Según Vanguardia, la Fiscalía investiga presuntos delitos urbanísticos y medioambientales por los ruidos de un restaurante

El Pleno de la semana pasada en Velilla fue cualquier cosa menos tranquilo, y es que una moción del grupo creado por los concejales No Adscritos desvelaba un asunto que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Así Vanguardia pedía explicaciones a la alcaldesa por una investigación de la Fiscalía abierta tras las denuncias de varios vecinos de ruidos en un local ubicado en el municipio.

La moción en concreto pedía la dimisión inmediata de Antonia Alcázar, pero era rechazada por los votos del equipo de Gobierno, PP y Vox, que consideraban que la investigación se encontraba en un momento demasiado inicial como para tomar medidas. El debate, como era de esperar, giraba enseguida hacia otro asunto en el que estuvo implicada la alcaldesa velillense, como fue el caso Efial archivado por los tribunales en 2024.

El Pleno del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio ha sido escenario de una reciente controversia política tras el rechazo de una moción presentada por el grupo municipal Vanguardia. Esta moción solicitaba la dimisión inmediata de la alcaldesa, Antonia Alcázar, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

La moción de Vanguardia fue rechazada en el Pleno, donde únicamente los miembros de este grupo votaron a favor. Los partidos de la oposición, el Partido Popular (PP) y Vox, se manifestaron en contra, lo que permitió que la alcaldesa Alcázar mantuviera su cargo.

El grupo Vanguardia fundamentó su solicitud de dimisión en la condición de "imputada" de la alcaldesa, relacionada con el caso judicial conocido como ‘Caso Efial’ o ‘Caso Termyca’. Este caso involucra la adjudicación de contratos públicos a la consultora CGI durante administraciones anteriores y se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa. En diciembre de 2024, la Audiencia Nacional absolvió a Antonia Alcázar y a otros investigados en la pieza correspondiente a los ayuntamientos madrileños, determinando que no había pruebas suficientes para considerar que se habían cometido delitos en la contratación de servicios.

Este fallo judicial es fundamental para entender la decisión de PP y Vox de votar en contra de la moción de Vanguardia. La absolución de Alcázar sugiere que la acusación de imputación carece de fundamento sólido, lo que podría haber llevado a la oposición a evitar involucrarse en una controversia que ya había sido resuelta favorablemente en primera instancia.

Vanguardia no solo basa su moción en el contexto judicial, sino que también critica la gestión política de Alcázar, acusando a PP y Vox de ser "cómplices políticos" de la situación actual y denunciando una "deriva" en la gestión municipal. Esta crítica se extiende a varios desacuerdos políticos acumulados, que incluyen:

Apoyo a los Presupuestos: Vanguardia ha expresado su descontento con el apoyo de la oposición a los presupuestos municipales, lo que consideran un respaldo a la gestión de Alcázar.

Subidas Salariales: La oposición ha sido criticada por su aprobación de aumentos salariales que, según Vanguardia, no son justificados en el contexto actual.

Nueva Tasa de Basuras: La imposición de una nueva tasa de basuras para 2025 ha sido un punto de fricción. Esta tasa es obligatoria debido a normativas europeas y nacionales que afectan a municipios de más de 5.000 habitantes, pero ha generado descontento en la población y entre los grupos políticos.

Con el rechazo de su moción, Vanguardia se ha posicionado como la única fuerza política que mantiene una crítica abierta a la gestión de Alcázar, centrándose en la ética y la administración del Ayuntamiento. Su enfoque en la situación judicial y las decisiones fiscales refleja una estrategia de oposición que busca destacar la responsabilidad política y la transparencia en la gestión municipal

La respuesta de VOX no tardaba en llegar, y lo hacía a través de un comunicado: "El Grupo Municipal VOX en Velilla de San Antonio reafirma su compromiso con la legalidad, la presunción de inocencia y el respeto institucional ante las acusaciones vertidas por los concejales no adscritos (Vanguardia) durante el Pleno del 21 de enero. En dicha sesión, los concejales no adscritos exigieron la dimisión de la alcaldesa, mediante moción, basándose en una investigación de fiscalía por presuntos delitos urbanísticos y ambientales", resumían.

La portavoz de VOX, Teresa Angullo García, recordó que “la investigación relevante que ha afectado a la alcaldesa en el pasado, concluyó con sentencia absolutoria,”. Por ello, VOX optó por la abstención, al considerar que no se puede apoyar una moción donde se pretenda dictar condena a través del órgano de representación de los vecinos. Angullo lamentó que los concejales no adscritos recurran de forma reiterada a utilizar el Pleno cual sala de juzgado, generando confusión entre los vecinos y erosionando la confianza en las instituciones. “La justicia no puede convertirse en un arma arrojadiza ni en un instrumento de desgaste político”, señaló.

En este sentido, Teresa Angullo denunció que esa estrategia de desinformación se ha intensificado tras el pleno, dando lugar a una campaña de manipulación y falsedades por parte de los concejales no adscritos, “tergiversando el sentido del voto de VOX, faltando a la verdad y obviando las sentencias judiciales y la presunción de inocencia”. “Cuando exista una resolución judicial firme, VOX actuará con la máxima contundencia y exigirá todas las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, defenderemos sin fisuras el Estado de Derecho, la separación de poderes y la presunción de inocencia, principios que algunos parecen dispuestos a sacrificar por un titular”, concluyó Angullo.