Por tercera vez un juez anula la moratoria de multas

Sólo lleva un mes en el cargo, y ya hay un asunto que le quita el sueño a Martínez Almeida. Y es que ayer la situación de Madrid Central habría dos nuevos frentes de imprevisibles consecuencias. Por un lado la justicia anulaba, por tercera vez, la moratoria de multas aprobada por el Consejo de Gobierno de la capital; y por otro, la Fiscalía de Medio Ambiente anunciaba que ha abierto de oficio una investigación por si pudiera haberse producido algún tipo de infracción en la paralización de la zona de bajas emisiones.

Así, la mañana comenzaba con el nuevo varapalo judicial: el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid aceptaba las medidas cautelarísimas pedidas por Greenpeace, anulando el acuerdo de gobierno que ponía en marcha la moratoria de multas, y lo hacía, de nuevo alegando que no se pueden eliminar medidas de protección de la salud y el medio ambiente sin ofrecer alternativas. Además, este nuevo juez carga contra los argumentos técnicos que presentó el gobierno madrileño en sus alegaciones. En concreto explica que cualquier administración tiene medios suficientes para depurar las anomalías en las multas sin tener que paralizar la zona de bajas emisiones.

Pero lo verdaderamente grave ocurría por la tarde, cuando la Fiscalía de Medio Ambiente anunciaba la apertura de un expediente para investigar si en la paralización de Madrid Central se produjo algún tipo de ilícito.

La investigación, ordenada de oficio el pasado 21 de junio, tras conocer la Fiscalía la intención de Almeida materializada pocos días después, busca descubrir si la decisión del nuevo alcalde puede haber perjudicado seriamente los niveles de contaminación. En concreto, explica la Fiscalía, la Guardia Civil lleva haciendo mediciones independientes desde ese día 21 de junio con dos estaciones propias, si bien aún no se han analizado los datos recabados.