x

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

13
May
2018
El 60% de los realojos del Sector 6 de la Cañada se producirán en Madrid capital PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Rivas Vaciamadrid
Compartir en MenéameCompartir en TuentiCompartir en Buzz it!Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Foto cedida por Ayuntamiento de MadridFirmado convenio entre Comunidad y Ayuntamiento para repartirse el coste de 18 millones de euros

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ángel Garrido, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han firmado el acuerdo para el realojo y la integración social de 150 familias del sector 6 de la Cañada Real Galiana, la zona más vulnerable de este asentamiento chabolista, el mayor de Europa, y acabar con esta realidad de marginalidad de la región.

En un acto que ha tenido lugar en la Cañada Real, y en el que también han estado presentes los alcaldes de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, y Coslada, Ángel Viveros, además de asociaciones de vecinos del sector 6, Garrido y Carmena han subrayado la importancia de la colaboración entre ambas administraciones para solucionar este problema, que se remonta a más de dos décadas. “El realojo de estas 150 familias, que comienza con las que residen en el tramo comprendido entre la incineradora de Valdemingómez y el final del término municipal de Madrid que limita con Getafe, es un paso decisivo en el Pacto Regional que firmamos Comunidad y Ayuntamiento de Madrid en mayo del año pasado para solucionar este problema”, ha destacado Garrido.

En este sentido, el presidente en funciones ha expresado su satisfacción por la voluntad de acuerdo de todas las instituciones implicadas para acabar con la existencia de viviendas en una zona que, aunque cercana a la ciudad, carece de las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene y tiene una disposición deficiente de infraestructuras de servicios.

Tras la firma del Pacto por la Cañada Real, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid empezaron a trabajar en el realojo de estas familias y para ello se acordó crear una bolsa conjunta de viviendas de diferentes características atendiendo a los distintos tipos de familia. Cada administración adquirirá el 50 % de las viviendas y aportará 9 millones de euros cada una.

Del total de las viviendas adquiridas, el 60 % estará ubicado en Madrid capital y el resto estarán repartidas por diferentes municipios de la región. “De esta forma garantizamos el principio de equilibrio en la distribución territorial de los realojos, previsto en el pacto, evitamos que se concentren situaciones de exclusión social y favorecemos una verdadera inclusión”, ha agregado Garrido.

Asimismo, el presidente en funciones ha recordado que el Pacto por la Cañada Real señala que el realojamiento debe abordarse como una intervención integral, mediante actuaciones de acompañamiento y seguimiento de la población afectada. “Es de vital importancia que en este proceso de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social les ayudemos a afrontarlo con éxito”, ha añadido.

Garrido ha incidido en que este proceso cuenta con el apoyo de todos los ayuntamientos implicados así como de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y ha afirmado que “todos queremos que, en un futuro no muy lejano, éste sea un lugar de Madrid donde los vecinos tengan las mismas oportunidades que en cualquier otro”.

“El compromiso del Gobierno regional es avanzar hacia una sociedad más equilibrada y más justa y esto implica trabajar por la integración social de las personas más vulnerables, algunas de ellas vecinas de la Cañada Real, y que empiecen a confiar de nuevo en la Administración. Para quienes nos mueve un clara vocación de servicio público esto es un orgullo”, ha concluido el presidente.

El realojo de estas primeras 150 viviendas implica recuperar un terreno muy degradado, cumpliendo así el objetivo del Pacto Regional de restaurar el medio natural en lugares no aptos para uso residencial, como es esta zona de especial conservación y protección que forma parte del Parque Regional del Sureste.

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo distintas actuaciones en los últimos años en la Cañada como la atención a drogodependientes, de forma que en 2017 fueron derivadas 285 personas a los distintos centros de la red sanitaria, tanto ambulatorios como residenciales, para su atención y deshabituación. Asimismo, se ha puesto en marcha el gabinete dental en la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en el que han sido atendidos más de 1.500 niños desde 2013.

Por otra parte, el Gobierno regional ha llevado a cabo en el último año el acceso a agua potable en 311 viviendas del sector 2 y también se han asfaltado otros viales de este asentamiento.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha firmado junto con el presidente en funciones de la Comunidad, Ángel Garrido, el convenio de realojo para la denominada zona sin asfaltar del Sector 6, (tramo entre la incineradora de Valdemingómez hasta el final del término municipal de Madrid con Getafe), contemplado en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017.

El convenio de realojo ha sido rubricado por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En él han quedado determinados los recursos que cada una de las dos Administraciones públicas destinarán y las condiciones en las que se va a desarrollar.

Por parte del Gobierno municipal han acudido, junto a la alcaldesa, el segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, como responsable de las actuaciones del Ejecutivo local en la Cañada Real, y el concejal de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, Francisco Pérez Ramos. El presidente en funciones de la Comunidad ha estado acompañado por la viceconsejera de Presidencia y Justicia, Isabel Díaz Ayuso; la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo; el viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jesús Valverde,  y la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado. También  acudió el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura.

La alcaldesa de Madrid ha destacado la importancia de los vecinos en todo este proceso: “No se habría conseguido si vosotros no hubierais dicho: ¡hasta aquí hemos llegado, ya está bien¡ No se puede tolerar que en una ciudad haya subciudades, submundos, lugares de subdesarrollo. Y vosotros que lleváis tantos años aquí nos lo habéis dicho.  ¿Y cómo no os íbamos a escuchar? Claro que sí, era nuestra obligación”.

Carmena ha resaltado también el modelo de trabajo para llegar hasta la firma de este convenio: “Aparte de que nuestra obligación era trabajar con los vecinos y escucharles, ha sido una buena idea cómo lo hemos hecho: nombrando a comisionados para que no se rompiera la relación necesaria entre la voluntad política y la realidad de la ejecución”.

Palabras de agradecimiento a los vecinos también por parte del Comisionado para la Cañada Real del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Navarrete, “porque son con los que se va a trabajar”. “Tenemos familias que necesitan una vivienda digna. Es importante que se les apoye desde las instituciones para conseguir esa integración y salir de esta zona tan degradada como la elegida para empezar con los realojos. Posiblemente sea la zona más degradada de toda la Cañada”, agregó Navarrete.

Una de las vecinas de las 150 familias que van a ser realojadas, Asunción, se ha mostrado muy contenta porque por fin van a tener una vivienda digna donde “demos una llave y se encienda una bombilla y que abramos un grifo y nos caiga un chorrito de agua sin tener que esperar a los jueves para que nos venga el camión del agua”.

Por su parte, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid ha destacado el consenso con el que se ha llegado hasta esta firma del convenio de realojo “fruto de la voluntad de dialogo del Ayuntamiento y la Comunidad, para acordar la que sea la mejor fórmula para el realojo y para sus vecinos. Se ha apostado por la colaboración institucional, que es la mejor garantía de éxito”. “Hemos logrado que todos los Ayuntamientos se involucren y que haya unanimidad también en la Asamblea. Esta voluntad de diálogo y de consenso con todos los partidos, Ayuntamientos y vecinos es lo que nos permite abordar con garantía de éxito esta transformación de la Cañada Real”, recalcó Garrido.

El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, José Antonio Martínez Páramo, ha recordado que la fuerza del Pacto Regional y de este convenio viene determinada por la unanimidad de todos los grupos políticos: “La foto que hoy estoy viendo desde aquí es una foto que nunca antes se había dado en la Cañada.  Ver a todas las Administraciones, de todos los colores políticos, a los alcaldes, a los consejeros, a los vecinos y a las entidades sociales en una misma foto es lo que le da fuerza.”

Realojo para las familias más vulnerables de Cañada Real

Tras la firma alcanzada hoy, se iniciará el desmantelamiento de la llamada zona sin asfaltar del Sector 6. Debido a las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se comprometieron en el Pacto Regional a implementar los mecanismos de realojo adecuados para la población que se encuentre en situación de extrema vulnerabilidad.

La población afectada ha sido cuantificada en un máximo de 150 familias de acuerdo a los datos del estudio de la Agencia de la Vivienda Social de 2016, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas y familias afectadas para todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Los realojos, de acuerdo a lo recogido en el Pacto Regional, garantizarán la reubicación dispersa en el conjunto de la región a todas las familias que cumplan con una serie de requisitos:

  • Residir el solicitante y los miembros de la unidad familiar dentro del ámbito del asentamiento antes del 31 de diciembre de 2011.

  • Ser el solicitante mayor de edad o emancipado y no encontrarse incapacitado.

  • En el caso de convivir más de una familia con hijos a su cargo en la misma vivienda se podrá estudiar el realojo de cada familia en una vivienda independiente.

  • La cuantía de los ingresos deberá ser inferior en cómputo anual a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

  • Que ni el solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar ostente el pleno dominio o un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda, con salvedades (herencia, separación o divorcio, custodia compartida, víctima de violencia de género, viviendas adaptadas).

  • Con carácter general, no ser ni haber sido adjudicatario, como titular de vivienda de protección oficial o promoción pública, ninguno de los miembros de la unidad familiar en todo el territorio nacional en los últimos 20 años anteriores a la fecha de solicitud de vivienda.

  • No haber rechazado ninguna vivienda ofertada por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid o de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento para su realojamiento en los últimos 10 años.

  • No tener bienes muebles o inmuebles por valor superior a 9 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

En caso de que fuera necesaria una intervención sobre un número de familias superior a estas 150, el convenio incluye el estudio de la situación en la comisión de seguimiento, que fijará criterios objetivos sobre las actuaciones a implementar.

El convenio tiene una vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, con posibilidad de acordar su prórroga por el periodo máximo legalmente permitido. La prórroga quedaría vinculada a los objetivos de integración social del convenio.

Reparto competencial de actuaciones

Para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el convenio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid crearán una bolsa de viviendas, en la que cada administración aportará el 50%. Los gastos de adecuación correrán a cargo de cada institución y se financiarán con la aportación de cada una de ellas. La gestión de esta bolsa será conjunta entre ambas administraciones.

El Ayuntamiento de Madrid tiene competencia en materia de urbanismo para la tramitación y resolución de expedientes administrativos, para el desalojo y demolición de construcciones ilegales por razones de seguridad, salubridad y sanidad. Por lo tanto, el Gobierno de la ciudad:

  • A través del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, realizará los procedimientos necesarios de disciplina urbanística.

  • Liquidará los costes de demolición. Ante insolvencia o necesidad económica, lo asumirá la Comunidad de Madrid.

  • Incorporará el 50% de la bolsa de viviendas vía órgano o entidad municipal competente o que el Gobierno municipal asigne, con un máximo de 75 en el municipio de Madrid.

  • Formalizará los contratos de arrendamiento de las 75 viviendas propias y ejercerá las labores de propietario.

  • Llevará a cabo el seguimiento de las familias realojadas en las viviendas propias.

  • Realizará las aportaciones económicas pactadas: 9 millones de euros en dos años.

Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y protección y ayuda a grupos sociales necesitados de especial protección. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid tienen entre sus funciones la protección de las minorías, atención social primaria, desarrollo de programas comunitarios, programas y actividades para prevenir la exclusión y facilitar la reinserción social. Y la Agencia de Vivienda Social (Organismo Autónomo Mercantil), tiene las funciones atribuidas del anterior IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y tiene personalidad jurídica independiente. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid:

  • Iniciará y tramitará expedientes administrativos de realojo.

  • Asegurará los terrenos una vez ejecutadas las demoliciones.

  • Preparará a las familias para su paso a viviendas incluidas en el ámbito del convenio.

  • Incorporará el 50% de la bolsa de vivienda con un máximo de 75 viviendas (15 en el municipio de Madrid).

  • La Agencia de la Vivienda Social formalizará los contratos de arrendamiento de las 75 viviendas propias y ejercerá las labores de propietario.

  • Llevará a cabo el seguimiento de las familias realojadas en las viviendas propias.

  • Realizará las aportaciones económicas pactadas: 9 millones de euros en dos años.

Comisión de seguimiento

Para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el convenio y la resolución de los problemas de interpretación o cumplimiento que puedan plantearse se constituirá una comisión de seguimiento que estará integrada por ocho miembros. Cuatro de sus miembros serán designados por la Comunidad de Madrid y otros cuatro por el Ayuntamiento de Madrid (uno perteneciente al Comisionado para Cañada Real del Ayuntamiento, dos del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y uno en representación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible). La comisión se reunirá, como mínimo, dos veces al año y siempre que una de las partes así lo solicite.

La presidencia y la secretaría de la comisión rotarán anualmente entre las dos administraciones, debiendo pertenecer la presidencia y la secretaría a la misma administración. En el año 2018, la presidencia y la secretaría corresponderán a la Comunidad de Madrid, estableciéndose sobre este hecho las sucesivas rotaciones. El secretario ostenta la condición de miembro del órgano, por lo que tendrá voz y voto.

 

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar