Civil: dos de ellos fueron detenidos el pasado martes en Galapagar, otro en Madrid y una cuarta persona fue arrestada en Villajoyosa.

La principal hipótesis del Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, encargado de la investigación, se centró en la posible comisión de un robo con violencia en la vivienda, que derivó en la muerte de la mujer como consecuencia de los golpes recibidos. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda de la finca de la anciana, en la calle Mandril de la zona residencial de La Navata, en Galapagar, y horas más tarde, sobre las 9:40 de la mañana, varios trabajadores de la finca se percataron de que un cristal de la vivienda estaba roto e intentaron contactar sin éxito con la propietaria, por lo que contactaron con el abogado de la víctima, que tenía llaves del domicilio y consiguió abrir la puerta, encontrando en el interior el cuerpo sin vida de la mujer.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112 que no pudieron más que confirmar el deceso. Aunque el interior del inmueble estaba revuelto, no se ha echado en falta ningún objeto de valor, por lo que el asalto podría estar motivado por la existencia de una posible caja fuerte donde la anciana guardara dinero. La inspección ocular fue realizada por el Equipo del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia y permitió obtener vestigios que han sido determinantes para la identificación de los investigados, y los ahora detenidos entraron en la vivienda, donde se encontraron con la víctima en un salón, y tras finalizar el asalto abandonaron la finca huyendo a través del monte, por la orilla de un río próximo al lugar de los hechos.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, se ha visto obligado a suspender el pleno municipal de este jueves después de que el concejal y portavoz adjunto del PSOE, Álex Martín, secretario general de la Agrupación de Móstoles, sufriera un desvanecimiento mientras se encontraba en su escaño. El incidente se ha producido en torno a las 14:00 horas, mientras se debatía una moción relativa a la situación de la educación pública y al apoyo a la huelga indefinida de los docentes, cuando el edil del PSOE ha comenzado a mostrarse indispuesto, según se ha podido observar en la retransmisión en streaming de la sesión.

En un momento dado, mientras estaba interviniendo el concejal de Vox Juan José Castro, el alcalde, como presidente del pleno, ha parado su intervención para acercarse a Martín e interesarse por su estado, tras manifestar este su indisposición, y ha sido en ese momento cuando el concejal socialista se ha desvanecido en su silla, lo que ha provocado la inmediata intervención de los agentes municipales presentes en el salón de plenos, que con la ayuda de otros concejales y funcionarios han tumbado a Martín en el suelo. La sesión ha quedado interrumpida para facilitar la atención sanitaria al representante socialista, que está siendo atendido por los servicios sanitarios, según han trasladado a Efe fuentes municipales, que no han podido precisar más detalles sobre su estado. El pleno municipal ha quedado definitivamente suspendido y se aplazará al próximo lunes 26 de octubre a las 11:00 horas. Álex Martín es el actual secretario general del PSOE de Móstoles, además de portavoz adjunto en el grupo municipal socialista, y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la política municipal como concejal, donde asumió diversas delegaciones durante el mandato de la exalcaldesa Noelia Posse entre 2019 y 2023, entre ellas Transición Ecológica y Seguridad, además de la gestión de Cultura.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves como violencia de género el asesinato de la mujer de 52 años en el distrito madrileño de Carabanchel, por lo que la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en 2026 asciende a 43. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad, y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor, según ha informado Igualdad.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género se eleva a 43 en 2026 y a 1.384 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. La mujer, de 52 años y de origen guatemalteco, fue asesinada a puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel, presuntamente a manos de su pareja, de 59 años y de nacionalidad española, y horas después de cometer el crimen la Policía Nacional detuvo al presunto agresor en el interior de un vehículo en el distrito de Usera.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 49, ha acordado abrir las Diligencias Previas 2931/2026 tras la denuncia presentada el 13 de octubre por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, también perjudicado por el siniestro, por el incendio que el pasado 18 de junio arrasó una nave de trasteros de Villaverde y afectó a más de 800 personas. Mediante auto de 16 de octubre de 2026, el órgano judicial ha acordado incoar diligencias previas por un presunto delito de incendio imprudente contra los responsables de IMPROCESAN S.L., sociedad responsable de la explotación del centro Untrastero situado en la calle Acebeda 1, y la resolución dispone asimismo que se dé parte al Ministerio Fiscal.

El auto señala expresamente que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal y considera necesario esclarecer su naturaleza y circunstancias, así como determinar quiénes pudieron intervenir, de modo que lo que hasta ahora era una reclamación de los perjudicados ha dado paso a un procedimiento penal formalmente abierto. "Después de cuatro meses desde el incendio, lo importante es que los hechos se investiguen judicialmente. No pedimos que se condene a nadie antes de tiempo; pedimos que se esclarezca qué ocurrió, por qué ocurrió y quién debe responder", manifiesta Rodríguez Vacelar.

La decisión judicial no se limita a registrar la denuncia: en su parte dispositiva el magistrado ordena expresamente oficiar a la Unidad de Policía Adscrita para que proceda a practicar gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos investigados, de modo que la Policía actuará en cumplimiento de un encargo emanado del órgano judicial en el marco de las diligencias previas. La investigación deberá permitir avanzar en el esclarecimiento de las causas y circunstancias del fuego y en la eventual existencia de responsabilidades penales.

La denuncia presentada por Rodríguez Vacelar planteó la posible existencia de un delito de incendio por imprudencia grave, previsto en el artículo 358 en relación con el 351 del Código Penal, y también, como calificación alternativa sujeta a la investigación, un delito de daños por imprudencia grave del artículo 267, y por el momento el auto judicial acuerda abrir las diligencias bajo la calificación de presunto incendio imprudente. El denunciante solicita examinar el origen y la propagación del fuego, las medidas de prevención y seguridad, el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las obligaciones de la empresa explotadora, y la denuncia incorpora documentación y propone actuaciones probatorias cuya práctica corresponde acordar al juzgado: "No basta con poner una cifra sobre la mesa. Queremos saber qué ocurrió", advirtió el letrado, en cuyo trastero desaparecieron una biblioteca paterna de unos 1.500 volúmenes y un archivo familiar acumulado durante generaciones.

La apertura de las diligencias adquiere especial relevancia después de que públicamente se hubiera trasladado que la primera hipótesis policial consideraba el incendio accidental, y Vacelar Abogados subraya que la consideración de un incendio como accidental no excluye en absoluto la posible existencia de una imprudencia penalmente relevante, ya que un incendio puede no haber sido provocado intencionadamente y, sin embargo, tener su origen o alcanzar unas consecuencias extraordinarias como resultado de incumplimientos graves de obligaciones de seguridad, mantenimiento, prevención, conservación o protección contra incendios. "Accidental no significa inevitable, ni significa necesariamente ausencia de responsabilidad penal. La cuestión es determinar si quienes tenían el deber de prevenir el incendio o limitar su propagación cumplieron las obligaciones que les correspondían. Eso es lo que llevamos meses pidiendo que se investigue", afirma Rodríguez Vacelar.

El incendio ha dejado más de 800 clientes afectados, obligó a intervenir a numerosas dotaciones de Bomberos y provocó el desalojo preventivo de una gasolinera próxima, además de causar graves daños estructurales en el inmueble. Cuatro meses después, numerosos afectados continúan reclamando información sobre las causas del incendio y sobre las responsabilidades derivadas de lo ocurrido, y Vacelar Abogados había intentado previamente obtener explicaciones y documentación de IMPROCESAN sin conseguir una respuesta satisfactoria, mientras otros afectados han trasladado al despacho dificultades similares para contactar con la empresa y, en determinados casos, aseguran no haber percibido siquiera los 1.000 euros correspondientes a propuestas de liquidación que llegaron a aceptar.

La Fiscalía de Madrid ha rebajado de 18 a 16 años de prisión la pena que solicita para cada uno de los dos acusados de matar a golpes a un hombre en Alcobendas el 3 de mayo de 2024, al apreciar la atenuante de intoxicación etílica por la disminución de sus capacidades volitivas debido al consumo de alcohol. El juicio contra los dos acusados por la muerte de L. G. ha quedado visto para sentencia con los informes finales de las partes, después de que la víctima falleciera tras recibir una brutal paliza en la avenida del doctor Severo Ochoa de Alcobendas en la que le rompieron el bazo y tras la cual los procesados le dejaron desnudo tendido en el suelo.

El Ministerio Público reclama además cinco años de libertad vigilada para uno de ellos, David, diagnosticado de abuso crónico de alcohol, y la fiscal ha introducido esta modificación en su informe final, en el que ha mantenido la calificación de los hechos como un delito de asesinato. No obstante, ha reducido la pena inicialmente solicitada para ambos procesados al considerar que la intoxicación etílica afectó a sus capacidades volitivas, es decir, a su capacidad para actuar conforme a su voluntad. En su informe, la fiscal ha aludido a la declaración de una de las testigos presenciales del ataque y de las médicos forenses para afirmar que las múltiples lesiones eran de gravedad y que habrían matado a cualquier persona: "Hay prueba suficiente para considerar acreditado que con su actuación conjunta le causaron la muerte", ha subrayado la representante del Ministerio Fiscal.

A pesar de que el propio fallecido identificó a sus agresores antes de morir, uno de ellos negó en su declaración ante el tribunal su participación en la agresión e incriminó al otro. En su caso, la Policía no halló restos biológicos de la víctima en su cuerpo, mientras que en el caso del otro se localizó sangre en sus zapatillas y en sus manos. En el momento de los hechos, varios viandantes dieron aviso de la agresión y presenciaron cómo los atacantes dejaban a la víctima completamente desnuda, salvo por los calcetines, y durante la prueba documental la sala ha reproducido la llamada de un viandante al servicio de emergencias 112 en la que alertaba de que tres personas se estaban pegando y solicitaba que avisaran a la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:17 horas del 3 de mayo de 2024, cuando ambos procesados abordaron a la víctima, a la que conocían, y comenzaron a discutir. Uno de ellos, identificado como O. A. P., le agarró del brazo y, tras una actitud violenta, le propinaron un fuerte bofetón que le hizo caer al suelo, y a continuación ambos continuaron golpeándole repetidamente con patadas en la cabeza y el costado pese a que ya no podía defenderse, y abandonaron el lugar dejándolo desnudo en el suelo. Fueron detenidos a escasos metros por agentes de la Policía Nacional alertados por los testigos, y la agresión le provocó una rotura traumática del bazo que derivó en un shock hipovolémico hemorrágico y su posterior fallecimiento. Tras su detención, los dos acusados justificaron inicialmente la agresión alegando que la víctima les había robado un teléfono móvil la noche anterior, aunque la madre del fallecido negó esta versión y aseguró que su hijo había pasado la noche con ella. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 18 años de prisión para cada uno de los acusados por un delito de asesinato, así como una indemnización de 190.000 euros para los familiares del fallecido.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, en Alcorcón como presuntas responsables de estafar a una mujer mediante el timo del tocomocho, sustraerle varias joyas y huir a gran velocidad en un vehículo en el que llegaron a circular en dirección contraria. Durante la operación, los agentes intervinieron las joyas, casi 700 euros en efectivo y diversos útiles relacionados con la estafa, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, cuando los agentes que realizaban labores de prevención de delitos contra el patrimonio observaron cómo una mujer y un hombre abordaban en la calle a una mujer de edad avanzada y, tras mostrarle unos billetes de lotería supuestamente premiados, la acompañaban hasta un vehículo cercano. La víctima subió a la parte trasera del turismo y, minutos después, salió sola y permaneció en el lugar donde había sido abordada, y los policías hablaron con ella y comprobaron que acababa de ser engañada: según su relato, los sospechosos la convencieron para que les entregara una cadena, unos pendientes de oro y su alianza de boda mientras la increpaban por no tener dinero, y a cambio le dieron un fajo de billetes que resultó estar compuesto por arroz.

Mientras unos agentes atendían a la víctima, otros siguieron el vehículo para interceptarlo, y sus ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad y llegaron a circular en dirección prohibida, con maniobras que, según la Policía, estuvieron a punto de embestir el coche policial y arrollar a uno de los agentes. Tras perseguirlos por varias calles de la localidad, los policías consiguieron detener el vehículo y arrestar a sus tres ocupantes, y en la inspección encontraron las joyas sustraídas, fajos de cartulinas que simulaban billetes, gomas, sobres y varios teléfonos móviles, además de cerca de 400 euros en efectivo. Una de las detenidas llevaba ocultos otros 300 euros bajo la ropa, en la zona de la axila, y los agentes comprobaron además que la documentación del vehículo había sido falsificada y figuraba a nombre de una persona ajena a los hechos, que desconocía lo ocurrido y presentó una denuncia. Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de estafa, contra la seguridad vial, usurpación del estado civil y falsedad documental.