x

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

27
Abr
2021
Sánchez hace de pago todas las autopistas de España PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - España
Compartir en MenéameCompartir en TuentiCompartir en Buzz it!Compartir en FacebookCompartir en Twitter

Foto cedida por MoncloaEs una de las medidas de su Plan de Recuperación que envía este viernes a Bruselas

Tal y como había anunciado hace dos semanas, Pedro Sánchez aprobaba este martes el Plan de Recuperación, un Plan del que sólo había anunciado las inversiones que se iban a realizar con los fondos europeos escondiendo las reformas exigidas por Bruselas. Pero, tras llevarlo al Consejo de Ministros, las reformas han comenzado a salir a la luz, y la primera va a provocar una inmensa polémica en medio de la campaña electoral madrileña: Pedro Sánchez quiere instalar peajes en todas las autopistas de España. “Finalmente, es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”, desvela el informe que se enviará a Bruselas este viernes.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que enviará esta semana a Bruselas para su evaluación tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lo ha calificado como el plan económico "más ambicioso que ha tenido nuestro país en su historia más reciente", que debe sentar las bases "para que las futuras generaciones puedan disponer de un país mejor, más sostenible, más productivo y más social".

Montero ha recordado que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo el pasado 21 de julio ha permitido poner en marcha un paquete de ayudas para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID-19, gracias al cual España recibirá 140.000 millones entre los años 2021 y 2026, 70.000 de ellos en transferencias.

Las 212 medidas a las que se destinarán estos fondos conforman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que plantea 110 inversiones y 102 reformas y cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Entre sus objetivos, ha destacado Montero, figuran modernizar el tejido productivo y la Administración, aumentar el potencial de crecimiento de la economía, impulsar el empleo de calidad, avanzar hacia una economía más verde y sostenible y reducir las brechas sociales.

La portavoz ha asegurado que el Plan ya se está implementando aunque esté a la espera del visto bueno de la Comisión Europea, que tiene dos meses para analizarlo. Así lo demuestra el hecho de que ya se hayan distribuido más de 2.000 millones de euros entre las entidades territoriales para distintos proyectos, conforme a los acuerdos alcanzados en las distintas conferencias sectoriales. Montero ha puesto este reparto como ejemplo del marco de cogobernanza y respeto a las competencias de cada administración en que se fundamenta la ejecución del Plan.

La ministra ha anunciado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también financiará el "Proyecto 0" de Justicia 2030 que contempla una inversión de 400 millones de euros en los próximos tres años para implantar infraestructuras digitales homogéneas e interoperables.

Los tres proyectos concretos son Modernización de infraestructuras, Inmediación digital y Fe Pública Digital, y Servicios Digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos. El Gobierno ha autorizado la distribución de los primeros 20,6 millones de euros de "Proyecto 0" entre las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia. El Gobierno ha aprobado la propuesta de distribución entre las comunidades autónomas de más de 680 millones de euros para la Formación Profesional para el Empleo acreditable. La cantidad supone un aumento del 13,18% respecto al año 2020.

548,7 millones se destinarán a oferta formativa para trabajadores desempleados, 115 millones a oferta formativa de trabajadores ocupados y los restantes 19,5 a programas específicos convocados por las comunidades, tanto para trabajadores ocupados como para desempleados. También en el ámbito educativo, el Ejecutivo ha aprobado 14 nuevas cualificaciones profesionales en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y ha actualizado otras 11. El Catálogo Nacional suma ya 687 cualificaciones.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha enmarcado estos acuerdos como parte de los que viene adoptando desde 2018 para consolidar un único sistema integrado de FP para el sistema educativo y de la Formación para el empleo: "Hemos de lograr que la formación pase a ser una parte natural de la vida de las personas, de la vida profesional de las personas, garantizando una actualización, cualificación y recualificación constante de las competencias profesionales". Este sistema integrado quedará consolidado con una nueva Ley de Formación Profesional, actualmente en proceso de elaboración.

Isabel Celaá ha afirmado que estos cambios responden a cuatro retos estructurales. El primero, lograr acreditar al elevado número de trabajadores que en nuestro país carecen de acreditación formal de sus propias competencias profesionales, un 48% de la población activa, 11 millones de personas. El segundo, disminuir el número de personas que tienen exclusivamente una cualificación inicial para que puedan alcanzar una cualificación intermedia, puesto que en el año 2025 el 50% de los puestos de trabajo la requerirán. "Ahí tenemos un trabajo claro que hacer", ha dicho Celaá. El tercer y cuarto desafíos son incrementar el número de horas de formación y el número de plazas, ya que en España la media no alcanza ni la mitad de la europea en número de alumnos matriculados.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024, un documento que traza las líneas básicas de acción de todas las administraciones y entes públicos, empresas, ONG, fundaciones, universidades y centros de pensamiento. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha explicado que la estrategia parte de la consideración de la política exterior como una política de Estado, no de gobierno o de partido, y es fruto de una amplia consulta con todos los sectores políticos, sociales y económicos con el propósito de generar grandes consensos nacionales. La estrategia parte del diagnóstico de la situación actual, marcado por la interdependencia, los cambios mundiales rápidos y la crisis derivada del COVID-19, y pone en valor las fortalezas de España, situada entre las 15 mayores economías del mundo.

González Laya ha resaltado que el objetivo de la acción exterior es que España sea un país nodal capaz de contribuir a crear consensos, tejer acuerdos y dar respuesta a las fracturas que atraviesa el mundo. "Un constructor de consenso siempre sobre la base de los intereses españoles", como la defensa de los valores de la democracia, de las libertades individuales y de los derechos humanos.

La titular de Exteriores ha añadido que la estrategia contempla la diplomacia económica, es decir, la apuesta por acompañar la internacionalización de todas las empresas para que conquisten mercados terceros y el propósito de apalancar la inversión extranjera en España. Además, el documento traduce en acción exterior el compromiso del Gobierno con una política feminista y con la igualdad de género.

La ministra ha detallado los cuatro grandes ejes de proyección internacional.

La defensa del multilateralismo y la cooperación internacional frente al unilateralismo o el nacionalismo. En este plano, la ministra ha destacado que España ha sido impulsora de COVAX, la gran respuesta internacional para conseguir un acceso equitativo de los países a la vacuna, con independencia de su condición o de su riqueza.

La apuesta por profundizar en la construcción europea. Al respecto, González Laya ha resaltado que España ha contribuido a lograr consensos para crear del fondo de recuperación europeo, defiende una Europa más social y defiende la construcción de la Europa de la salud.

El impulso a las relaciones bilaterales con regiones específicas del mundo. La Estrategia Foco África, ha señalado la ministra, plasma el compromiso por estrechar los vínculos con el continente africano; la cumbre Iberoamericana de Andorra celebrada en Andorra reforzó las relaciones con Iberoamérica, y España está promoviendo la vecindad sur de la Unión Europea con los países de la otra orilla del Mediterráneo.

La apuesta por la modernización de la cooperación al desarrollo. En este punto, Arancha González Laya ha resumido la contribución de España en respuesta al COVID-19.

La ministra ha informado de que se han reprogramado 1.700 millones de euros para que los países terceros respondan al COVID y ha recordado que el presidente del Gobierno anunció la semana pasada que España compartirá con los países latinoamericanos 7,5 millones de vacunas cuando la mitad de los ciudadanos españoles estén vacunados. Asimismo, ha señalado que España envió a Brasil la semana pasada seis toneladas de material y equipamiento médico y esta semana mandará más de 7 toneladas a India, con el fin de que ambos países afronten las nuevas olas de COVID que les están afectando.

El Ejecutivo ha analizado los datos epidemiológicos por COVID-19, que reflejan una estabilización y ralentización respecto a días previos de los indicadores de número de contagios, fallecidos, personas hospitalizadas e ingresadas en unidades de cuidados intensivos. La portavoz ha reiterado que no se puede bajar la guardia, en especial en los territorios donde esos indicadores son más elevados respecto a la media nacional, para que no se produzcan nuevos picos de contagio.

María Jesús Montero ha subrayado que más de 11 millones de personas han recibido, al menos, la primera dosis de las diferentes vacunas, lo que representa el 22,8% de la población. A cuatro millones de ciudadanos ya se les ha administrado la pauta completa.

Además, Montero ha destacado que ayer llegaron dos millones de dosis de vacunas para distribuir al conjunto de las comunidades autónomas. "Vamos en el ritmo de vacunación que esperábamos, se ha acelerado mucho", ha dicho la portavoz, quien ha insistido en que la única receta para el virus y recuperar la actividad económica es "vacunar, vacunar y vacunar".

En este contexto, Montero ha anunciado que el presidente del Gobierno visitará en Toledo el centro de investigación básica de la empresa Janssen. Con esta visita quiere mostrar su apoyo y reconocimiento al sector de la ciencia. Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado publicará la orden para que cuarenta personas que han llegado a España procedentes de India permanezcan en cuarentena.

El Ejecutivo ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Fiscalía Europea y su remisión al Congreso. Esta norma adapta al ordenamiento jurídico español la normativa europea acerca de este órgano independiente que tiene competencias en delitos que perjudican a los intereses económicos de la UE y que persigue prácticas criminales como el fraude de ayudas o subvenciones europeas, la corrupción que afecte a fondos transferidos o delitos graves de defraudación del IVA transfronterizo.

El anteproyecto aborda el cambio de modelo procesal necesario para aplicar el Reglamento europeo en España. La ministra Montero ha destacado la creación de una nueva figura, el Juez de garantías, al que corresponderá autorizar medidas de investigación que supongan injerencias en los derechos fundamentales.

El Consejo de Ministros ha transpuesto, a través de un Real Decreto-ley, diversas directivas europeas que afectan a numerosos ámbitos de la economía como competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamientos de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

Algunas de las medidas concretas contenidas en la nueva norma -"muy amplia y de carácter muy técnico", como la ha definido Montero- son la prórroga hasta el 31 de diciembre del IVA a tipo cero para la compra de material de protección contra el COVID-19 por parte de Administraciones, centros hospitalarios o centros sociales; la incorporación del nuevo régimen de tributación del comercio electrónico en el IVA, que será de aplicación desde el 1 de julio, y la aplicación de la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida en los desplazamientos superiores a 12 meses, de especial interés para los trabajadores del campo.

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra mañana 28 de abril, el Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración Institucional que subraya los efectos de la pandemia e incide en manifestaciones novedosas de los riesgos laborales como las relacionadas con el trabajo a distancia.

La portavoz del Gobierno ha recordado que este año, además, se cumplen 120 de la Ley de Seguridad Social en España, que estableció "responsabilidades objetivas en relación con este tema, socializó el riesgo de los trabajadores en el desarrollo de sus tareas y extendió la necesidad de los medios de protección".

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero, ha condenado las amenazas recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y otros representantes políticos, y ha afirmado que "ninguna amenaza va a hacer retroceder a nuestra democracia". A su juicio, "son hechos lamentables que merecen la condena unánime de toda la sociedad, sin ningún tipo de excusa o de matiz".

La portavoz ha expresado el afecto del Ejecutivo con las personas que se han visto "injustamente amenazadas" y les ha transmitido su gratitud por el servicio público que prestan. Por su parte, Arancha González Laya ha confirmado el asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso y ha expresado sus condolencias a sus familiares. Su departamento está en contacto permanente con las autoridades de ese país para delimitar el alcance y las consecuencias del ataque, así como la identidad de los cuerpos encontrados en el lugar de los hechos.

 

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar