La jornada del lunes deja también una nueva avería en el Cercanías

Una avería en la estación de Soto del Henares provocó retrasos y detenciones en los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid. La incidencia afecta a los viajeros que utilizan estos servicios para desplazarse entre Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y la capital. Por el momento no se dispone de una estimación confirmada sobre la duración de la avería ni sobre el momento en el que se recuperará la normalidad, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de Cercanías antes de iniciar el viaje.

La estación de Soto del Henares, situada en Torrejón de Ardoz, forma parte de las tres líneas afectadas y su ubicación es especialmente importante para los vecinos de los barrios de Soto del Henares, Mancha Amarilla y La Zarzuela, así como para quienes acuden al Hospital Universitario de Torrejón. Los viajeros que lleguen tarde a su destino pueden solicitar un justificante de la incidencia a Renfe a través de la página oficial de justificantes de retraso de Cercanías Madrid.

Dos hombres han sido detenidos tras un incidente en una vivienda de la calle Gualanday, en el distrito de Hortaleza. Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se originaron tras una fuerte discusión entre ambos en un piso presuntamente ocupado. Durante el enfrentamiento, uno de ellos habría portado un arma blanca y el otro un arma de fuego. Uno de los hombres se atrincheró en la vivienda y se entregó a los agentes cuando estos llegaron, tras lo que fue detenido.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Policía Nacional, incluidas las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción y la comisaría del distrito, además de un helicóptero policial que sobrevoló la zona. El despliegue generó expectación entre los vecinos, que salieron a la calle. Por el momento se ha confirmado una detención, aunque se desconoce si la segunda persona implicada también ha sido arrestada.

La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid ha condenado a tres activistas por un delito de resistencia a la autoridad durante una protesta ecologista celebrada el 7 de octubre de 2019 en el puente de Raimundo Fernández Villaverde, sobre el paseo de la Castellana. La sentencia impone a cada uno una multa de un mes y quince días, con una cuota diaria de seis euros, lo que supone un total de 270 euros por condenado, además del pago de las costas procesales.

Los tres fueron condenados por participar en una sentada junto a unas 200 personas que cortaron la circulación en ambos sentidos del puente y colocaron un velero transportado en un remolque para obstaculizar el tráfico. Según los hechos probados, los manifestantes estaban encadenados entre sí y la mayoría abandonó el lugar tras los requerimientos de la Policía Nacional, pero los tres acusados se negaron a hacerlo. La jueza considera que estas conductas constituyeron una resistencia a las órdenes policiales, inicialmente pasiva, que derivó en una oposición física durante el desalojo, y distingue estos comportamientos del delito de atentado al no apreciar una agresión con las características exigidas para este último tipo penal.

La magistrada aplica a los tres condenados una atenuante cualificada de dilaciones indebidas por la paralización del procedimiento durante tres años y seis meses por causas no imputables a los acusados, un retraso que ha permitido rebajar la pena hasta la multa finalmente impuesta en lugar de la pena de diez meses de prisión que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal. Desde Ecologistas en Acción han subrayado que la criminalización de la protesta ecologista resulta "inaceptable en un Estado que se pretende de Derecho" y han afirmado que perseguir las acciones directas no violentas resulta "un exceso intolerable".

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a veinte años de cárcel por matar a su pareja el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera, un crimen que se cometió cuando los compañeros de piso de la víctima se encontraban en la vivienda. La sentencia condena al acusado por un delito de asesinato y por quebrantamiento de una medida cautelar que le prohibía aproximarse a su pareja, conforme al veredicto de culpabilidad del Tribunal del Jurado, que apreció las agravantes de parentesco y de género.

La resolución considera probado que el acusado quebrantó la orden de protección dictada el 22 de noviembre de 2024, que le prohibía acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro sitio en el que pudiera encontrarse, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Pese a la vigencia de la medida judicial, ambos reanudaron la convivencia y compartieron habitación en una vivienda del barrio de Usera. En la madrugada del 30 de diciembre de 2024, tras la llegada de la víctima al domicilio, se inició una discusión relacionada con los celos del acusado y con el hecho de que ella hubiera salido de fiesta. Durante el enfrentamiento, el hombre cogió un cuchillo de cocina de 33 centímetros y la apuñaló en distintas partes del cuerpo.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado actuó con intención de acabar con la vida de la mujer o, al menos, aceptando esa posibilidad, y destacó el contexto de la relación sentimental, iniciada en agosto de 2024, en la que el condenado había impuesto una dinámica de control, dominio y superioridad sobre la víctima por razón de género. La sentencia establece la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor de la víctima durante 20 años, impone una medida de libertad vigilada por un periodo máximo de cinco años y fija una indemnización de 340.000 euros para el hijo de la víctima y de 85.000 euros para cada uno de sus padres.