Entra en vigor la nueva Reforma Judicial de Bolaños

La Comunidad de Madrid pone en marcha, en la primera fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales el pasado mes de enero, 14 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. Respecto a las Oficinas de Justicia en el Municipio, entran en funcionamiento un total de 126, correspondientes a los partidos judiciales de esta primera fase.

A nivel nacional, el próximo 1 de julio entrarán en funcionamiento 315 Tribunales de Instancia (TI), y 4.818 Oficinas de Justicia en el Municipio, en los partidos judiciales que forman parte de esta primera fase. Esta transformación organizativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes marca el inicio de la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas.

Así, se activan 236 Tribunales de Instancia en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y 79 en el territorio gestionado por el Ministerio, lo que representa el 100% de los previstos, cumpliendo así con lo establecido en la Ley. A lo largo del año se completarán otras dos fases: 16 nuevos tribunales el 1 de octubre y 100 adicionales el 31 de diciembre, hasta alcanzar los 431 Tribunales de Instancia en todo el territorio nacional.

Cada Tribunal de Instancia contará además con un nuevo modelo de Oficina Judicial, que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles.

Las 4.818 Oficinas de Justicia en el Municipio permitirán acercar la Justicia a toda la ciudadanía, incluso en localidades sin sede judicial, facilitando trámites como la obtención de documentación judicial, presentación de escritos, atención a víctimas o conexión por videoconferencia con juzgados. Se trata de un nuevo modelo de atención descentralizada y digital, que garantiza el acceso igualitario al servicio público de Justicia.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas. Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez.

En total, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos diez años. Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas.

El Ministerio también ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que se integrarán en los Tribunales de Instancia y asumirán desde octubre todos los delitos de violencia sexual, cumpliendo así el Convenio de Estambul. Además, se crean tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.

Pero el nuevo modelo ha provocado un "absoluto caos", según denuncia CCOO en un comunicado. "La falta de previsión y las prisas de la Consejería de Justicia para la implantación atropellada y a contrarreloj de los Tribunales de Instancia se ha saldado con una jornada de absoluto caos en la Justicia madrileña en los 14 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid donde hoy, 1 de julio, entraban en funcionamiento las nuevas Oficinas Judiciales. Los trabajadores/as de la Justicia madrileña de estos 14 partidos -Alcorcón, Arganda del Rey, Parla, Leganés, Alcorcón, Coslada, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Torrelaguna y Aranjuez- se han encontrado con una administración autonómica absolutamente desaparecida mientras los sistemas informáticos y de gestión procesal no funcionaban, las impresoras no estaban conectadas, los expedientes seguían metidos en cajas, los teléfonos no se correspondían con los de las nuevas estructuras organizativas, el CAU se veía desbordado… lo que en la mayoría de estos partidos judiciales ha impedido que se prestara el servicio público con normalidad".

Sin nadie al mando que respondiera de todas estas incidencias, con la Consejería de Justicia totalmente desaparecida y los trabajadores/as abandonados a su suerte, la casuística era de lo más variada según el partido judicial. Desde algunos gravemente afectados como Arganda del Rey donde a mediodía todavía no se había tomado declaración a los detenidos; a algunos como Navalcarnero donde llevan dos días sin funcionar con normalidad porque todavía están en plena mudanza y sin poder atender en condiciones al público, y otros, como Collado Villalba o Alcorcón, donde seguía trabajando con la estructura anterior de juzgados, porque les han comunicado que la mudanza no se realizará hasta la próxima semana.

Recordemos que con este modelo organizativo impuesto por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia -con la firme oposición desde el principio de CCOO-, desaparecen los órganos judiciales unipersonales y se sustituyen por un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, al que presta servicio una Oficina Judicial, cuyo diseño e implantación queda en manos de las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, en atribución de estas competencias, ha diseñado las oficinas judiciales más lesivas, tanto para los derechos de los trabajadores/as como para la prestación del servicio público, dividiendo estas oficinas en el mejor de los casos en tres grandes estructuras (Servicio Común de Tramitación, Servicio Común General y Servicio de Ejecución) donde se acaba con la especialización de los trabajadores/as, que tendrán que desarrollar funciones y tareas de cualquier materia, con lo que el servicio público se verá gravemente afectado.

Lejos de aprovechar esta reforma para solucionar las necesidades de las plantillas, la Comunidad de Madrid ha dejado en pleno verano, y ante la entrada de estas nuevas estructuras, decenas de puestos de trabajo sin cubrir

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, fija la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en tres fases, la primera de las cuales estaba prevista para hoy, 1 de julio de 2025, aunque las comunidades autónomas podían pedir una prórroga de hasta 6 meses. La Comunidad de Madrid, como hemos venido denunciando desde CCOO, se ha negado a solicitar ningún aplazamiento aunque el precio sea un servicio público absolutamente desbordado y destartalado y unos trabajadores/as que, una vez más, se ven obligados a dar la cara y a improvisar para sacar adelante el servicio