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07
Feb
2023
Hoy desaparecen las mascarillas de Metro y autobús PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaAprobado ayer en el Consejo de Ministros

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la decisión, que entrará en vigor este 8 de febrero, se adopta en un momento de clara tendencia a la baja en los casos de COVID-19, con la propuesta favorable de los expertos que forman la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas y tras valorar el informe emitido el jueves pasado por pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Según este informe, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 60 años es de 50,7 casos por 100.000 habitantes. Y las camas ocupadas por pacientes COVID representan un 1,6%, una de las cifras más bajas de la pandemia. La ministra ha apuntado que España es un referente en vacunación a nivel internacional. Ha administrado más de 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID; el 93% de las personas mayores de 12 años tienen la pauta completa y más del 75% de los mayores de 80 años ya tienen la segunda dosis de refuerzo.

Carolina Darias ha explicado que se mantiene la obligatoriedad de las mascarillas para los empleados de los centros sociosanitarios y de las personas que van de visita para proteger así a las personas que viven en ellos. Asimismo, ha indicado que el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo una hoja de ruta planificada fase a fase hasta alcanzar la normalidad.

Además, la titular de Sanidad ha subrayado que se aconseja el uso responsable de las mascarillas a las personas que presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a las personas vulnerables. También se recomienda en espacios cerrados y en eventos multitudinarios, así como en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, en función de la vulnerabilidad de los participantes.

En materia sanitaria, el Gobierno también ha aprobado la remisión a las Cortes por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), presentado por la ministra de Sanidad en el Consejo de Ministros del pasado 23 de agosto.

Carolina Darias ha recordado que la medida obedece a la determinación y el compromiso del Ejecutivo para generar estructuras organizativas que sean operativas, ágiles, autónomas y eficaces para afrontar los nuevos riesgos y amenazas de salud que puedan surgir. La experiencia vivida con la pandemia, ha trasladado la ministra, implica que la creación de esta agencia sea una prioridad para abordar situaciones que requieren de anticipación, respuesta rápida y coordinación entre todas las autoridades sanitarias nacionales y de la Unión Europea.

La ministra ha subrayado que los objetivos de la agencia son la anticipación, gestión, coordinación y análisis de la respuesta ante posibles crisis sanitarias. Entre sus funciones está la contribución a mejorar el bienestar de los ciudadanos con acciones que fomenten la prevención, la promoción, el conocimiento y el asesoramiento técnico y científico a los problemas de salud.

Asimismo, el centro abordará con garantías el actual contexto de cambio climático y su afección a la salud, las nuevas zoonosis y las enfermedades emergentes. A la Agencia también le corresponderá la información y comunicación pública de la población sobre temas sanitarios de interés.

Darias ha recordado que la Estrategia de Salud Pública, acordada en junio de 2022, la Red de Vigilancia en Salud Pública, que próximamente saldrá a consulta pública, y la Agencia Estatal de Salud Pública aprobada hoy, son los tres pilares del sistema integral de salud diseñado por el Ejecutivo.

"Este Gobierno sigue dando pasos firmes para estar mejor preparado, para estar más protegido y para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias con seguridad, con antelación y siempre de la mano de la excelencia científica, al tiempo que refuerza la salud de este país", ha concluido Darias.

Por otra parte, la ministra ha informado de que España se suscribe a la compra conjunta de vacunas a la farmacéutica Bavarian Nordic con el fin de tener más dosis para nuestra reserva estratégica.

El Consejo de Ministros ha acordado encargar una asistencia técnica por valor de 69 millones de euros para dinamizar y mejorar la participación de las administraciones públicas en la gestión de los fondos europeos que llegan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta asistencia la llevará a cabo hasta el año 2027 la sociedad mercantil Tragsatec, la filial tecnológica del Grupo Tragsa, de capital social íntegramente público.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que la gestión de los fondos está siendo satisfactoria pero que, a la vez, el Ejecutivo está en permanente disposición de mejorar todos los mecanismos: "Todos los medios a disposición de las administraciones públicas son pocos". Esta nueva asistencia técnica se dirige especialmente a ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas, que podrán adherirse de forma voluntaria.

Rodríguez ha explicado que los municipios más pequeños y algunas comunidades habían solicitado esta ayuda, que incluirá el seguimiento de la ejecución de los proyectos, el cumplimiento de las obligaciones para su gestión, la recopilación de datos y la difusión de buenas prácticas, entre otros.

La portavoz ha subrayado que el papel de todas las administraciones es fundamental en la gestión de los fondos y que, por ello, la cogobernanza ha sido clave. Se han celebrado más de 130 conferencias sectoriales y actualmente las comunidades autónomas están participando en la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación, que se enviará formalmente a la Comisión Europea en este primer trimestre del año.

Isabel Rodríguez ha recordado que España y Portugal fueron los primeros Estados miembro de la Unión Europea cuyo Plan de Recuperación aprobó la Comisión, en junio de 2020. Posteriormente, a finales de 2021, España fue el primero en solicitar y recibir el primer desembolso de 10.000 millones de euros. El segundo desembolso, de 12.000 millones, llegó en julio de 2002 y el tercero se solicitará próximamente.

"España está liderando el despliegue de los fondos europeos, los fondos ya han llegado, ya están en más de 154.000 empresas, se están beneficiando de los mismos 192.000 proyectos, y el objetivo es aprovechar el 100%", ha dicho Rodríguez.

El Gobierno ha autorizado destinar 400 millones de euros a la iniciativa europea de apoyo a empresas de alta tecnología "European Tech Champions Initiative", en la que también participan Alemania, Francia, Italia, Bélgica y el Banco Europeo de Inversiones. Hasta la fecha, todos los participantes han comprometido ya 3.750 millones de euros.

Isabel Rodríguez ha explicado que este proyecto europeo quiere resolver el déficit de financiación que existe en las empresas emergentes e innovadoras que sirven para fijar y reforzar la autonomía estratégica europea en el ámbito industrial y otros sectores.

Al inicio de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha referido al terremoto que ayer causó miles de víctimas en Turquía y Siria. Rodríguez ha trasladado su solidaridad a ambos países y ha explicado que España ya ha comenzado a destinar ayuda para paliar las consecuencias del desastre y las necesidades más urgentes.

En concreto, se han enviado dos aviones con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de varias comunidades autónomas para las tareas de búsqueda y rescate, y los barcos de la Armada Juan Carlos I y el Galicia, que se encontraban ya en esa zona del Mediterráneo, se dirigen también al lugar concreto para poner a disposición sus tripulaciones y equipos médicos. Estos buques podrán servir también para alojar a personas afectadas.

"Tenemos claro que España tiene que estar ahí, como siempre que ocurre una tragedia de este tipo, dando lo mejor de nosotros mismos, aportando y contribuyendo ahí donde hay necesidad", ha señalado Rodríguez. Del mismo modo, ha añadido la portavoz, se ha enviado material a Chile, cuya zona sur ha sido asolada en los últimos días por importantes incendios forestales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en los medios de transporte. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que la decisión se produce con el informe favorable de los expertos de la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuestas y tras escuchar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La eliminación se adopta en un momento de estabilidad de los casos de COVID-19, con una clara tendencia a la baja. Según el último informe, del viernes pasado, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 60 años es de 50,76 casos por 100.000 habitantes. Además, las camas ocupadas por pacientes COVID representan el 1,64% del total y en las UCI, el 1,70%. Se trata de las cifras más bajas de toda la pandemia.

En cuanto a la vacunación, un 93% de la población mayor de 12 años cuenta con dosis completa. Ya hay más de 110 millones de dosis administradas y más del 75% de los mayores de 80 años tienen la segunda dosis de recuerdo.

¿Habrá que seguir llevando mascarilla en farmacias y centros sanitarios?

Sí. El uso obligatorio de la mascarilla se mantiene en centros y servicios sanitarios y en las oficinas de farmacia y botiquines, así como en los centros sociosanitarios, para las personas que trabajen en ellos y los visitantes.

¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público?

El fin de la mascarilla en el transporte público, aprobado en el Consejo de Ministros del martes 7 de febrero, entra en vigor al día siguiente, el miércoles 8.

¿Es recomendable seguir usando la mascarilla donde no es obligatoria?

Se aconseja el uso de la mascarilla a las personas que presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a las personas vulnerables.

También en espacios cerrados y en eventos multitudinarios, así como en el entorno familiar y en reuniones o celebraciones privadas, en función de la vulnerabilidad de los participantes.

 

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