Madrid critica que en Ceuta y Melilla no se realicen abortos

La Comunidad de Madrid ha decidido plantar batalla judicial a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le obligaba a crear un registro de objetores de conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado este martes que el Ejecutivo regional ya ha presentado su recurso contra la sentencia.

Tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, García Martín ha insistido ante los medios en que la ministra de Sanidad, Mónica García, sabe perfectamente que la Comunidad de Madrid "garantiza" tanto la atención del aborto como el derecho de los médicos a la objeción de conciencia "desde hace muchísimo tiempo".

"La Comunidad de Madrid garantiza el derecho de los médicos a la objeción de conciencia desde hace muchísimo tiempo y, lógicamente, se presta ese servicio a todas las mujeres que desean abortar dentro de los supuestos que están contemplados en la propia ley. No es ninguna novedad", ha subrayado el consejero.

García Martín ha aprovechado sus declaraciones para cargar contra la ministra de Sanidad, a la que ha acusado de "mentir cuando habla". En concreto, ha señalado que en Ceuta y Melilla, donde la competencia de gestión corresponde al Ministerio, "no se realizan ningún aborto en la pública". "Todos los abortos que se realizan es en la privada y en otra comunidad autónoma. Eso la ministra lo sabe y lo oculta", ha criticado.

El consejero ha evitado pronunciarse sobre si el recurso presentado incluye alguna medida cautelar para suspender la aplicación de la sentencia mientras se resuelve el recurso, pero ha dejado claro que la postura del Gobierno regional es firme: defender el modelo actual, que, según sostienen, garantiza ambos derechos sin necesidad de un registro específico. Un nuevo frente abierto entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central en materia sanitaria y de derechos.