Según explican, no lo aprobó la conferencia sectorial

La Comunidad de Madrid está considerando emprender acciones legales contra las nuevas plazas asignadas por el Gobierno central para acoger a menores migrantes no acompañados, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha calificado las asignaciones de plazas como "ilegales" por no haberse realizado a través de la conferencia sectorial correspondiente. La Comunidad de Madrid tiene asignadas 2.471 plazas, situándose como la tercera comunidad en términos de capacidad, después de Andalucía (3.009 plazas) y Cataluña (2.829 plazas), y García Martín ha indicado que los servicios jurídicos están evaluando las opciones disponibles para contrarrestar lo que considera un "atropello" por parte del Gobierno central. El consejero ha resaltado que existen instrumentos de colaboración que deberían ser utilizados, pero que, en este caso, han sido ignorados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha actuado de manera unilateral.

La rueda de prensa ha incluido un análisis del mapa estatal de capacidades de acogida, que muestra la distribución de plazas por comunidades autónomas, con la Comunidad Valenciana (1.903 plazas), Galicia (940), Castilla y León (833) y Canarias (783) como las siguientes en capacidad. La posible acción judicial de la Comunidad de Madrid refleja las tensiones existentes en la gestión de la acogida de menores migrantes en España y la importancia de los mecanismos de colaboración entre las diferentes administraciones. El consejero García Martín ha insistido en que la Comunidad de Madrid no aceptará las nuevas asignaciones y que defenderá sus intereses por todos los medios legales disponibles.

La decisión del Gobierno central de asignar nuevas plazas sin pasar por la conferencia sectorial ha sido criticada por varias comunidades autónomas, que han exigido una mayor coordinación y diálogo en la gestión de la acogida de menores migrantes. La Comunidad de Madrid ha anunciado que, además de las acciones legales, solicitará una reunión urgente con el Ministerio de Derechos Sociales para abordar la situación. El conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se suma a las tensiones políticas en torno a la gestión de la inmigración en España, y se espera que la decisión del Tribunal Supremo sobre la legalidad de las asignaciones sea determinante para el futuro de la acogida de menores migrantes.